Los casos de desahucios de alquileres atendidos por el Gobierno de Aragón crecen 257 % en tres años
Aunque se prestan a diversas interpretaciones, hay una que resulta meridiana: las cifras de desahucios en Aragón en 2016 hacen tambalearse el argumento de la recuperación económica. Entre 2014 y 2016, el Gobierno autónomo atendió 383 casos de lanzamientos. Todos ellos, aseguran desde el Ejecutivo, recibieron una respuesta habitacional.
Lo preocupante es que las cantidades anuales, lejos de disminuir, se multiplican. Se pasó de 56 en 2014 a 127 en 2015 y 200 en 2016. Un incremento, por tanto, del 257 % en tres años. Y la percepción futura apunta a un claro empeoramiento: según datos del Ejecutivo aragonés, hasta el pasado 8 de mayo recibieron 91 casos; lo que les permite hacer una previsión de finalizar 2017 con más de 360 -160 más que el año pasado-.
La directora general de Vivienda de la Administración autonómica, Mayte Andreu (CHA), asegura que “se está fallando, de una manera genérica, en las medidas preventivas”. Para ella, “aunque a golpe de presupuesto se doten las partidas para ayudas al alquiler -5,7 millones de euros en 2016- son muy necesarias otro tipo de medidas, por ejemplo, de acompañamiento”. “Quizá la panacea de los servicios sociales no sea la prestación económica”, apunta.
Tras años de implantación de medidas, más o menos, acertadas, la problemática actual se cierne sobre los lanzamientos de arrendamientos. Estos suponen el 90 % de los casos que llegan a manos del Gobierno. El motivo principal, explican, es que los desahucios por ejecución hipotecaria se paralizan hasta el 15 de mayo de 2020 –en casos de familias en especial vulnerabilidad- en virtud del Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo que modifica la Ley 1/2013 de 14 de mayo.
957 desahucios de alquileres en Aragón en 2016
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2016 se produjeron 957 lanzamientos de arrendamientos en Aragón. La cifra también lleva una clara dirección alcista: 921 en 2014 y 924 en 2015. El pasado año, el mayor número de desahucios se dio en Zaragoza (509), después Huesca (146) y Teruel (26).
En cifras globales, por tanto, el resultado es que al Gobierno de Aragón solo llega el 20,8 % de los lanzamientos totales (200 de 957). Esta evidencia, sin embargo, presenta una importante distorsión: los datos del CGPJ no discriminan por aspectos como que se trate de desahucios de locales –desde la Administración aseguran que son muchos- o de segunda vivienda. Es decir, no se puede estatuir cuál es el porcentaje de desahucios de familias en emergencia real que no llegan a ser atendidos.
El Ejecutivo autónomo, y en particular su Dirección General de Vivienda, recibe los casos que superan el filtro del convenio firmado el 3 de junio de 2013 -y rubricado de nuevo el 2 de noviembre de 2016- con el CGPJ y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP).
A él acceden las familias que están en situación de especial vulnerabilidad, a tenor de los supuestos establecidos en el antedicho Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo.
La actuación del Gobierno
Cuando el juzgado, explican desde el Ejecutivo, observa que puede darse una situación de vulnerabilidad, derivan el caso al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que lo comprueba y, si finalmente se corrobora esa necesidad, pasa a Vivienda.
Son tres las opciones inmediatas que se manejan desde la Dirección General, en cuanto a soluciones habitacionales, para atender a estas familias: bolsa de alquiler social, viviendas patrimoniales de la Dirección General de Aragón (DGA) y viviendas que la DGA recibe de herencia.
Respecto a los programas preventivos, estos son: el de mediación hipotecaria y endeudamiento –que en el caso de Zaragoza se gestiona a través de un acuerdo con el Ayuntamiento-, la mesa de sobreendeudamiento –encargada de analizar las causas que llevan a la familia al sobreendeudamiento y posterior desahucio-, las mesas de emergencia habitacional y las mesas de análisis técnico de situaciones sobrevenidas.
