La Audiencia Nacional encarece 800.000 euros la variante de Binéfar nueve años después de abrirla

La Audiencia Nacional ha encarecido en algo más de 800.000 euros el coste que la variante de la A-22 a su paso por Binéfar tuvo para el Gobierno central al considerar que algunos trabajos realizados por la UTE que la ejecutó no habían sido liquidados y al estimar que los retrasos que siguieron a la suspensión de los trabajos por los recortes de 2010 provocaron diversos perjuicios a las constructoras.

No obstante, la sentencia, recurrible ante el Supremo, recorta notablemente las pretensiones iniciales de la UTE que formaban Cyopsa-Sisocia y Obras Públicas y Regadíos, que reclamaban una indemnización de 5.054.683 euros, más la revalorización de esa cifra desde que entregó la variante, “por obra que considera efectuada y no retribuida más indemnización de daños y perjuicios por retrasos”.

La resolución también rechaza el criterio de la Abogacía del Estado, que únicamente admitió que las constructoras debían ser indemnizadas por el coste de un estudio geotécnico sobre unos terraplenes y por el sobrecoste que les supuso haber mantenido activos más tiempo del inicialmente previsto una serie de avalen bancarios.

Finalmente, de confirmarse la sentencia, la variante de Binéfar habrá salido por algo más de sesenta millones de euros una cifra notablemente superior a los 57 por los que salió a licitación y que supera en más de un 58% a los 38 por los que fue adjudicada.

Más costosa y tardía de lo previsto pese a la rebaja contractual

La UTE de Cyopsa-Sisocia y Obras Públicas y Regadíos demandó al Estado en septiembre de 2013, unos meses después de que el Ministerio de Fomento hubiera descartado por silencio administrativo su reclamación inicial, de 5,82 millones de euros.

Esa reclamación fue formulada por las constructoras unos meses después de que en enero de 2012 la Dirección General de Carreteras hubiera informado favorablemente una certificación final de las obras por 50,63 millones, a la que luego le fue añadida una adenda “por importe de 4.232.900,66 euros más otros 4.305.881,71 euros” en concepto de revisión de precios.

Las obras habían sido adjudicadas en julio de 2007 a la UTE por 38,8 millones de euros “sobre un presupuesto de contrata de 57” y para ejecutarlas en 29 meses sobre una previsión inicial de 36.

Es decir, que el Estado las contrató por apenas dos terceras partes de lo previsto para tenerla disponible en cuatro quintas partes del tiempo previsto. Pero, en realidad, acabaron saliéndole un 4% más caras para que se le entregaran dieciséis meses después de lo planificado.

Un parón de entre dos semanas y cinco meses

Las obras comenzaron el 5 de diciembre de 2007 y deberían entregarse en mayo de 2010. Sin embargo, los coches no comenzaron a circular por la variante de Binéfar hasta entrado septiembre de 2011.

“Durante del desarrollo de los trabajos se vio la necesidad de ejecutar ciertas tareas no incluidas en el proyecto adjudicado, lo cual dio lugar a la correspondiente tramitación de una modificación de obras”, narra la sentencia, aunque ese incidente “solo” elevó el precio en ocho millones y amplió el plazo de entrega en otros tantos meses.

A eso se le suman los efectos de los recortes en infraestructuras de 2010, cuya valoración ofrece un abanico de entre dos semanas y cinco meses según al criterio de qué parte del pleito se atienda: la de las constructoras sostiene que debe ser indemnizada por “los daños y perjuicios soportados como consecuencia de la alteración del ritmo de ejecución de las obras por causas ajenas al contratista”, mientras que el Consejo de Obras Públicas, al que finalmente atiende el tribunal, concluye que “únicamente existió el periodo de suspensión de 13 días” y que este “fue una decisión unilateral del contratista”.

No obstante, el grueso de la indemnización que le adjudica la Audiencia Nacional, 419.920 euros de 805.224, tiene su origen en los “costes indirectos relacionados con la mayor duración de la obra” que acabó sufriendo.