Sanidad pública

Los sindicatos sanitarios acusan a Moreno de ocultarles una norma que “encubre la privatización de la atención primaria”

El proyecto del Gobierno andaluz para derivar pacientes de la atención primaria a los hospitales privados ha generado un fuerte malestar entre los sindicatos presentes en la mesa sectorial sanitaria. Al ser los interlocutores con la Consejería de Salud y quienes negocian los avances en esta materia, critican el “oscurantismo” del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y explican que no se les ha comunicado nada en ninguna de las reuniones ni mesas técnicas de los últimos meses.

El proyecto de orden que “actualiza” los precios que la Junta paga a la sanidad privada por servicios derivados -y que amplía dichas prestaciones- incluye dos medidas sin precedentes en el modelo sanitario andaluz: por un lado, se habilita jurídicamente que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta -hasta ahora se realizaban en sus propias instalaciones-; y por otro, se incluye por primera vez la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada.

Ningún sindicato, salvo CCOO, conocía de la existencia del borrador con el que la Junta de Andalucía, bajo el paraguas de la “homogeneización” de las tarifas que Salud paga a la sanidad privada para derivarle pacientes, incluye la atención primaria en el catálogo de prestaciones que el SAS deriva a clínicas privadas. Una realidad que para la mesa sectorial implica una “privatización encubierta” de los servicios públicos.

Situación “lamentable” y una “vergüenza”

Para Victorino Girela, portavoz de CSIF, es “lamentable” que la Junta de Andalucía “mantenga al margen de un planteamiento semejante a las organizaciones que legítimamente representan a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública andaluza”. Por ello, van a pedir explicaciones a Salud sobre el asunto. Una opinión muy parecida a la que mantienen en UGT. Tachan de “privatización” la propuesta que hace el Gobierno andaluz con este borrador de conciertos entre la sanidad pública y la privada. Algo que no hace más que acrecentarse con aumentos presupuestarios y de derivaciones.

Fuentes del Sindicato Médico califican de “vergüenza” que el SAS les haya ocultado sus planes a todos los miembros de la mesa sectorial. Descartan que este proyecto pueda llevarles a nuevas movilizaciones, pero empiezan a descolgarse del acuerdo que evitó la huelga de primaria a finales de enero. No obstante, las mismas voces de esta sección sindical ven también una “batalla política” en la filtración de Por Andalucía ya que recuerdan que los conciertos con la privada se realizan desde la época de los gobiernos regionales del PSOE. “Es verdad que el borrador contempla esta concertación con la pública, pero además hemos de tener en cuenta que la sanidad privada no tiene capacidad para asumir el exceso de demanda que hay en los centros de salud”, añaden desde este sindicato.

Por su parte, en SATSE afean también la actitud de Salud. Su portavoz, José Sánchez, incide en la idea que ellos no creen “en la privatización de la primaria ni la especializada”. Para esta sección sindical, que la sanidad pública lo sea es algo innegociable. “La Administración está demorando la puesta en marcha de los cupos a los que se comprometió”, advierten. “A esta orden se une a esta carrera por la privatización dos medidas adoptadas anteriormente por la Junta de Andalucía: igualar los salarios entre médicos que se dedican exclusivamente a la sanidad pública con los que lo hacen también en la privada y el aumento progresivo de la externalización de servicios sanitarios”, denuncia José-Galindo Pelayo, portavoz de CCOO.

De momento, todos los sindicatos de la mesa sectorial están esperando a reunirse con sus representantes para adoptar nuevas medidas de presión que desbloqueen el colapso asistencial y frenen los planes de “privatización”. Todo sin perder de vista que llevan más de medio año de retraso con respecto a los planes del Gobierno regional pues la fecha de inicio de la tramitación de la orden fue el 8 de julio del año pasado, según consta en la web de la consejería que pilota Catalina García. Apenas tres semanas después de las elecciones andaluzas que dieron la mayoría absoluta al PP de Juan Manuel Moreno. A pesar de que CCOO sí supo que la Junta preparaba este proyecto, esta sección sindical conoció de la existencia del borrador “por casualidad” en pleno mes de agosto y solo un día antes de que acabase el plazo para presentar alegaciones. El resto no han sabido nada hasta que la noticia se ha desvelado ahora, siete meses de iniciarse su tramitación.

Adjunto al borrador de la orden, la consejería también publica la relación de organizaciones consultadas por Salud durante el trámite de audiencia de la norma: se trata de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), además de dos organizaciones en consumidores: la Federación Andaluza de Consumidores y Usuarios (FACUA) y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El proyecto de orden incluye una tabla con la nueva tarificación de los servicios derivados, incluyendo la primera consulta en atención primaria, que hasta ahora no existía. Así, la Junta pagaría a los hospitales privados hasta un máximo de 65 euros por derivar la primera consulta a un médico de familia. Según este documento, se trata de “consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias”.

Además, en detalle, las tarifas se dividen por “primera consulta” a un especialista, que se abonaría a 150 euros, “consultas sucesivas”, a 90 euros, y la consulta en un centro especializado de Alta Resolución -aquellos hospitales que suelen estar ubicados en comarcas que no tienen centros hospitalarios generales próximos- a 215 euros. Si lo que ocurre es que es el médico de la privada el que atiende a un paciente en un hospital público, en vez de hacerlo en su clínica, “esa tarifa máxima se verá reducida al 35%”.

La tramitación de la orden comenzó antes incluso de que Catalina García fuese designada como consejera de Salud en sustitución de Jesús Aguirre, lo que evidencia que se trataba de un proyecto que llevaba tiempo en desarrollo.

Meses de silencio

A pesar de esa circunstancia, el silencio por parte del Gobierno andaluz hacia los sindicatos para comunicarle este plan de incluir la sanidad privada hasta la atención primaria ha molestado a la mesa sectorial. Sobre todo ahora que la cuerda entre ambas partes está más tensa que nunca. Lo está porque en enero se amagó con una huelga por parte del Sindicato Médico, que fue levantada a última hora merced a un acuerdo que se ha calificado como “paripé” por parte de las demás secciones sindicales. De hecho, un nuevo sindicato minoritario, el Sindicato Médico de Primaria, sí llevó a cabo un parón indefinido para denunciar el colapso asistencial que sufren los centros de salud de Andalucía, aunque con escasa repercusión.

Al mismo tiempo, ha habido varias reuniones en las últimas semanas para trazar un plan conjunto que mejore la atención en los ambulatorios andaluces sin que se haya puesto encima de la mesa la existencia de este borrador. El pasado 9 de febrero tuvo lugar el último encuentro entre el SAS y los sindicatos merced a una mesa técnica preparada para presentar propuestas con el mismo fin de mejorar la asistencia en los centros de salud, pero la cita apenas duró dos horas y solo sirvió para levantar el borrador que el Gobierno andaluz propuso para reducir el cupo de usuarios que han de atender los médicos de familia y que se considera algo inviable si no se acompaña de una mayor contratación de personal.