La Diputación, “ayuntamiento de ayuntamientos” y recurso para todo
La provincia de Teruel tiene 236 municipios y 235 tienen menos de 20.000 habitantes. Solo supera esta cifra la capital, Teruel, que pasa precisamente por ser la menos poblada de España. En una provincia en la que cada servicio público o iniciativa empresarial debe luchar contra las dificultades que pone la despoblación y la dispersión territorial, la Diputación es una institución cercana, a la que primero llaman los pueblos más que pequeños, diminutos, para sacar adelante servicios básicos o atender urgencias. A eso aluden quienes defienden su vigencia, frente al punto del acuerdo entre Ciudadanos y PSOE que propone su supresión. Pero en ese afán por responder a las demandas de los ayuntamientos, acaban asumiendo competencias impropias o duplicando esfuerzos con otras administraciones, y dando así argumentos para quienes hablan de ineficacia en la gestión de los recursos públicos.
En algunos pueblos del Matarraña, con los acuíferos contaminados por los nitratos de los purines, fueron los bomberos de la Diputación los que llevaron el agua en cisternas para poder beber, y los geólogos de esta institución los que hicieron el estudio para hallar nuevos abastecimientos. También en Linares de Mora llamaron a la Diputación para ver qué podían hacer con el desprendimiento de tierras de una ladera que amenazaba algunas casas tras unas intensas lluvias, y lo hacen muchos pueblos para que les abran paso en las carreteras con las quitanieves cuando llegan los temporales, y luego para que arreglen los baches que deja la sal.
Los alcaldes de los pequeños pueblos de Teruel, (pequeños de verdad, 217 tienen menos de mil habitantes), tan alejados de las grandes urbes, dicen que la Diputación llega donde no lo hace otra administración. Es un “ayuntamiento de ayuntamientos” : Sin las diputaciones “los pueblos estarían solos y acabarían desapareciendo”, vaticina el presidente de la Diputación de Teruel, Ramón Millán, del Partido Aragonés, y alcalde desde hace lustros de Castellote.
La Diputación financia de manera directa, a través de varios planes, obras en las calles de los pueblos, las redes eléctricas y de saneamiento y en los últimos años, hasta la contratación de trabajadores en paro. Asesoran a los secretarios en todo el papeleo municipal, y gracias a sus presupuestos siguen abiertas bibliotecas o museos, sobreviven grupos de teatro, bandas de música o clubes deportivos, y tienen asistencia social y programas de termalismo los ancianos del mundo rural.
Algunas no son materias propias, pero se ocupan de ellas por su deber de “fomentar el desarrollo, social y económico” de la provincia, una obligación en la que cabe de todo y que hace, por ejemplo, que acaben financiando escuelas infantiles de las que hace unos años se ocupaba el Gobierno autonómico o plazas de centros de día, de las que se desentienden en Zaragoza.
Delimitar las competencias
En el debate sobre su vigencia, partidos de izquierda en Aragón como CHA o Izquierda Unida han apostado en Teruel por las comarcas en lugar de las diputaciones, y defienden que competencias actuales de la Diputación vayan o hacia la administración autonómica y otras a la comarcal. No se trata de que se dejen de prestar los servicios de la Diputación sino que se den de una manera más eficaz, defienden. “Las carreteras hay que seguir arreglándolas, y bien organizadas las competencias de todas las instituciones, el servicio podría ser más eficaz” explica Pedro Bello, diputado por Ganar Teruel. Y es que en un temporal de nieve, salen a limpiar las carreteras, cada una la que le toca, máquinas del Gobierno central, del autonómico, de las diputaciones e incluso las comarcas aportan algún vehículo.
Comparten competencias en carreteras pero también en otras materias como turismo, porque unas tienen que “promocionar” el turismo y otras emprender acciones directas. “Está claro que hay que delimitar las competencias” reconoce el presidente de la Diputación de Teruel, “para ser más eficaces al servir al ciudadano, pero la solución no es suprimir la institución” recalca.
En lo que no hay dudas sobre de quien es la competencia es en el servicio de bomberos, que en Teruel depende de la Diputación, y da servicio a la provincia a través de tres parques: Teruel, Calamocha y Alcañiz. Pero también aquí hay debate porque las Cortes de Aragón han aprobado una normativa que exige unos tiempos de respuesta y un número de efectivos que la Diputación no puede cumplir con su presupuesto, por lo que hay quien pide también que pasen a ser competencia autonómica.
Altos cargos elegidos de manera indirecta
Otra de las críticas a las diputaciones es la representación indirecta que pone como altos cargos de la Diputación a alcaldes o concejales de la provincia, pero que no son elegidos de manera directa sino que vienen determinados por los partidos judiciales, la Ley D`Hont y el peso que tienen en sus propios partidos, que son los que finalmente envían a los ediles al pleno y a negociar la presidencia.
El presupuesto de la Diputación de Teruel ronda cada año los 54 millones de euros, de los fue el 80% proceden del Estado, que asigna en base a la aritmética de la población, y el resto son ingresos por tasas o impuestos. Con este dinero y 350 funcionarios se dan los servicios, que abarcan prácticamente todas las áreas, y en Teruel especialmente en el ámbito agroalimentario. Aunque también aquí se critica que el Estado ha reducido la dotación de las Diputaciones en los últimos años: “Quien se ha cargado las diputaciones es el PP que lleva cinco años sin financiar los planes provinciales”, criticaba el diputado del PSOE, José Ramón Ibáñez.
Con el cambio de las diputaciones a los “consejos provinciales de alcaldes no desaparecen las competencias, cambia el nombre” aseguraba este diputado, para quien las competencias “no deben ser ni de comarcas ni de diputaciones, sino de ayuntamientos y Gobierno de Aragón; los municipios, en aquellos servicios que necesitemos, nos agruparemos y cederemos las competencias”.
