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AGUA

El plan estatal para Doñana es rotundo: no habrá nuevos permisos para regar

Pedro Sánchez, en un momento de su visita a Doñana.

Antonio Morente


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Desde que PP, Ciudadanos y Vox presentaron el pasado mes de enero en el Parlamento andaluz una proposición de ley para indultar regadíos en Doñana, el mensaje desde el Gobierno central fue tajante: no se iban a conceder nuevos permisos para regar en la zona porque, literalmente, no hay agua. Esta afirmación se traslada ahora al plan de choque estatal para salvaguardar el espacio natural, dotado con 356 millones de euros y que es meridianamente claro al reiterar que “se excluye cualquier incremento en la superficie con concesión para riego o susceptible de conseguirla”.

El Gobierno central lanza un plan para proteger Doñana sin contar con la Junta de Andalucía

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De hecho, el documento llega a apuntar que “la política de incremento cero del regadío es piedra angular de la planificación hidrológica en Doñana”, con lo que una vez más se cierra la puerta que aspiraba a abrir aquella proposición de ley, que decayó con el adelanto electoral pero que Vox ha vuelto a registrar en la Cámara andaluza. Y si el PP era un encendido defensor de esta medida, a día de hoy no se esconde la incomodidad con esta cuestión desde el Gobierno de Juan Manuel Moreno, hasta el punto de que renunció por segunda vez a emitir un informe con su posicionamiento mientras se defiende que ahora no toca esta cuestión y que la prioridad es combatir la sequía.

Lo cierto es que el Marco de Actuación de Doñana, que es el poco rimbombante nombre que recibe el plan estatal, rechaza de plano ampliar los regadíos al recordar que el deterioro del espacio natural “se debe a la intensificación de la acción humana en su entorno”. El reflejo principal de ello es que en los últimos 25 años se ha producido “un gran crecimiento de la agricultura intensiva” en la periferia del Parque Nacional, “basada en extracciones del acuífero”. Si se tiene en cuenta que la clave de la actuación del Ejecutivo central es reducir la utilización de aguas subterráneas, no sólo no habrá nuevos permisos para regar sino que se reserva una partida de 100 millones de euros para comprar fincas o derechos de agua para dejar de cultivarlas y así disminuir la presión sobre el acuífero.

“Poner límites a la presión humana”

“Mantener Doñana requiere poner límites a la presión humana”, reitera el documento, que adelanta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo encargado de conceder los derechos de riego) va a reforzar las medidas para localizar y denunciar riegos ilegales, con el consiguiente cierre de pozos. En la presentación del plan, la ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cifraba en 210 las extracciones piratas clausuradas en los últimos años. A este aumento del control de las extracciones piratas, con campañas de teledetección para identificar los invernaderos que están fuera de suelo agrícola regable, se unirá la revisión y cotejo de expedientes de derechos de agua para tener al día quién tiene permiso para ello y quién no.

En cuanto a la posibilidad de adquirir fincas para que dejen de regarse, se va a trabajar en contar con una “cartografía explícita” de las zonas que pudieran ser susceptibles de acogerse a esta medida. La cuestión no es sólo que sea una opción voluntaria para los agricultores, sino que se aplicará en terrenos en los que el impacto de estas extracciones de agua tengan un mayor impacto negativo sobre el acuífero.

La cuestión del agua no es sólo la más determinante para garantizar la sostenibilidad de Doñana, sino que también ha sido el principal punto de fricción político y social en la zona, sobre todo a raíz de la proposición de ley para amnistiar regadíos. Por un lado, precipitó una fractura inédita en el histórico frente común que mantenían en la zona los agricultores, y por otro provocó una considerable tensión entre los ejecutivos central y autonómico. De hecho, la propia Ribera admitió el miércoles en Almonte que al hilo de esta iniciativa legislativa mantuvo en marzo una primera conversación con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que fue “un poco más complicada” frente a la charla que tuvieron hace un par de semanas en Egipto con motivo de la Cumbre del Clima de la ONU. “Me dijo que Doñana para él era muy importante y que podíamos contar para trabajar juntos”.

Críticas de la Junta y visita de Pedro Sánchez

Pero esta aparente buena sintonía ha durado bastante poco, ya que ahora el Gobierno andaluz acusa al central de “deslealtad institucional” por no haberle hecho partícipe de su plan de choque. Este jueves insistía en esta línea el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, que aplaudía las medidas que vengan para proteger este espacio pero criticaba que “intentar salvar Doñana sin contar con absolutamente nadie no son las formas: ni con el director del Parque Nacional, ni con la Junta de Andalucía, ni con el Consejo de Participación, ni con los alcaldes ni los municipios que están en el entorno”. De paso, incidía en la necesidad de un pacto de Estado en defensa de Doñana, algo en lo que coinciden todas las instituciones pero que, por ahora, han sido incapaces de concretar.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitaba este jueves Doñana para reafirmar el “compromiso” del Ejecutivo central con la restauración ecológica del humedal “más importante de España y uno de los principales de Europa”, resaltando el “gran valor medioambiental” del Parque Nacional, “Patrimonio de la Humanidad, seña de identidad de Andalucía y de toda la red de parques nacionales de España”. Asimismo, puso el acento en el plan de choque, que prevé una inversión de 356 millones de euros para medidas como la disminución de extracciones de aguas subterráneas y la recuperación de la hidrología superficial y la recuperación y naturalización del dominio público marítimo-terrestre en Doñana y su entorno, así como actuaciones para la conservación y restauración de la biodiversidad y la apuesta por la activación socioeconómica de esta zona.

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