Los agricultores de Doñana avisan: ampliar regadíos no frenará la explotación ilegal ni la “fractura social”

La ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana que ya se está tramitando en el Parlamento andaluz ha sido presentada por PP y Vox, pero tiene detrás a un colectivo de agricultores de la zona que lleva años presionando para que se dé este paso: la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado. Estos regantes se han presentado este viernes como “víctimas de un mapa agrícola roto a jirones” y han asegurado que se sienten “maltratados, insultados y secuestrados por una estrategia electoral”, pero a la vez han avisado de que la norma no va a suponer la solución definitiva a la “fractura social” que se vive en la zona. Por un lado, porque van a quedar fuera cientos de hectáreas que a su juicio también deberían legalizarse, ya que el Gobierno andaluz habla de unas 750 hectáreas (la ley no aporta ninguna cifra) y ellos las elevan hasta 1.600. Y por otro, porque admiten que a corto plazo no va a cambiar nada, ya que lo que van a conseguir es que sus tierras pasen de secano a regadío pero por ahora no les va a llegar agua. Es decir, que el que esté haciendo captaciones ilegales del sobreexplotado acuífero que alimenta este enclave va a seguir haciéndolas.

Es más, no descartan que regantes que esquilman el acuífero se beneficien de esta regularización y consigan recalificar sus terrenos pese a unas prácticas ilegales que, según sus cálculos, se traducen en que todos los días les llegan entre 10 y 15 multas por un delito contra la ordenación del territorio. Esto significa reconocer que se está regando en suelos agrícolas que son de secano o que –todavía más grave– tienen la consideración de suelo forestal. Estas sanciones las impone la Junta de Andalucía, pero a ellas se suman las que llegan por el robo de agua, que impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, un organismo estatal) y que no han sido capaces de cuantificar. De desgranar quién reúne las condiciones y quién no se encargaría la oficina a la que se le encargará una revisión caso a caso.

En un maratoniano encuentro con la prensa, estos regantes han abominado de conceptos como robo o pirateo de agua, y han asegurado que ni hay amnistía ni ampliación de regadíos con un argumento cuanto menos singular: estos terrenos tuvieron que ser reconocidos como legales en 2014, cuando se aprobó el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana (popularmente conocido como Plan de la Fresa), así que esto –según su argumento– no supone que se incrementen las hectáreas de riego. De hecho, han intentado esquivar en varias ocasiones la cuestión de que hay regantes que usan un agua para la que no tienen permiso, alegando que no conocen “la situación particular de cada finca” y que en todo caso de eso se tendrá que encargar la autoridad de turno. Eso sí, se ha reconocido que cuando se apruebe la ley “van a seguir llegando multas” por captaciones ilegales, pero que al menos no lo harán por delitos contra la ordenación del territorio.

De ilegales a “perjudicados”

La Plataforma del Condado tiene como portavoz a Julio Díaz, que en la pasada legislatura fue parlamentario de Ciudadanos, partido que se unió a PP y Vox el año pasado en el primer intento por regularizar estos cultivos en el entorno de Doñana. A su juicio, con la nueva ley no se beneficiarán ilegales, sino que se resolverá la situación de “familias perjudicadas”, que en la práctica no estarían pirateando agua porque hasta recibieron subvenciones de Bruselas para el desarrollo de sus fincas. Al insistirse en que esto no implica que no se esté cometiendo una ilegalidad, ha llegado a apuntar que este debate “puede ser la ocasión para aflorar el mal uso de los fondos europeos” e investigar si “la Junta de Andalucía prevaricó al dar regulaciones favorables”.

