El sector agrario valora las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros: “Habrá cierta tranquilidad, pero estaremos vigilantes”

Los profesionales de la agricultura seguirán recibiendo la ayuda directa de hasta 20 céntimos por litro en combustible. Una medida que ha sido recibida de manera muy positiva en el sector. La aplicación de esta ayuda supondrá un coste de 240 millones de euros que asumirá el Estado, y la recuperación de este dinero en carburantes, por parte de los agricultores, se llevará a cabo mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, una solución que a los profesionales del campo les parece adecuada y necesaria porque, aunque saben que tendrán que “adelantar el dinero en combustible” consideran que el impuesto de hidrocarburos es “una estructura que conocemos y que está funcionan bien”, asegura José María Alcubierre, secretario general de la UAGA. Sobre esta primera medida, Alcubierre añade que “traerá cierta tranquilidad al sector porque lo que no habríamos podido asumir hubiera sido el incremento de los 20 céntimos por litro, ya que nuestra maquinaria tiene un alto consumo de gasóleos agrícolas”. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Aragón -UPA- consideran que el Gobierno “ha escuchado” las demandas que venían haciendo desde el sector, castigado por los altos costes de producción “derivados del incremento en el precio de los combustibles y los fertilizantes, que han lastrado con dureza la economía de los profesionales del campo en Aragón y en España” , añaden. La organización celebra que se mantenga el ahorro de 20 céntimos por litro “sin fecha tope” añaden, y dan un paso más allá haciendo un llamamiento a la industria petrolera para que “acaben con la especulación en los precios del petróleo” , apunta José Manuel Roche, secretario general de la organización en Aragón. Consideran que “los motivos por los que se vieron obligadas a incrementar los precios, ya no existen en la actualidad” y urgen que el mercado de los carburantes vuelva a los precios “normales” previos a la situación de conflicto. 

300 millones en ayudas directas

El gobierno de España también destinará 300 millones de euros en ayudas directas a los agricultores para compensar el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes. Una medida que ha sido acogida de manera positiva entre los profesionales del sector agrario aragonés, tal y como confirma el secretario de UPA, José Manuel Roche. Aunque no está ausente de cierto recelo, como apuntan desde el sindicato agrario UAGA que advierte de que todavía tienen que “leer la letra pequeña de los 300 euros que van destinados a condonación de abonos, porque en el caso del gasóleo vemos que la medida está claramente orientada a la agricultura social y familiar, pero en el caso de los fertilizantes no lo está tanto”, apunta José María Alcubierre. 

Además, desde UAGA-COAG piden que, parte de los 300 millones anunciados por el Gobierno central “se destinen a sectores vulnerables como el apícola, el cunícola y la ganadería extensiva. Los apicultores no tienen tractores, pero sí tienen camiones para hacer sus trashumancias, y es un sector donde la pseudo miel está haciendo mucho daño”, recuerda Alcubierre.  

Sin IVA, pero con vigilancia

El tercer paquete de medidas aprobado por el Consejo de ministros, con el fin de paliar el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española, contempla la supresión del IVA en alimentos de primera necesidad como el pan, las harinas panificables, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas y los cereales, durante un periodo de seis meses. En el caso de los aceites y la pasa, el tipo del IVA pasará del 10% al 5%, durante el mismo periodo de tiempo. 

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se muestra satisfecha con esta bajada en el impuesto ya que consideran que “ayudará a reducir la presión que sufren muchas familias debido a la inflación”. Eso sí, piden al Gobierno que “se asegure” de que la bajada y la supresión de IVA anunciados “sirvan realmente para beneficiar a los consumidores, y que no haya pretensiones por parte de la distribución o de la industria de incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, restando a los agricultores y ganaderos ese dinero en la compra de sus productos” un hecho que convertiría al sector, una vez más, “en el pagano de esta situación”, apunta la organización.  

Una postura similar es la que mantiene UAGA ante esta medida de reducción y eliminación del IVA. Por una parte, reconocen que apoyarán “todas las medidas que incentiven el consumo” y que ayuden a la población, pero por otra parte advierten que estarán “expectantes” para ver cómo funciona esta medida temporal y “analizarán si es la Ley de la Cadena, la que ha fallado”, añaden. 

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en rueda de prensa que las rebajas del IVA y las ayudas a los agricultores se trasladarán “de manera directa e inmediata a los precios de los alimentos, incluyendo esta obligatoriedad en el real decreto que se apruebe”. 

Distribución realista de los fondos a PERTES

Los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica -PERTE-, que tienen un importante potencial de arrastre en la economía española, van a servir de apoyo a la industria gasintensiva con 3.100 millones de inversión pública a través del nuevo PERTE de descarbonización industrial, anunciada entre las medidas del Gobierno. Desde UAGA consideran que los PERTE son una herramienta importante, pero critican; por una parte, la implantación que se está haciendo de ellos en el territorio, “se puede hacer un uso adecuado o torticero de estos proyectos” y pone como ejemplo el caso de las tierras calcinadas en Ateca tras el incendio de este verano donde, según el criterio de UAGA, sería más adecuado “hacer una ordenación de la producción agraria de manera útil, subvencionada al principio por los fondos destinados a la descarbonización, que revitalizara la zona del Manubles”, explica el secretario general. Y, por otra parte, censuran que sea en los PERTE donde están “los mayores importes de las medidas anunciadas” y reclaman que se haga una distribución más realista de esas partidas económicas.