Más de la mitad de los pueblos de Aragón carece de oficina bancaria
Más de la mitad de los pueblos de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, carecen de oficina bancaria y de cajero automático, lo que obliga a una parte de sus vecinos a trasladarse a otras localidades para realizar gestiones como sacar dinero de una cuenta.
Los datos proceden de un artículo de Concha Jiménez y Helena Tejero, directora general de Efectivo y Sucursales y responsable del Departamento de Emisión y Caja del Banco de España, respectivamente, publicado en la Revista de Estabilidad Financiera del emisor y que actualiza un trabajo anterior de Joaquín Maudos, de la Universidad de Valencia, publicado por Cajamar. Su cruce revela que la lista se ha engrosado en 33 en solo dos años.
Según el primero de esos trabajos, en Aragón seguían abiertas al cierre de 2017 un total de 1.077 sucursales bancarias, que son 723 menos de las que operaban al acabar 2008. Esa situación sitúa a la comunidad autónoma como la cuarta en la que más municipios carecen de ese servicio, con 413 de 732 (56 %) frente a los 1.767, 470 y 467 de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña.
Al acabar 2017, es situación se daba en casi dos de cada tres pueblos de Teruel (145 de 236), casi tres de cada cinco en Huesca (114 de 202) y algo más de la mitad en Zaragoza (154 de 293), lo que sitúa a las tres provincias aragonesas entre las 18 más afectadas por la exclusión bancaria de todo el país, con 21.847 vecinos en el alto Aragón, 13.975 en el sur y 21.068 en la zaragozana.
Fusiones, rescates y cierre de oficinas
En ese periodo, la banca, sacudida por procesos de saneamiento y concentración que en el caso de Aragón llevaron a la absorción de la CAI por Ibercaja, y también por un cambio de modelo de negocio en el que el ahorro de costes convive con unos procesos de digitalización que se combinan con la penalización de las operaciones en ventanilla, ha cerrado dos de cada cinco oficinas que mantenía abiertas en la comunidad (723 de 1.800).
El proceso se ha llevado por delante casi la mitad de las de Zaragoza (555, un 46 %), cerca de un tercio de las de Teruel (50, un 32,9 %) y algo más de una de cada cinco en Huesca (118, un 21,18 %).
La dispersión territorial y la despoblación que caracterizan a las zonas rurales de la comunidad, junto con el desequilibrio demográfico que supone la concentración de habitantes en la capital, su cinturón y las cabeceras de comarca, hace que esas 56.890 personas únicamente supongan un 4,3% del censo. Sin embargo, únicamente Castilla y León (15,1 %), Navarra (7 %), Extremadura (5,6 %) y Cantabria (4,8 %) empeoran esa tasa.
No obstante, los ratios cambian si se observan por provincias, ya que Teruel supera ligeramente el 10% de habitantes en situación de exclusión bancaria y Huesca se acerca a ese nivel, que solo es superior en Castilla y León (salvo Valladlid), Castilla-La Mancha (con la excepción de Guadalajara y Toledo) y Cáceres. Por el contrario, Zaragoza, con un 2,2%, se sitúa en la zona media-baja de la tabla.
Una estadística burlona
La particular estructura demográfica de Aragón provoca, paradójicamente, que Teruel ofrezca (en la teoría) la mayor tasa de cobertura de servicios bancarios del país con un ratio de 1.372 oficinas por cada millón de habitantes, proporcionalmente se entiende, como es obvio; y que Huesca, con 1.092, ocupe el tercer puesto de la clasificación con Soria entre ambas. Es una de esas ocasiones en las que la estadística se transforma en ironía, cuando no directamente en burla.
Jiménez y Tejero admiten que “el ajuste en la red de sucursales dificulta el acceso al efectivo de la población”, aunque, en su opinión, “el cierre de oficinas bancarias no lleva necesariamente a la exclusión financiera de una parte de la población, ya que existen vías alternativas para el acceso a los servicios bancarios como, por ejemplo, el uso de la banca electrónica. Sin embargo, obvian que ese acceso cibernético no existe en amplias zonas del mundo rural por el lento ritmo de expansión de lavanda ancha.
En cualquier caso, estiman que “la proporción de población española que no dispone de puntos cercanos de acceso al efectivo es aproximadamente el 1,96 % del total nacional”, es decir, algo más de 900.000 personas. De acuerdo con esa estimación, los niveles de exclusión bancaria duplican con creces en Aragón a los estatales.
