Un juez clausura una escuela de fútbol de Sevilla por causar “graves problemas de salud” a los vecinos

“Nos encontramos con el cierre del campo de fútbol del San Alberto Magno después de diez años por cinco amiguetes que ponen denuncia tras denuncia. Somos 550 familias y las que han pasado por ahí. Lo rebatiremos en los juzgados”. Un mensaje en su página de Facebook, acompañado de numerosos comentarios de incredulidad, alertaba de la reciente decisión de un juzgado de Dos Hermanas (Sevilla) que ha acordado como medida cautelar la clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, de las instalaciones deportivas del CD San Alberto Magno, en la Urbanización Los Cerros de Montequinto. El auto judicial dice textualmente que la medida de cierre es “necesaria para evitar la continuación de la actividad desarrollada en las instalaciones deportivas del colegio y que de esta manera continué poniendo en peligro el bien jurídico protegido, causando graves problemas de salud a los afectados”.

Efectivamente, las instalaciones del club deportivo se encuentran en el colegio del mismo nombre de la localidad sevillana, si bien la clausura se limita a las actividades desvinculadas de las escolares, incluidas las de los fines de semana en los que no hay actividad docente. Las diligencias judiciales se iniciaron en diciembre de 2017 por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, siete años después de inaugurarse la escuela de fútbol en 2010. Dice el juzgado de Dos Hermanas que “se constatan indicios razonables de la comisión del delito” a tenor de “testificales, informes médicos forenses, informes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, informes sonometricos”. La medida cautelar de cierre la pidieron los cinco vecinos el pasado mes de mayo y la Fiscalía se posicionó favorablemente en agosto.

Pero el asunto viene de más atrás, según explica a este periódico la directora del colegio, Teresa Amores, que lamenta el “acoso continuado” que viene padeciendo el centro “desde hace años”. Desde el respeto a las decisiones judiciales, el centro fundado en 1945 y cuya titularidad ostenta la cooperativa de profesores del propio colegio (COPSAM), de más de 25 años de antigüedad, considera que la medida de clausura temporal “afecta fundamentalmente a niños y niñas que tenían la fortuna de contar con unas instalaciones deportivas que fueron construidas por la empresa cooperativa sin ánimo de lucro con el único objetivo de dar una alternativa de ocio en una zona que, en su momento, no contaba con ninguna instalación deportiva similar”.

“Han sido muchas las veces que hemos sufrido el hecho de encontrar bolsas cargadas de basuras en nuestros patios de recreo, candados de puertas sellados con silicona, insultos a través de la reja, incluso el hecho de introducir micrófonos por la valla del colegio para medir de forma ilegal el sonido, se han tomado fotografías y vídeos desde fuera del colegio, incluso desde casas contiguas, de los menores y familiares que asistían a los entrenamientos de fútbol dentro de las instalaciones de nuestro colegio, sin permiso de las personas grabadas, hemos tenido que denunciar en repetidas veces los comentarios ofensivos en Google Maps en la localización del colegio”, relata. Todo por “el ruido” de los niños jugando al fútbol por las tardes o los fines de semana en horario extraescolar, explica.

Licencia de actividad

La directora señala que los vecinos denunciantes “jamás se han dirigido personalmente al colegio”, que ha tenido que responder y agradecer “el respaldo de todas las instituciones a las que se han dirigido estas personas para aclarar y demostrar que sólo se trataban de graves infundios las denuncias interpuestas hacia el San Alberto Magno”. “Han usado todos los medios y todas las artimañas a su alcance hasta que han conseguido su fin: el cierre de las instalaciones”, lamenta.

El auto del juez, respecto a las actividades que se vienen desarrollando en las instalaciones, al margen de lo que son propiamente actividades escolares y en horario no escolar, dice que “no hay constancia documental de licencia de actividad concedida por el Ayuntamiento de Dos Hermanas”. Hace constar el juez que se solicitó licencia en 2012 pero “posteriormente hubo un desistimiento de la misma, con apercibimiento expreso de que el campo del fútbol del referido centro escolar unicamente podía ser utilizado en el marco de usos docentes, vinculado a la actividad escolar y en horario propio de estas”. Al margen de la licencia, el juez concluye que “de los actuado hasta el momento se constatan indicios razonables de la comisión del delito” contra los recursos naturales y el medio ambiente que viene investigando.

El centro espera que el recurso que ya ha interpuesto ante el juzgado surta efecto ya que consideran que la medida judicial daña la reputación de un centro “doblemente galardonado por instituciones europeas con dos Banderas Verdes de Ecoescuela, reconocido durante cinco años consecutivos como Centro Competente en Convivencia Positiva por la Consejería de Educación y premiado por el Ayuntamiento de Dos Hermanas el club deportivo que gestiona la actividad de fútbol como entidad que promociona el juego limpio en la localidad”. El centro confía en que “de nuevo niños y niñas vuelvan a encontrar en el deporte una alternativa de ocio sana y saludable, frente al uso abusivo de las nuevas tecnologías o a una vida pasiva tan perjudicial en su formación física y psicológica, más en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, donde se prioriza para ellos el uso de los espacios al aire libre”.