Aragón sin desahucios denuncia la “falta de voluntad política” para ayudar a las familias vulnerables

El pasado 4 de noviembre la Coordinadora de Vivienda de Aragón que impulsa la campaña “Aragón sin desahucios” se reunió con José Luis Soro, Consejero de Vivienda de Gobierno de Aragón. Una reunión en la que las plataformas le trasladaron la situación de emergencia que viven miles de familias aragonesas, entre ellas varias decenas organizadas en las plataformas. De hecho, el 30 de octubre, 40 familias y personas en situación de desahucio reclamaron su derecho a la alternativa habitacional por escrito a la administración aragonesa. “Ante los inminentes desahucios difundidos por la Coordinadora en la Lista de la vergüenza, no existe voluntad política alguna de atajarlos por parte de la Consejería competente del Gobierno de Aragón”, aseguran en una nota de prensa desde Aragón sin desahucios.

La campaña pide que se aplique la ley “10/16” que reconoce el derecho a la alternativa habitacional de las familias vulnerables, derecho en el que redunda la Orden Ministerial del 11 de abril de 2020. “Reiteramos a las administraciones públicas aragonesas y españolas que los desahucios sin alternativa habitacional han sido catalogados por los organismos internacionales como una grave vulneración de los Derechos Humanos”, explican.

Desde la plataforma aseguran también que el Gobierno de Aragón no “ha cumplido con su obligación de dar solución a las familias vulnerables afectadas por desalojos forzosos”. “De la misma forma recordamos al Gobierno de España que cada día que pasa decenas de familias son desahuciadas sin una respuesta adecuada por parte de Comunidades Autónomas (como la aragonesa). Es urgente una moratoria de desahucios para todas las familias vulnerables”.

“La intención es contar con una partida para adquirir viviendas para destinarlas al alquiler social”

José Luis Soro ha señalado que se asume el compromiso de seguir cumpliendo la ley 10/2016, de medidas de emergencia en el acceso a la vivienda, “una ley de la que se dotó Aragón y que, en el artículo 19, recoge que los poderes públicos proveerán de una alternativa habitacional a las personas que de buena fe y en situación de vulnerabilidad se vean privadas de una vivienda” ha explicado Soro. Tal y como ha señalado el consejero se seguirá haciendo “teniendo en cuenta que la vulnerabilidad sea acreditada por los servicios sociales”. El consejero ha explicado la necesidad de contar con más viviendas para dar esta respuesta y ha señalado que “en Zaragoza ciudad no contamos con viviendas vacías que sirvan para familias numerosas y eso es un problema que intentamos solucionar ofreciendo viviendas en otras localidades”.

“La intención es contar con una partida para adquirir viviendas para destinarlas al alquiler social para ampliar el parque de vivienda, especialmente en la ciudad de Zaragoza”. Además, Soro ha anunciado que el año que viene se pondrá en marcha un nuevo programa vinculado al Plan de Vivienda Estatal, el programa 3, que servirá para dar una prestación económica a las familias de manera que puedan hacer frente al alquiler y resolver su situación habitacional. Se trata de una de las medidas que también solicita la Coordinadora de Vivienda de Aragón.

Soro se ha referido también a otros temas trasladados desde la coordinadora, que no dependen del Gobierno de Aragón pero en los que es necesario trabajar. Son cuestiones como la intervención en el mercado del alquiler o revisar la actual regulación de la moratoria de los desahucios, que en estos momentos se aplica a las causas derivadas del Covid19. Soro ha recordado que “ya en 2015 intentamos aprobar una moratoria general para parar los desahucios por impago del alquiler hasta que se ofreciese una alternativa habitacional pero el Tribunal Constitucional dijo que no era competencia autonómica”.

La coordinadora insiste en que la “responsabilidad de proveer vivienda a estas familias, que se van a ver en la calle en una clara situación de vulnerabilidad, es de la Consejería de Vivienda. No nos sirven las excusas basadas en la falta de coordinación entre administraciones, ni promesas de medidas que en todo caso llegarán ya muy tarde”.