Los trabajadores de mantenimiento de la cárcel de Zuera llevan ocho meses sin cobrar

Impotencia es la palabra que más repiten los trabajadores de mantenimiento de la prisión de Zuera (Zaragoza), que se sienten totalmente indefensos. Llevan ocho nóminas sin cobrar, aunque no han dejado de trabajar ni un solo día. En enero recibieron el último pago correspondiente a septiembre y, desde entonces, no han vuelto a percibir ningún tipo de salario.

Los retrasos comenzaron prácticamente desde que se adjudicó el servicio de la contrata a la UTE CP Aragón 2015, formada por las empresas EOC y Assignia Industrial, ambas del grupo Essentium, en diciembre de 2015. Entonces, no recibieron la parte proporcional de la paga extra de fin de año y, a partir del segundo mes, la empresa empezó a pagar con retrasos las nóminas, señala uno de los trabajadores. “Desde el principio vimos que esto no iba a acabar bien y lo comunicamos al centro penitenciario, donde nos dijeron que ellos no podían hacer nada”, señala uno de los trabajadores, que advierte, además, que desde el principio se contrató a ocho empleados cuando en el pliego de condiciones ponía nueve.

Desde entonces, los retrasos se fueron acumulando y la situación fue empeorando hasta que en enero de 2017 la adjudicataria del contrato comunicó al centro penitenciario que no podía hacerse cargo del contrato de mantenimiento.

Sin embargo, pese a esta situación, ellos han continuado realizando su trabajo en la cárcel de Zuera, así como el Centro de Inserción de Torrero (Zaragoza) y el de CIS de Huesca. Es decir, el mantenimiento de estos centros públicos depende de seis trabajadores -dos están de baja por la situación- , que no están cobrando por sus servicios.

“Nuestra intención es ir a trabajar y cobrar, que los internos vean que no es culpa nuestra si hay algo que no funciona, porque hacemos todo lo que podemos”, apunta.

Para estos empleados, lo más “indignante” es que la Administración permita estas situaciones en centros públicos y contrate a empresas que incumplen los derechos más básicos de los trabajadores. “Y más cuando nosotros informamos a la dirección del centro  y a instituciones penitenciarias de la situación”. “Puedo entender que en un mes no tomes una decisión, pero en nueve…”, añade.

En octubre de 2016 presentaron una denuncia a la Inspección de Trabajo, pero a ellos les ha servido de poco. “Nos enviaron una carta diciendo que habían sancionado a la empresa, pero ahí se quedó la cosa”, indica. El siguiente paso fue denunciar los hechos en el Juzgado de lo Social de Zaragoza. Ahora estos ocho trabajadores están a la espera de que comiencen los primeros juicios, uno por cada empleado, que comenzarán en junio y terminarán en noviembre.

“Es desesperante pensar que voy a estar hasta noviembre sin cobrar nada desde octubre pasado, ni el sueldo ni el paro. Llevar una casa así es imposible”, explica uno de los trabajadores, que aguanta porque su mujer trabaja. “Hay otros compañeros que lo están pasando francamente mal, porque esto te acaba afectando a la cabeza”, resalta.

Los trabajadores, a la espera del juicio

No obstante, aunque supondrá un alivio, tampoco tienen muchas esperanzas puestas en estos juicios, ya que entienden que no van a recuperar el sueldo por todos los días trabajados. Si la Justicia anula el contrato con la adjudicataria y esta se encuentra en concurso de acreedores, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se haría cargo del salario, pero solo de hasta 120 días. Ellos llevan más. En concreto, 225.

Además, desconocen si Instituciones Penitenciarias ha suspendido el contrato o si prevé sacarlo a licitación próximamente dada la gravedad de los hechos. Tampoco este diario ha podido conocer por ahora la versión del organismo.

Algunos de estos empleados llevan 12 años encargándose del mantenimiento de estos centros, pero desde distintas empresas. Los contratos de mantenimiento se licitan para dos años, prorrogables a otros dos, sin que las adjudicatarias tengan la obligación de subrogar a los empleados. “Cada vez que hay un cambio tenemos que negociar con la nueva empresa nuestro contrato, sin la seguridad de que nos vayan a coger”, indica. Esto además ha conllevado un descenso del salario desde que él comenzó a trabajar.

La misma situación, en la cárcel de Segovia y Picassent

Esta situación se ha repetido también en otros centros penitenciarios del país. En Segovia, el CSIF ha denunciado a la empresa  UTE EOC de Obras y Servicios UTE EOC de Obras y Servicios, S.A. del Grupo ASSIGNIA por el impago de las nóminas desde octubre de 2016 a cinco trabajadores que desarrollan su trabajo en el mantenimiento integral del Centro Penitenciario de Segovia.

El impago se remonta también a octubre de 2016, pero los retrasos de las nóminas comenzaron en verano de ese mismo año, es decir, antes de que el mismo grupo recibiera la adjudicación del mantenimiento de Zuera. También los trabajadores de la prisión de Picassent (Valencia), contratados por el mismo grupo, han sufrido estos impagos, que les llevó a la huelga en septiembre de 2016.