El Gobierno de Aragón presenta alegaciones a la “falsa condonación” de la deuda autonómica

El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes en Consejo de Gobierno un acuerdo por el que toma conocimiento de las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, actualmente en trámite de audiencia e información pública, que la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha considerado “una falsa condonación”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha tildado el anteproyecto de ley de “arbitrario e injusto”, asegurando que “no resuelve la infrafinanciación de los servicios públicos” y es “una trampa” porque “los aragoneses acabarán debiendo más dinero del que deben hoy” al aumentar la deuda per capita en 253 euros, añadiendo que “teniendo en cuenta los cálculos del Ministerio de Hacienda, a Aragón le correspondería más importe de quita del calculado”, por lo que ha exigido “rigor”.

En el escrito de alegaciones, el Ejecutivo aragonés cree que “es necesario llevar a cabo un procedimiento para la actualización del sistema de financiación autonómica en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y culminar en un proceso de redistribución de la deuda, pero hoy por hoy este documento no soluciona los problemas de financiación de la Comunidad y responde a una exigencia política de ERC para formar gobierno con el PSOE y hace a Pedro Sánchez presidente, que no tiene interés en resolver la financiación autonómica, sino en cumplir las exigencias de sus socios independentistas”.

Además, “no se ha consensuado con las comunidades autónomas, no se ha contado con nosotros y no podemos asumirlo”, ha aseverado la vicepresidenta del Ejecutivo, apuntando que el AiREF ha dejado claro que los recursos liberados no se pueden destinar a los servicios públicos esenciales.

En el escrito, el Ejecutivo autonómico señala el anteproyecto de ley vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial, la estabilidad presupuestaria y la interdicción de la arbitrariedad.

El documento advierte de que la denominada condonación es en realidad una mera subrogación de deuda en favor del Estado, lo que en la práctica “redistribuye cargas entre territorios de forma desigual y perjudicial para Aragón”.

Para el Gobierno de Aragón, la metodología de reparto “distorsiona el espíritu de la norma, ya que premia a comunidades con mayor endeudamiento y penaliza a aquellas que han mantenido una gestión financiera más responsable”. Las alegaciones subrayan que “la propuesta genera un riesgo moral al desincentivar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas”.

Por ello, solicita la suspensión de la tramitación del anteproyecto en tanto no se aborde de forma paralela y prioritaria una reforma del modelo de financiación que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos fundamentales y una distribución justa y equilibrada entre territorios.