El urbanismo de Teruel, atascado desde hace 30 años
Parece imposible que una ciudad de 35.000 habitantes lleve 30 años con el mismo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), redactado a partir de leyes preconstitucionales y para una ciudad que prácticamente hoy no existe. Es el caso de Teruel. Tras dos fiascos técnicos y políticos para renovar su Plan, el Gobierno municipal actual, del Partido Popular, se plantea partir casi de cero, buscando “el máximo consenso” de los grupos con representación en el Consistorio. Todos ellos llevaban en su programa electoral la necesidad de revisar el PGOU, pero todavía no está decidido, ni siquiera, si se realizará con fondos y personal propio o mediante una fórmula mixta, contratando la ayuda de una empresa externa.
Lo que sí parece claro es que no se volverá a sacar a concurso, tras la última experiencia de 2009: en un polémico Pleno se aprobó inicialmente la revisión del Plan sin contar con los informes de los técnicos municipales que debían dirigir los trabajos de la empresa externa contratada, Idom. El documento salió a información pública y recibió una avalancha de alegaciones, 750, que en muchos casos reclamaban cambios notables.
El equipo de gobierno de entonces, PAR-PSOE, con el aragonesista Miguel Ferrer al frente, dio luz verde a este documento justo un día antes de la aprobación de una nueva Ley Urbanística de Aragón, y lejos del modelo de ciudad compacta que predicaba la norma.
Este fiasco hace que todos los partidos apuesten por un modelo mixto para abordar ahora la revisión, que tendrá que empezar prácticamente de cero, como reconocía recientemente la nueva concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel, Emma Buj: “Es una buena base para empezar a trabajar” decía la edil, viendo el vaso medio lleno, puesto que el documento se aprobó en un momento en el que las perspectivas urbanísticas estaban lejos de las actuales.
Pero… ¿cuáles son los problemas para sacar adelante un documento en una ciudad tan pequeña? Uno de los más importantes es, sin duda, qué hacer con las edificaciones ilegales. En 2010, un informe de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio cifraba en 832 la cantidad de construcciones de este tipo en el entorno de la ciudad, a las que habría que sumar las de las pedanías. Y la cifra iba en aumento porque se seguía construyendo.
Se trata sobre todo de segundas residencias, construidas en suelo no urbanizable que, con un nuevo PGOU, se enfrentarían a sanciones y tendrían que emprender un plan de regularización -cuando fuera viable y siempre que el delito no hubiera prescrito- para construir una red viaria, la eliminación de las fosas sépticas y las cesiones de suelo obligatorias. Y los propietarios deberían sufragar los costes de urbanización.
Esto supone un bloqueo para el desarrollo del PGOU, como ya ocurrió en Zaragoza, tal y como reconocía hace no mucho el actual director general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, y durante años gerente de Urbanismo de la capital aragonesa, Carmelo Bosque.
El director general visitaba recientemente el Consistorio turolense con el propósito de ofrecer la colaboración de la Gerencia al Ayuntamiento para desatascar de una vez este documento, una “prioridad” en esta legislatura para el Ejecutivo municipal.
El nuevo Plan tendrá que solucionar también otro problema que ha lastrado al Ayuntamiento en los últimos años y es que la obtención de suelo para infraestructuras y equipamientos se ha realizado por expropiación (con el alto coste que supone para las arcas municipales) en lugar de a través de la gestión urbanística.
Ese es uno de los cambios recomendados por los técnicos municipales, además de apostar por una ciudad más compacta y sostenible, con un plan específico para el Centro Histórico o barrios más degradados de la ciudad. Como para casi todos los temas, los partidos se han fijado este mes de septiembre como arranque para comenzar a trabajar y que en esta legislatura el tercer intento para tener un nuevo Plan tenga éxito.
