El parlamento aragonés impulsa la Ley de Memoria Histórica autonómica tras pedir Vox que se derogue
Las Cortes de Aragón aprobaron esta semana una proposición no de ley que insta al Gobierno autonómico a desarrollar la Ley de Memoria Democrática de Aragón, aprobada hace poco más de un año. Para este impulso se pide que el Ejecutivo la dote de partidas presupuestarias “suficientes” y ponga en marcha una serie de medidas que el texto contemplaba, como la constitución de una comisión técnica de memoria democrática, un plan de acción y un centro de investigación.
La proposición vino este miércoles del diputado de Izquierda Unida Álvaro Sanz, y fue una respuesta a la que, en el mismo pleno y dentro del orden del día, presentó Santiago Morón, portavoz de Vox en la cámara autonómica -donde suma tres diputados-. El representante del partido de Abascal pidió la derogación de la Ley de Memoria Histórica de Aragón, en una comparecencia a la que el presidente de las Cortes, el socialista Javier Sada, dio paso “recordándoles a todos ustedes que este es el sitio de la palabra”; una advertencia de que esperaba turbulencias.
Y Morón hizo uso de la palabra sin dejar lugar a dudas de su sesgo ultraderechista, en línea con la estrategia nacional de su partido: calificó la Ley de Memoria, tanto nacional como autonómica, como “partidista y revanchista”, que borró “de un plumazo” la “generosidad” de la Ley de Amnistía de 1977. Para el diputado de Vox, la ley “abrió la puerta a reescribir la historia de España”, “con un evidente sesgo de izquierdas”. Y en su larga lista de agravios, llegó a decir que la normativa ataca “al desarrollo de la libre personalidad y la dignidad de las personas”.
Apoyo de PSOE, Ciudadanos, Podemos-Equo, CHA e IU; abstención de PP y PAR
Y tras la palabra llegó la palabra... y los votos que demostraron que el “evidente” sesgo de izquierdas de la ley en Aragón no era tal. Así, la propuesta de Vox fue rechazada por PSOE, Podemos-Equo, Ciudadanos, Chunta, IU y PAR -que, tras rechazar la ley el año pasado, ahora, como parte del Ejecutivo autonómico, ha virado en su defensa- y contó con la abstención de PP.
Puede que la jugada mediática le saliera bien a Vox, pero no fue así en términos parlamentarios. Así, a modo de respuesta, Álvaro Sanz (IU) defendió una proposición no de Ley de cinco puntos dirigidos al Ejecutivo presidido por el socialista Javier Lambán: adoptar todas las medidas necesarias para que “el desarrollo, aplicación y cumplimiento” de la ley “sea una realidad”; constituir, en el plazo máximo de un mes, la comisión técnica de Memoria democrática; llevar al Parlamento, en el plazo máximo de tres meses, el plan de acción de la Memoria Democrática; en el plazo de seis meses, proceder a crear el Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón que establece el artículo 25; y por último, instar a que se adopten las medidas oportunas para dotar de las partidas presupuestarias suficientes que aseguren el cumplimiento de las obligaciones establecidas.
Sanz accedió a la solicitud del diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez para votar por separado el punto referido al Centro de Investigación. De esta manera, los tres primeros puntos y el quinto fueron aprobados con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, Podemos-Equo, CHA e IU, las abstenciones de PP y PAR y el voto en contra de Vox. La propuesta del cuarto punto también salió adelante con los treinta síes de PSOE, Podemos-Equo y CHA, las abstenciones de PP, Ciudadanos y PAR y el voto en contra de Vox.
