Defender lo de todos

“Creo que San Antonio y La Nao dan de palos a una gata entre Tarifa y Trafalgar, esta se escapa por Finisterre, en Ortegal, coge una peña, la unta con ajo y se la tira a Machichaco.” Las palabras en cursiva corresponden con los cabos de la península ibérica y este microrrelato, a la creatividad de un maestro, apasionado por su trabajo que con este truco nemotécnico hizo que, a lo largo de mi vida, cuando he visitado los faros de cada uno de esos cabos, irremediablemente haya tenido que recitar esta breve y trepidante historia acaecida en la costa española, o al menos en el imaginario de los alumnos de don Francisco. 

Estudié en un colegio y un instituto públicos. Compartí aula y recreo con alumnos cuyas familias tendrían más dinero que la mía y menos, con padres con estudios superiores o sin ellos; con gitanos y con payos, con personas con discapacidades físicas e intelectuales y todos, independientemente de cualquier condición, tuvimos en aquel colegio las mismas oportunidades de formación. Eso es el alma de la educación pública: acoger a todos, dar oportunidades a todos. La pública no escoge, ni discrimina, no se lucra y es la garante de que el ascensor social funcione. La educación es la mejor herramienta para crear una sociedad justa y no puede haber mayor orgullo para un país que tener una educación pública sobresaliente. 

Con la idea de defender lo público, padres, profesores y alumnos han tomado las calles estos días en Zaragoza. El anuncio del Gobierno de Aragón de subvencionar las etapas de 0 a 3 años y concertar el bachillerato ha sido la gota que ha colmado el vaso para una comunidad educativa que tiene que lidiar cada día con la falta de recursos para lo más esencial. La excusa de que no hay presupuesto ya no vale, dicen, cuando se pretende inyectar dinero público en un sector privado. La educación pública presta un servicio esencial y universal, la educación concertada presta ese servicio con ánimo de lucro. Sus entidades se mantienen con los fondos procedentes de los impuestos de todos los ciudadanos y además -pese a ser ilegal- cobran a las familias un dinero extra en forma de tasa, en concepto de cualquier asunto peregrino. Un negocio redondo a costa de todos. 

Estudié en una universidad privada, la escogí y mi familia se lo podía permitir. Eso es libertad de elección. Esgrimir el argumento de la libertad para desviar dinero público para financiar un servicio que puede y debe dar el Estado o las Comunidades Autónomas es una falacia y una excusa paupérrima. Defender lo público es defender el interés general. Hacerlo es trabajar para todos, apuntalar los pilares de una sociedad en la que al que menos tiene no le falte lo básico. El Estado ha de ser el garante de que servicios esenciales como la sanidad, la educación, el transporte o la seguridad, no estén a merced de los mercados. Que su fin no sea nunca la especulación sino servir al ciudadano y hacerlo con excelencia. Lo público es de todos y para todos. Es de perogrullo, pero vivimos una época en la que lo obvio ha desaparecido del discurso dominante y de muchas conciencias, así que conviene repetirlo aunque abundemos en lo evidente.