El Gobierno de Aragón no llega a cobrar el 30% del ‘tarifazo’ de las depuradoras

El ICA, el antiguo Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas trasmutado en IMAR (Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales) tras el rechazo generado en todo Aragón por su origen y planteamiento inicial, ha aportado a las arcas del Gobierno de Aragón 365 millones de euros tras haber logrado cobrar algo más del 30% de los recibos por valor de 520,4 que ha ido girando en sus primeros ocho años de vigencia.

El tributo, diseñado a finales de 2014, tenía como objetivo financiar el desmesurado coste del Plan Aragonés de Saneamiento de aguas residuales, un programa al que el actual ejecutivo sigue refiriéndose como “sobredimensionado” y que la Cámara de Cuentas diagnosticó como “imposible de cumplir” en su planteamiento original, que llegaba a contemplar la construcción de depuradoras en núcleos despoblados o que lo estaban durante la mayor parte del año.

La versión inicial, de 2001, contemplaba una inversión de 644 millones de euros para construir 1.153 plantas y colectores cuyas operación y mantenimiento iban a requerir otros 27 anuales, mientras que su revisión de 2004, diseñada a base de concesiones de obra y explotación, disparó las previsiones financieras hasta “3.209 millones de euros, considerando las inversiones pendientes de ejecutar y los gastos de mantenimiento y explotación de las plantas” para los siguientes 41 años, a algo menos de 80 por ejercicio.

La llegada a la Consejería de Agricultura del equipo de Joaquín Olona en 2015 marcó, tras las presiones de grupos de la izquierda como Podemos e IU y de instituciones como el Ayuntamiento de Zaragoza en la etapa de ZeC (Zaragoza en Común), junto con un creciente malestar ciudadano galvanizado a través de organizaciones como la RAPA (Red del Agua Pública de Aragón) o la FAVBZ (Federación de Asociaciones de Vecinos y Barrios de Zaragoza), un punto de inflexión en el que esas previsiones iniciales fueron notablemente rebajadas.

El 29,8% del recibo no llega a ser liquidado

Sin embargo, lo cierto es que las cifras del ICA/IMAR se encuentran más cerca de las previsiones financieras del proyecto sobredimensionado que del revisado por el actual equipo de Agricultura.

Los informes de Ejecución Presupuestaria del Gobierno de Aragón sitúan la recaudación de esos impuestos en una horquilla de los 62,26 a los 70,61 millones de euros de derechos netos reconocidos, es decir, de recibos girados, para el periodo 2015-2022, tras una anotación de 47,93 en 2015, su primer año de vigencia, por las bonificaciones aplicadas entonces a los pueblos que carecían de depuradoras o que habían financiado la suya, caso de Zaragoza.

No obstante, la ejecución de los cobros es, entre los recursos judiciales por las cuantías y las deficiencias de gestión al carecer el cobrador (la DGA) de un padrón de contribuyentes y no estar siempre actualizados los de los ayuntamientos, bastante inferior hasta la fecha, ya que los ingresos efectivos se han movido en una horquilla de los 39,47 a los 48,09.

Los recibos girados suman 520,4 millones y los pagados hasta la fecha, 365,27, un desajuste de 155 (29,8%) del que pueden irse descontado en la práctica una parte de los 66,6 pasados al cobro antes de 2019, ya que las deudas tributarias con las administraciones prescriben a los cuatro años.

Los impuestos ‘verdes’ de la DGA

Tanto en un caso como en otro, los impuestos relacionados con el plan de depuración suponen el grueso de los ingresos que llegan a las arcas del Gobierno de Aragón procedentes de la fiscalidad ‘verde’, es decir, de los tributos relacionados con el medio ambiente.

De hecho, el único impuesto de ese tipo que se supera los quince millones de euros anuales de derechos reconocidos netos (115,9 en siete) es el que grava la explotación de terrenos inundados mediante la producción hidroeléctrica, cuya aportación supera notablemente a la de su ‘hermano menor’, el tributo sobre las líneas de alta tensión que aporta en torno a dos millones anuales (13,9 en siete).

La aportación de los otros tres impuestos ambientales resulta testimonial en el mejor de los casos: el que grava el tráfico rodado hacia los hipermercados lleva cuatro años sin generar ingresos tras haberse movido en el entorno de los nueve y haber llegado a los 20,7 en 2018, el de las emisiones contaminantes se ha quedado en nada con el cierre de la central térmica de Andorra y, por último, el de los telesillas sale a devolver en el balance de los últimos ocho años.