La orden de derribo de una casa hace aflorar el problema de las más de 830 viviendas ilegales de Teruel
El Ayuntamiento de Teruel tiene el encargo de ejecutar una sentencia judicial para derribar una casa del barrio pedáneo de Castralvo, considerada ilegal tras un proceso en los tribunales que comenzó en 2007 con la denuncia de un vecino. El dueño, Rubén Aguilar, pudo in extremis evitar el derribo el pasado 19 de abril encaramándose al tejado, “no había otra opción”, decía a los periodistas, pero no sabe cuánto tiempo ha ganado.
Con la luz y el agua cortada por mandato municipal, ya no pueden vivir ahí y ahora espera a que le aconsejen sus abogados para saber cómo actuar con una sentencia ante la que no cabe recurso, porque se lamenta de que su casa es una de las muchas ilegales que hay en Teruel, pero que el Ayuntamiento no actúa aunque vea el delito si no hay denuncia previa.
El caso de Rubén ha hecho aflorar de nuevo el problema que tiene esta ciudad de unos 35.000 habitantes con las viviendas ilegales. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) data de 1985 y los distintos intentos, fallidos, para redactar uno nuevo adaptado a las necesidades de la ciudad, han chocado entre otras cosas con el problema generalizado de las viviendas ilegales.
En un informe de 2010 de la Gerencia de Urbanismo, ya extinta, dependiente del Consistorio, aparecía la cifra de 832 edificaciones ilegales, sin contar las de las pedanías como la de este caso, y destacaba que la cifra iba en aumento porque se seguía construyendo de manera irregular.
Muchas de estas casas se han edificado en suelo no urbanizable, antiguos terrenos utilizados para huerto que, con la expansión de la ciudad, se han llenado de edificaciones habilitadas como viviendas de primera y segunda residencia, pero sin tener en cuenta la calificación urbanísitica del lugar en el que se asientan.
Duramente muchos años ha habido una sensación de impunidad, porque “si tiran una tienen que tirar todas”, confiesan algunos de los afectados, que confían en que pasen los años sin que ocurra nada para que el delito prescriba.
Esperan muchos de ellos que en los casos en que no prescriban, la solución del Consistorio sea un plan de regularización que pudiera legalizar sus casas y evitar el derribo, asumiendo los costes necesarios de urbanización.
De ahí que el afectado por esta orden de derribo advierta de su intención de emprender acciones legales contra el Ayuntamiento por la mala gestión urbanística y no haber actuado ante las edificaciones ilegales.
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj (PP), reconoce sobre este asunto que en Teruel “hay muchas construcciones que en su día no fueron construidas legalmente, pero cada una de ellas tiene una circunstancia distinta”.
Y advierte a que quien esté pensando en hacerse una vivienda ilegal, “que no lo haga porque tarde o temprano va a ser detectado y se va a ordenar la paralización y el derribo”.
