Teruel tiene futuro con más coordinación en las inversiones, internet e incentivando el arraigo
No se trata solo de invertir, sino de invertir bien. Y parece que en Teruel, hasta ahora, no se ha hecho. Al menos no como se debería. El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, cree que se ha dedicado mucho dinero en los últimos años a obras “mediáticas”, pero a la postre “no se ha rentabilizado en puestos de trabajo” por la falta de una “autoridad independiente” que coordine todas las inversiones, tanto para los grandes proyectos como los pequeños: “Atajar la despoblación tendrá que ir con desarrollos mucho más locales, de la pequeña y mediana empresa”. Y también pasa por incentivar el arraigo de los profesionales en la provincia, ¿cómo?, por ejemplo, en el sector público, dando ventajas fiscales e incentivos.
Dolado presentó hace unos días este informe especial en Teruel, el primero que ha realizado desde que asumió el cargo, y lo hizo dando tirones de orejas. “La sociedad civil ha decidido actuar ante la lentitud, cuando no pasividad, o incorrecta actuación de las distintas administraciones”, dice en el documento. El ejemplo claro está en el movimiento ciudadano Teruel Existe, que ha salido a la gente a la calle para pedir inversiones en la provincia y, de manera especial, un compromiso con las comunicaciones ferroviarias. “Me parecen poco las manifestaciones en la calle”, decía el Justicia, dada la situación actual de la línea ferroviaria por Teruel.
Unas comunicaciones que sirven para conectar a la gente pero también para que se vaya, aclaraba, y por eso vuelve a hacer falta esa figura de coordinación. ¿Qué perfil?, ¿político o técnico?, “una persona que tenga la credibilidad suficiente para tener el principio de 'autoritas', por lo que es, por lo que ha sido, incluso si tiene cubiertas sus espaldas económicamente mejor”.
Debería ser una autoridad independiente, con “verdadera capacidad ejecutiva”, recoge el informe, “al margen de vaivenes políticos temporales”.
Señala también la necesidad de “establecer incentivos que potencien la residencia en las localidades en las que se preste servicio”, algo que Dolado plantea a través de beneficios fiscales e incentivos, del mismo modo que se recogen complementos de antigüedad. “Es lamentable que un viernes a las dos y media todos los funcionarios desaparezcan”, criticaba el Justicia que les pedía “coherencia personal” a quienes trabajan en Teruel y reivindican mejoras, pero luego no viven en la provincia.
Así, la libertad de residencia “es un derecho siempre y cuando se preste el servicio”, pero dudaba de que se preste “el mismo servicio cuando la vivienda está a 170 kilómetros de donde trabajas”. A partir de las entrevistas que ha realizado en el territorio, Dolado ponía como ejemplo el caso de Alcorisa, en el que hay profesores que llegaron desde fuera a vivir a la localidad y allí han tenido sus hijos y sus nietos.
En cuanto al papel de la Administración, cree que hay que designar recursos teniendo en cuenta que prestar servicios en determinadas zonas más despobladas es más caro y hay que prestar un “particular y especial tratamiento” en la provincia a sectores como la sanidad y la educación, de manera que “la situación demográfica no sea un elemento que prive a la población del acceso a los servicios que en zonas más despobladas se consideran habituales”.
Falta de colaboración
Javier Hernández, la persona designada por Dolado para elaborar el informe, explicaba durante la presentación en Teruel que hubo departamentos del Gobierno de Aragón que no contestaron a los requerimientos del Justicia, y tampoco ayuntamientos, entre ellos el de la capital turolense.
Criticaba también que la distribución de las partidas del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) se ha hecho sin participación ciudadana y Dolado añadía, en línea con lo planteado por el Tribunal de Cuentas, que estos fondos se han utilizado, además de para grandes proyectos como Dinópolis, el Aeropuerto de Teruel o MotorLand, para “dar respuesta a cuestiones que tenían que haber salido de presupuestos ordinarios”.
Considera el Justicia la puesta en marcha de estos grandes proyectos como “actuaciones acertadas”, pero cree que la lucha contra la despoblación pasa por “desarrollos mucho más locales, con pequeñas y medianas empresas”.
En su informe recoge también la importancia de constituir un lobby fuerte en Europa para conseguir recursos para las necesidades de la provincia, para paliar las carencias en infraestructuras pendientes, tanto el ferrocarril como las carreteras, y sobre todo para la extensión de la tecnología 4G, cuya carencia amenaza la continuidad de algunas empresas instaladas en la provincia. “Es la pescadilla que se muerde la cola: sin infraestructuras no hay empresas, y sin empresas no hay infraestructuras”.
Así que Dolado aboga por poner en marcha esos proyectos, como la Elevación de Aguas del Ebro en Andorra, sin esperar a que sea una cuestión de supervivencia del territorio, como ha ocurrido con el anuncio de cierre de la central térmica. “Era una muerte anunciada”, aseguraba, “pero se han perdido diez años”.
