Aragón pide la suspensión cautelar de la regularización de inmigrantes hasta que se pronuncie el Tribunal de la UE

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, acompañada por el director de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, ha dado a conocer este viernes las alegaciones del Gobierno de Aragón a la posible contradicción del Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con la legislación europea, por lo que ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación administrativa hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Ejecutivo aragonés, tras la autorización de su Consejo de Gobierno, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, en la que se solicitaba expresamente la suspensión cautelar del procedimiento de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, alegando, principalmente, su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

“Lo que pedimos en ese recurso contencioso administrativo es que se tuviera en cuenta la suspensión cautelar de ese procedimiento extraordinario hasta que se resolviera esa cuestión por el Tribunal Supremo y se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por esa afección que puede tener al derecho comunitario.

El Tribunal Supremo, mediante una providencia y “después de escuchar a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, ha considerado la posibilidad de llevar a cabo esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos da cinco días para presentar alegaciones”, ha añadido Vaquero. Esta providencia ha concedido audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado. Este trámite es un requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda plantear, en su caso, una cuestión prejudicial ante el TJUE, sin que ello suponga todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Vaquero ha trasladado que “en las alegaciones que el Gobierno de Aragón presenta se ratifica en la necesidad de esa cuestión prejudicial para que el Supremo valore si colisiona y si existe ese riesgo de conflicto jurídico con el derecho comunitario y, además nos ratificamos en la necesidad de llevar a cabo la suspensión cautelar del procedimiento administrativo de regularización extraordinaria de inmigrantes”.

Además, ha subrayado que “sería necesario que en esta suspensión cautelar, la reversibilidad fuera absoluta, es decir, que se paralizaran las resoluciones a favor de esta regularización porque de alguna forma, se podría generar una gran inseguridad jurídica estando aprobando estos procesos de regularización sin tener claro la legalidad, la seguridad jurídica de estas medidas hasta que el TJUE se pronunciara”.

La vicepresidenta ha apostillado que “una reversibilidad absoluta es lo que impediría avanzar en unas resoluciones de dudosa legalidad y que, por lo tanto, se pudieran consolidar situaciones con clara repercusión también en los intereses de todos los aragoneses en el ámbito social, económico, sanitario y de vivienda y lo que se haría sería aplazarlo en el tiempo”.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno de Aragón, además de ratificarse en su posición favorable al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reitera así su solicitud de suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea.

El director general de Servicios Jurídicos ha explicado que “hasta que no haya una resolución del TJUE, ”lo más sensato y lo más prudente a nuestro juicio es que se paralice el procedimiento y la tramitación administrativa por el riesgo jurídico que se puede generar de que nos encontremos con la apertura de un procedimiento de infracción o un recurso judicial que puedan plantear las propias instituciones comunitarias u otros Estados miembros“.

Las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo recogen que “cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”. Asimismo, el escrito señala que, en caso de acordarse la suspensión, “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”, mientras que “los intereses de los solicitantes únicamente se verían diferidos en el tiempo”.

En cambio, si continúa la tramitación del proceso de regularización, “el interés público podría verse comprometido, no solo por las cargas económicas y administrativas derivadas de ámbitos como el social, el educativo, el sanitario o la vivienda, sino principalmente por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrado el Reino de España en el contexto de la Unión Europea”.

Vaquero ha resaltado que “lo que estamos viendo en el Gobierno de España son decisiones políticas que no están teniendo en cuenta ni los intereses de los españoles, ni las garantías que tienen que tener estas personas desde el punto de vista humanitario. Y, por lo tanto, lo que queremos es que se haga con todas las garantías jurídicas”.

Igualmente, ha resaltado ha resaltado que el cumplimiento de la ley “nunca puede ser una cuestión secundaria. Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España”, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles”.

En este sentido, ha expuesto que “defender Aragón también significa velar para que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho”, ya que con este procedimiento de regularización “percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias”.

La también consejera de Justicia ha considerado que “Europa nos da derechos, pero también nos da responsabilidad y cumplimiento de obligaciones”. Para Mar Vaquero, el Gobierno de Aragón “tiene la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad” y, cuando considera que una norma puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad, “nuestra obligación es actuar”.

“Defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico, porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho”, ha incidido, ya que con este procedimiento de regularización “percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias”.

Vaquero ha resaltado ha resaltado que el cumplimiento de la ley “nunca puede ser una cuestión secundaria. Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España”, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles”.