La Justicia da la razón a los vecinos de El Dique, tras 50 años sin acceso a la red de agua municipal

50 años –que son los que, aproximadamente, tiene de vida el barrio– llevan los vecinos de El Dique, en Caspe (Zaragoza), sin acceso a la red de agua municipal. Algo que, presumiblemente, cambiará dentro de poco, porque el Ayuntamiento de Caspe deberá prestar en breve servicios básicos como el suministro de agua o de electricidad.

Así lo ha concluido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza en una sentencia en la que falla a favor de la asociación de propietarios y que obliga al Consistorio a que en un plazo máximo de 12 meses apruebe un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) y tres meses más tarde un cronograma de las actuaciones que deban realizarse en ese barrio caspolino, en el que habitan de manera permanente cerca de 200 personas y estacionalmente más de 600.

Hasta la fecha habían tenido que costearse con sus propios recursos el abastecimiento de agua, el suministro eléctrico o la limpieza de viales entre otros servicios. El juez da por bueno el recurso presentado por la asociación El Dique contra el silencio del Ayuntamiento de Caspe ante el requerimiento vecinal de la prestación de los servicios públicos obligatorios en este barrio periférico de la ciudad y situado junto al embalse conocido como el ‘Mar de Aragón’.

El juez reconoce el derecho de los vecinos de la urbanización El Dique “a disfrutar de un servicio municipal en lo relativo al suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, pavimentación y conservación de vías públicas, recogida de residuos sólidos urbanos, así como limpieza viaria”. Asimismo, le marca al Consistorio un plazo de 12 meses para prestar estos servicios a través del citado Plan Especial de Infraestructuras. Por último, el juez condena a costas al Ayuntamiento sin que puedan exceder en ningún caso los 2.000 euros.

Cabe recordar que el PGOU (Plan General de Ordenamiento Urbanístico) aprobado por el Ayuntamiento y la comisión provincial de Urbanismo de Zaragoza en 2015 considera necesario llevar a cabo en el núcleo de El Dique las conexiones a las redes municipales (estación depuradora de aguas residuales y abastecimiento) mediante la previa redacción de un PEI, sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo lo dispuesto en dicha normativa urbanística municipal.

Esta situación ha mantenido hasta ahora un estado de precaria situación a los vecinos de El Dique en lo referente a la prestación de servicios públicos municipales obligatorios, razón por la que el pasado 12 de junio de 2017 la asociación llevó a los tribunales, bajo la dirección letrada del abogado urbanista Javier Fanlo, al Ayuntamiento de Caspe ante su negativa por omisión de prestar los citados servicios públicos obligatorios.

La sentencia viene a reconocer que “la actitud omisiva del equipo de Gobierno municipal” se ha teñido de “desidia e ineficacia” en lo que atañe a la convocatoria del concurso para redactar dicho PEI llevada a cabo a finales de 2017, cuando ya estaba en marcha el proceso judicial, y que quedó desierto a pesar de haberla convocado mediante procedimiento negociado sin publicidad, “no solo por una nefasta tramitación sino seguramente, por contar con una dotación muy inferior al coste de este tipo planes, lo que motivó al desinterés de los gabinetes técnicos invitados”, señalan desde la agrupación de vecinos.

El Ayuntamiento volvió a realizar una nueva convocatoria en agosto de este año, cuando la tramitación judicial estaba ya prácticamente concluida, por lo que el propio magistrado augura en su sentencia un similar resultado fallido y decide poner plazo máximo de 12 meses a la aprobación del mencionado documento técnico que permita llevar a cabo las necesarias obras para la prestación de los servicios públicos municipales obligatorios, habilitando para ello un plazo de tres meses desde su aprobación para que el Ayuntamiento de Caspe realice un cronograma con las actuaciones necesarias.

La presidenta de la asociación de propietarios, Pilar Rodríguez, considera que la “desidia e ineficacia municipal” son las causas de “la prolongación en el tiempo de la falta de prestación de servicios obligatorios a los vecinos de la urbanización El Dique. Lo dice la sentencia de un juez que nos califica como vecinos de primera y no de segunda, y que recuerda que se nos debe prestar el agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación y conservación de vías públicas, recogida de basuras y limpieza viaria. No nos equivocamos cuando pedimos nuestros derechos. El camino ha sido muy duro y largo. Ahora toca avanzar y colaborar con el Ayuntamiento”, afirma Rodríguez.