Huelga de hambre después de 30 años reclamando una indemnización por un accidente laboral

Guillermo Arias sufrió un accidente laboral hace 30 años y, ahora, ha decidido emprender una huelga de hambre en la Plaza de Navarra de Huesca para dar a conocer su historia. Reclama justicia y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Ha recurrido al Tribunal Supremo como última etapa por el momento de un tortuoso camino judicial a la búsqueda de que se le reconozca la gravedad de las lesiones que asegura que padeció. Reclama 800.000 euros de indemnización a la mutua y también ha acudido al Defensor del Pueblo. Quiere agotar las vías posibles y denuncia una larga serie de presuntas irregularidades.

La vida de este zaragozano tomó un rumbo trágico el 19 de octubre de 1992, cuando tenía 19 años. Según su versión de los hechos, se subió a una carretilla elevadora sin ninguna medida de seguridad previa para alcanzar unos botes que se encontraban en un altillo, el palé en el que se apoyó estaba roto y se cayó de cabeza desde una altura de cuatro metros.

El parte médico indica que la caída había sido de un metro, no de cuatro, y que se había roto el codo y padecido un traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia, como defiende y mantiene a día de hoy la empresa para argumentar que se trató de un accidente laboral “leve”. Pero Guillermo Arias sintió que tenía rota, además, la mano y un dolor intensísimo en la espalda. No puede aportar documentos oficiales que corroboren su versión porque, pese a reclamarlos, sostiene que no se le han facilitado.

El parte médico, que no dice nada de la muñeca o la espalda, dio pie a una baja laboral de 30 días que se convirtió en un periodo de 23 meses debido, a su parecer, a la negligencia de la mutua, ya que denuncia que durante la rehabilitación se le rompió el hueso grande semilunar y sufrió el aplastamiento del nervio mediano. Arias señala que entonces comenzó a tener problemas cada vez más serios en la mano izquierda y pasó por un periodo que califica de “brutal”.

Demandó a la mutua, después de hacerse con los servicios de un perito con el que, sin embargo, la causa no prosperó porque no se dio credibilidad a su versión frente a la de aquella. La mutua, que prefiere no hacer declaraciones a elDiario.es, se remite al contenido de una sentencia judicial que valida su actuación. En el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha del 23 de diciembre de 2021, se señala que resulta “llamativo” el hecho de que “se pretenda el ejercicio de la acción más de 26 años después de ocurridos los hechos, y constan al menos tres dictámenes en los que se expresa que mucho antes ya no existe posibilidad de tratamiento curativo de las lesiones”. Considera “prescrita” la reclamación de responsabilidad patrimonial a la mutua y tampoco detectaba una mala praxis en la labor de sus facultativos.

Arias la ha recurrido por las costas, que debe asumir en su totalidad: “La sentencia dice que no se creen mi peritaje porque está elaborado por un médico que no es experto en traumatología cuando la ley dice que tiene que basta con ser médico”.

En 1993 comenzó otro periplo de hospitales y mutuas entre Lleida y Barcelona donde, asegura, siguió sin poder acceder a su historial médico. Llevó a juicio a la empresa por el accidente y a la mutua por negligencia. “Mi abogado no hizo su trabajo, ni tenía los documentos ni dijo que las pruebas presentadas por la empresa eran falsas”, lamenta. Así, el juez dictó que no tenía ninguna discapacidad y solo se le trató de indemnizar con 143.000 pesetas. “No quise aceptarlas”, recuerda Guillermo.

La empresa tiene en su poder un parte en el que se indica que era un accidente de trabajo leve al caerse por las escaleras, lo que le exonera de cualquier posible investigación posterior.

Espiral demoledora

Arias entró en una espiral demoledora, sin dinero, durmiendo en su coche y pidiendo sobras de comida en los restaurantes. Relata que a los 23 años se había intentado suicidar en dos ocasiones y que se le detectó el síndrome regional del dolor complejo, que va en aumento y no tiene cura. Se suele producir por golpe o aplastamiento de dedo. Se le reconoció la incapacidad para trabajar en 2010 y el pasado mes de octubre se añadió a su cargado historial la hipersensibilidad al dolor, lo que supone que el cerebro no diferencia un dolor leve de uno grave. Afirma tener implantado un neuroestimulador medular para mitigarlo.

En 2016, Guillermo Arias acudió a la sede de le empresa con una garrafa de gasolina con la amenaza de que o se le entregaba la documentación con sus lesiones o se quemaba vivo. La empresa le llevó a juicio por coacciones y amenazas y se llegó a enfrentar incluso a la posibilidad de dos años de prisión. Finalmente fue condenado a uno. Ahora sigue pidiendo justicia desde la céntrica Plaza de Navarra de Huesca.