Los profesores de Historia de la Universidad de Zaragoza solicitan que no se derogue la Ley de memoria democrática de Aragón

Los profesores de Historia contemporánea de la Universidad de Zaragoza han publicado un manifiesto en el que piden que se mantenga en vigor la Ley de memoria democrática de Aragón, “aprobada por una amplia mayoría en las Cortes, y considerada un texto legal moderado y razonable que busca cerrar las heridas del pasado no mediante su negación u olvido”. Entre los firmantes se encuentran algunos de los mayores especialistas del país en memoria democrática y la historia española del siglo XX, como Alberto Sabio o Julián Casanova. También firman el manifiesto profesores como Pedro Rújula, Miguel Ángel Ruiz Carnicer, Roberto Ceamanos, Ángela Cenarro o Ángela Cenarro o Carmelo Romero. Todos ellos, autoridades académicas en los movimientos políticos y sociales del siglo XX español, y con una larga trayectoria académica de prestigio internacional.

El actual Gobierno de Aragón, formado por el PP y Vox y con el apoyo del PAR, ha anunciado su intención de derogar la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria Democrática de Aragón, actualmente en vigor, aprobada por mayoría absoluta en las Cortes de Aragón. Ante este anuncido, 14 profesores y profesoras de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza se han unido en un manifiesto en el que argumentan la necesidad de mantener dicha ley por varios motivos.

Los firmantes de este manifiesto consideran que esta ley es un instrumento “necesario y eficaz” para construir “un futuro de convivencia”. Para apoyar este argumento recurren al propio texto de la ley, en el que se establece el objetivo de “construir la memoria democrática a partir del recuerdo del pasado traumático vinculado a la Guerra Civil y a la dictadura franquista y del más riguroso conocimiento histórico es el modo más firme de alimentar nuestra democracia de los principios morales que la fortalecerán frente a los discursos de la exclusión y la intolerancia”.

Enfatizan también los años de investigación que han dedicado para construir un relato sobre lo ocurrido en el siglo XX, “trabajo que ha facilitado también la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista frente al olvido y a las tesis revisionistas y negacionistas, que carecen de rigor, prescinden de datos y documentos y cultivan visiones sectarias y partidistas”.

Consideran que la derogación de la Ley supone la paralización de los protocolos de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión de la posguerra. También destacan su preocupación por la revisión de los currículos educativos por parte del poder político de cada momento, esto “preocupa especialmente a los profesores de Historia Contemporánea por cuanto se perciben serios desajustes entre el conocimiento historiográfico más avanzado y lo plasmado de forma sintética en algunos manuales escolares”.

En el último punto de su comunicado resaltan que la Ley de memoria democrática de Aragón se enmarca en el conjunto de principios redactados por Naciones Unidas (ONU) para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. A su vez, la Constitución española indica en su artículo 10 que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social, y que las normas relativas a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por España.

Los profesores consideran que los poderes públicos deben “garantizar el reconocimiento a todas las víctimas independientemente de su significación política, dejando de lado cualquier posicionamiento o perspectiva ideológica” y hacer “ frente a un pasado incómodo con rigor refuerza la democracia de un país”. Por esto, consideran que la Ley de memoria democrática trabaja en favor del avance del conocimiento histórico sobre “unos temas y problemas que, además de su indudable interés académico e historiográfico, afectan a la cultura cívica del conjunto de la sociedad aragonesa actual”.

El manifiesto promovido desde el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza está abierto a “ámbitos más amplios a los que afecta una derogación de esta norma de tanto calado social”.