Los regantes han criticado también que la ordenación de 2014 (que ahora la futura norma quiere modificar junto a la Ley Forestal andaluza) dibujara un mapa agrícola que se remontaba a 2004, para luego acabar reconociendo que ese año se aprobó el Plan de Ordenación de Doñana y que por eso todo el desarrollo posterior toma esa fecha como referencia. Esto supone, por ejemplo, que si una finca de secano empezó a regar entre 2004 y 2014 nunca se le podía reconocer un derecho de agua en el Plan de la Fresa. También se ha puesto como ejemplo de la “fractura social” en la zona que se presentaron más de 500 recursos al plan de 2014, para a continuación admitir que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no le dio la razón a ninguno de los demandantes. Eso no ha sido impedimento para insistir en que “de forma injusta o errónea se discriminó” a muchos agricultores, y que lo que las familias quieren es “recuperar sus tierras”.

En todo caso, en la Plataforma tienen muy claro que conseguir la recalificación de sus tierras es el primer tramo de una carrera que se antoja de fondo, y que el siguiente será conseguir recursos hídricos, de hecho se ha llegado a afirmar que “si no tenemos la regularización de los terrenos no podemos pedir agua”. La ley, en la práctica, lo que viene a conceder es el derecho a regar, pero no a recibir agua, que es una competencia estatal. Y el Gobierno central ha insistido de todas las maneras posibles en que no habrá nuevos permisos para regar, y así lo incluye tanto en la planificación hidrológica del Guadalquivir (vigente hasta 2027) como en su plan de emergencia para salvar Doñana.

“Falta voluntad política” para que llegue el agua

En este contexto, los regantes consideran que “hay recursos, lo que falta es voluntad política” para que les lleguen. Y en este sentido han puesto varias opciones sobre la mesa, como aspirar a parte de los 19,99 hectómetros cúbicos (necesitan 3,5) que deben llegar por el trasvase aprobado por ley en 2018 desde la vecina cuenca del Tinto, Odiel y Piedras... pese a que esta norma estipula explícitamente que “los posibles volúmenes transferidos no podrán ser utilizados para nuevos desarrollos urbanísticos, sino que vendrán en todo momento a garantizar el abastecimiento de lo ya regulado y establecido legalmente”. Aquí el argumento vuelve a ser que no son nuevos regadíos, sino cultivos ya existentes y con unos supuestos “derechos históricos”, un concepto que la legislación no recoge.

Otra posibilidad en la que insisten los regantes es acometer nuevas infraestructuras para utilizar parte de los 40 hectómetros cúbicos que se regeneran en la depuradora de Huelva, una opción a la que la Confederación Hidrográfica ya ha puesto reparos porque, con la sequía, son precisamente las aguas regeneradas las que están permitiendo mantener el caudal ecológico de los ríos. También se baraja como alternativa aumentar el propio trasvase del Tinto, Odiel y Piedras hasta 50 hectómetros cúbicos, algo que ya ha sugerido el Gobierno andaluz en más de una ocasión y que ha vuelto a apuntar en su carta de respuesta a la Comisión Europea, aunque a la hora de la verdad no presentó ninguna alegación en este sentido al Plan Hidrológico del Guadalquivir.

Lo que sí tienen claro estos agricultores es que su principal escollo a día de hoy son el Ejecutivo central y el propio PSOE, lo que no deja de ser clarificador en el actual ambiente preelectoral. El portavoz, Julio Díaz, ha apuntado que uno de sus objetivos es “desmontar las mentiras” del Gobierno de Pedro Sánchez, empezando por que los recursos del ansiado trasvase del Tinto, Odiel y Piedras (que por cierto está ahora con restricciones por la sequía) no están asignados todavía y, por lo tanto, tienen derecho a aspirar a ellos cuando se regularicen. “No pueden repartir el agua unilateralmente”, ha subrayado, cuando es precisamente el Gobierno central la administración que tiene competencias para ello, llegando a acusar al Ministerio de Transición Ecológica de dar agua a los regantes de Almonte (uno de los cinco municipios afectados por la ley, junto a Bonares, Lucena, Moguer y Rociana) para “enfrentar a los agricultores y así vender el relato de la división”.

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