“Quieren volver a enterrar nuestra dignidad”: PP y Vox ponen en peligro la memoria histórica aragonesa

El programa de gobierno de Partido Popular (PP) y Vox en Aragón, que desde este fin de semana conforman una alianza conservadora en la comunidad autónoma, presenta entre sus puntos principales la derogación de la Ley de Memoria Democrática que había entrado en vigor en febrero de 2019. Una medida que se toma con “preocupación” por parte de las asociaciones que han trabajado durante este periodo amparadas por un marco legal que ahora va a desaparecer y afectará, sobre todo, a las exhumaciones de fosas comunes registradas durante la guerra civil y el periodo inmediatamente posterior. El hallazgo de estos restos, su identificación y entrega a sus familiares más próximos se encuentran en peligro. “Quieren volver a enterrar la dignidad de las víctimas”, reflejan.

Así lo indican las 19 entidades memorialistas integradas en la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que ya habían denunciado previamente el “poco desarrollo” de la Ley 14/2018 de Memoria Democrática de Aragón. Señalan que “la memoria democrática es, además de un derecho democrático, una exigencia de la ciudadanía que aspira a una sociedad democrática, plural y diversa en la que sea un principio básico la garantía de no repetición del fascismo y sus consecuencias”.

También, “la base fundamental para desarrollar los valores de una sociedad que convive en paz, que respeta la pluralidad y la diferencia y que recurre a fórmulas democráticas para resolver los posibles problemas”. Y “patrimonio de la ciudadanía, no es patrimonio de ningún partido político y, lejos de ser un problema que la derecha reaccionaria quiere erradicar, es una aportación que eleva el nivel de una democracia”. La PAMA entiende que se han de garantizar los derechos de las víctimas del franquismo como “elemento imprescindible para avanzar en democracia”.

Con esta marcha atrás, el ejecutivo autonómico dejará de prestar un apoyo económico a las exhumaciones, los estudios antropológicos y los análisis genéticos de los restos hallados en fosas comunes, bien en cementerios o en otros espacios estudiados a lo largo del tiempo por asociaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que inventarió con el respaldo del Gobierno de Aragón y del programa Amarga Memoria la existencia de 1.026 fosas comunes de la guerra y la posterior dictadura difuminadas por todo el territorio aragonés.

Supuso un ingente trabajo de localización, visita y estudio de los enterramientos. Asimismo, en la medida de lo posible, se documentaron las circunstancias históricas y las víctimas vinculadas con cada uno de ellos mediante información oral o publicaciones. La ley estatal supone un paraguas para que estos trabajos se puedan seguir realizando, aunque se enfrentarán a la traba de la falta de financiación autonómica. También se pondrá coto, según insisten estas asociaciones, a la eliminación de símbolos, denominaciones y nombres franquistas de las calles de las ciudades y pueblos aragoneses.

En un comunicado firmado por los organizadores de las Jornadas de Lucha y Represión Durante el Franquismo, de carácter anual, se refleja que “hay acuerdos políticos que denigran, que escombran el camino que nos permite ir hacia delante, que frenan el progreso y la decencia. Partido Popular y Vox acaban de suscribir uno de esos acuerdos en los que, entre otras regresiones sociales, culturales y económicas, proponen derogar uno de los instrumentos con los que por fin cuenta nuestra comunidad para devolver la dignidad y la justicia a todos quienes todavía tienen pendiente encontrar un lugar entre nosotros, después de haber sido expulsados de nuestra sociedad y de nuestro recuerdo durante tantos años de ignominia”.

La Ley de Memoria Democrática impulsada por Javier Lambán había sufrido un recorte en 2023, quedándose en la mitad de la partida que se había fijado para el año anterior: 262.000 euros. La Diputación de Zaragoza aporta en torno a 150.000 euros, mientras que las de Huesca y Teruel no la contemplan en sus cuadros presupuestarios. Solo para realizar el análisis genético de los restos de un represaliado pueden necesitarse mil euros, y la cifra aproximada de aragoneses enterrados en esta clase de emplazamientos puede alcanzar los 10.000.

La ley también incluye la obligatoriedad de eliminar todo vestigio franquista, so pena de que los ayuntamientos que se negasen a hacerlo perdieran el acceso a subvenciones de naturaleza autonómica. Se puso en marcha un protocolo de exhumaciones y la creación de un depósito de ADN homologado mientras el PP discutía su concepción desde el origen. La diputada popular Ana Alós ha tildado la ley de “sectaria e incompleta”, por lo que “votamos en su contra en su día” y es “perfectamente posible su derogación. Después ya veremos qué se puede hacer”.

En 2014, cuando era alcaldesa de Huesca, Alós facilitó el levantamiento de memoria de las víctimas de la represión franquista en el parque de los Mártires de la Libertad. El texto original de la ley, discutido por las derechas, indicaba que su objetivo era “facilitar la recuperación de la memoria individual y colectiva de las víctimas del golpe de Estado de 1936, de la guerra civil y de la dictadura franquista”; un deseo compatible “con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana”, lo que incluía la “exhumación e identificación por parte de descendientes de las personas asesinadas”.