El pantano de las maravillas: las obras de Mularroya siguen adelante pese a sus riesgos e ilegalidades

Los trabajos de construcción del embalse de Mularroya continúan en los cauces del Jalón y de su afluente el Grío.

Las obras del pantano de Mularroya siguen adelante tras haber sido declaradas ilegales en dos ocasiones por los tribunales, primero en la Audiencia Nacional y el Supremo por sus efectos ambientales y después en el primero de esos órganos por irregularidades en su tramitación, en una sentencia recurrida por el Miteco (Ministerio de Transición Ecológica) ante el segundo.

Paralelamente, el proyecto no ha llegado a ser modificado para contemplar nuevas medidas preventivas ni incluye más valoraciones geológicas que las iniciales a pesar a la confirmación por parte del IGM (Instituto GeoMinero) de la existencia de cuatro fallas activas bajo los terrenos del vaso y con independencia del informe en el que ocho geólogos advierten del riesgo de “vaciado catastrófico” que genera la ubicación en esa zona de una lámina de agua de más de cien millones de toneladas de peso.

El último avance del proyecto, que coincide en el tiempo con un vertido contaminante procedente de la tuneladora que está abriendo el conducto para el trasvase del Jalón al Grío, y que disparó la presencia de aluminio por encima de los niveles de potabilidad en el segundo de esos cauces, cuyas aguas quedaron teñidas de rojo por la presencia de otros elementos, ha consistido en la habilitación de una Zepa (Zona Especial de Protección de Aves) para paliar los daños que el llenado del embalse provocará en la avifauna de las Hoces del Jalón.

La segunda DIA (Declaración de Impacto Ambiental) del pantano, la emitida después del primer revés judicial, cuya base fue el ‘olvido’ de la existencia de la Zepa por parte del Gobierno de Aragón, incluyó entre las condiciones para que las obras pudieran seguir adelante la obligación de “compensar” ese desliz, y la consiguiente “pérdida de hábitat de distintas especies de aves” si el vaso llega a llenarse, “mediante la declaración como ZEPA, con una superficie al menos igual a la que se pierde, de nuevas áreas que pudieran albergar los mismos hábitats que los afectados por el llenado del vaso del embalse”.

¿Irán los pájaros de Ricla y Chodes a Aldehuela y Torralba?

Eso ocurría a mediados de 2015, cuando Isabel García Tejerina dirigía el Ministerio de Medio Ambiente, el mismo departamento que antes de que hubieran transcurrido dos meses desde la publicación de esa segunda DIA llevaba al Consejo de Ministros una resolución que la descafeinaba al permitir que las obras pudieran seguir adelante “aun sin estar ejecutadas y operativas todas las medidas compensatorias Red Natura 2000 que se establecen en la declaración de impacto ambiental”.

Su propia versión original, publicada en el BOE a mediados de mayo de ese año, establecía que “no se podrán realizar actuaciones del proyecto que impliquen la alteración o la destrucción de nuevas superficies dentro de la ZEPA Desfiladeros del río Jalón hasta que no se encuentren ejecutadas y operativas todas las medidas compensatorias Red Natura 2000 que se establecen en esta declaración de impacto ambiental”. 

Entre ellas se encontraba la obligación de declarar la nueva Zepa, trabajos que debían incluir una “comparación con los hábitats afectados por el llenado del vaso del embalse” y, también, la “justificación de que son accesibles para las aves que normalmente habitan en la ZEPA afectada”.

Eso no ocurrió hasta hace unos días, concretamente hasta que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón publicó el pasado 10 de agosto en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) el decreto por el que crea la Zepa Hoces del río Piedra, de 3.101 hectáreas de extensión frente a las 483 protegidas que el ejecutivo central prevé inundar con el embalse pero ubicado a unos 80 kilómetros de este: las rapaces y las especies rupícolas de Ricla, Chodes y La Almunia tendrán que mudarse a Aldehuela de Liestos y Torralba de los Frailes, de Valdejalón al Campo de Daroca, junto al límite con Guadalajara.

La mitad de los hábitats y la mayoría de las aves

La resolución considera ese territorio “idóneo” para sustituir como Zepa al afectado por el pantano, ya que “compensa por tanto muy ampliamente las 483 hectáreas afectadas por la presa de Mularroya y cumple con los adecuados objetivos de conservación” a la vista de “la comunidad de aves que hacen uso de este espacio” y de sus “características ecológicas para el mantenimiento de aves rupícolas y esteparias”. 

Sin embargo, el decreto no incluye ninguna referencia a la eventual migración de las aves afectadas de un espacio a otro una vez dejen de ser habitables para ellas los terrenos incluidos en el vaso del pantano.

El decreto destaca que ambos espacios coinciden en estar asociados a cursos fuviales y localizarse en entornos de naturaleza calcárea del sistema ibérico, así como que cuatro de los siete “principales hábitats afectados por el proyecto de la presa de Mularroya”, como las zonas “arborescentes” de enebros y sabinas, las subestepas de gramíneas, los encinares y las pendientes rocosas con vegetación, aunque no ocurre lo mismo con otras tres: los prados calcáreos, los bosques de sauces y chopos y las áreas de matorrales termomediterráneos y preestépicos.

Ocurre algo similar con las aves. En Torralba y Aldehuela habitan “todas las especies objeto de conservación de la ZEPA Desfladeros del Río Jalón”, como el buitre leonado, el alimoche, el águila real, el cuervo, la chova piquirroja, el halcón peregrino y el búho real, aunque no hay ejemplares del águila azor perdicera, especie que, según el decreto, “es objeto de numerosas medidas compensatorias establecidas en el proyecto de presa de Mularroya” junto con otras “en áreas críticas de la especie de las provincias de Huesca y Teruel” y también en Castilla-La Mancha.

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