Zaragoza reduce a cero la deuda con las contratas de servicios públicos a las que debía 64,7 millones de euros
En 2015, una auditoría reveló que el Ayuntamiento de Zaragoza adeudaba 55,4 millones de euros a las grandes contratas de servicios públicos. A eso había que sumarle casi 10 millones más por los intereses de demora generados por el retraso en los pagos. En total, una deuda de más de 64,7 millones de euros, que ahora está a cero.
La auditoría encargada en 2015 –al inicio de la legislatura–, informan desde el Consistorio, puso de manifiesto que los servicios públicos municipales estaban dotados con 55,4 millones de euros menos de los que realmente se necesitaban para cubrir el coste real del servicio a lo largo del año. Esta situación afectaba a la recogida de residuos y limpieza pública, suministro de agua a la ciudad, energía eléctrica, transporte, el plan de choque contra la crisis o el control de los pabellones deportivos, entre otros.
El Gobierno de Zaragoza, recuerdan, “se comprometió entonces a absorber esa deuda a lo largo de los cuatro años de legislatura, pero ha conseguido hacerlo en solo dos y medio. Lo ha hecho dotando los servicios municipales con más presupuesto del necesario para cubrir el coste anual, con modificaciones de crédito y sin realizar ningún recorte en la prestación”.
33,5 millones hasta diciembre de 2016
Apuntan que ya en 2015 se realizaron modificaciones de crédito en el conjunto del presupuesto municipal por importe de 13 millones de euros, encaminadas a ir pagando parte de la deuda pendiente de servicios como la energía eléctrica, el suministro de agua o el alumbrado.
En los presupuestos de 2016, “se realizó un esfuerzo para dotar correctamente los servicios públicos municipales, de tal forma que se pudieran pagar todas las certificaciones de un año”. Así, explican, “hasta diciembre de ese año se habían pagado 33,5 millones de euros y se dejaron a cero los pagos acumulados, como el del suministro de agua (4 millones), plan de choque contra la crisis (1,5 millones), transporte (7,2 millones) o teleasistencia (1,6 millones)”.
2017 fue el año en el que, finalmente, se liquidaron todas las deudas que, en su momento, se mostraron en la auditoría.
97 millones de euros en sentencias judiciales
Además de la deuda contraída con las grandes contratas, el Consistorio también ha debido abonar otros 97 millones de euros en sentencias judiciales e intereses de demora por impagos de gobiernos anteriores. Buena parte de ese importe proviene de sentencias condenatorias por el retraso en el pago de certificaciones de transporte y limpieza, por revisiones de precios o expropiaciones de suelos que se remontaban a 1997.
Se han pagado, por ejemplo, 10,8 millones de euros por la sentencia de FCC sobre la revisión de precios de la limpieza de los años 2011 y 2012, o 21,5 millones de euros por la sentencia de Tuzsa por la revisión de precios y certificaciones del transporte también de 2011 y 2012 (de ellos, 5,4 millones corresponden a intereses de demora).
Los 97 millones de euros se han abonado con recursos propios, pero también a través del Fondo de Impulso Económico (FIE). A pesar de todo, indican, “la deuda municipal ha continuado bajando y, a finales de 2017, se ha situado en 722 millones de euros, frente a los 828 millones de deuda que había al inicio de la legislatura”. El saneamiento de las cuentas municipales ha permitido, por añadidura, salir del Plan de Ajuste cinco años antes de los previsto.
