Condena al Gobierno de Azcón por negar una mastectomía a un joven trans: deberá pagar los 6.190 euros de la operación

El titular del Juzgado de lo Social nº8 de Zaragoza ha condenado al Gobierno autonómico a pagar una operación de mastectomía a un menor trans que el joven tuvo que llevar a cabo en una clínica privada tras ser rechazado por el Servicio Aragonés de Salud. El magistrado cree que sí se cumplían los requisitos para la intervención y la asociación Euforia cree que la sentencia “abre una puerta” para exigir otros tratamientos quirúrgicos demandados por el colectivo.

La sentencia, dictada el 27 de abril de 2026 por el magistrado José Antonio Izuel Gastón, condena al Salud a reintegrar 6.190 euros, el coste de una mastectomía masculinizante practicada en diciembre de 2023 en la clínica privada Viamed Montecanal. El joven tenía entonces 16 años y el sistema público aragonés le había cerrado la puerta meses antes con un argumento único: la operación no estaba contemplada para menores de 18 años.

El recorrido del caso por la Sanidad pública había comenzado dos meses antes, en octubre de 2023, cuando el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario Miguel Servet atendió al joven –que ya se identificaba a sí mismo como hombre desde los 12 o 13 años (cambió su nombre mediante auto judicial en 2022), que cuenta con el apoyo familiar y que lleva años bajo seguimiento de salud mental– y lo inscribió en lista de espera quirúrgica para la mastectomía. Semanas después, sin embargo, el mismo cirujano le trasladó que la intervención no estaba amparada en menores por parte del sistema público. Ante esa respuesta, la familia optó por la sanidad privada.

El magistrado considera ahora que esa negativa no tenía respaldo legal. Hay que recordar que Aragón cuenta con una legislación propia, la Ley de Identidad y Expresión de Género de 2018 –impulsada en el primer Gobierno del socialista Javier Lambán–, que reconoce expresamente a los menores trans el derecho a recibir “el tratamiento médico que precisen para su bienestar conforme a su transexualidad” y que obliga al sistema sanitario público a proporcionar, entre otras prestaciones, la “masculinización de tórax”.

El propio protocolo WPATH –el estándar de referencia seguido por los profesionales de salud de Aragón– admite la mastectomía en adolescentes a partir de los 16 años “en casos excepcionales, siempre tras una evaluación multidisciplinar prolongada, con consentimiento informado tanto del menor como de sus tutores legales, un historial persistente de años de evolución de incongruencia de género y un acompañamiento psicológico continuado”.

Así, la sentencia concluye que el joven cumplía todos esos requisitos, y el hecho de que el propio cirujano lo inscribiera en lista de espera así lo evidenciaba. “No había amparo legal para denegar la mastectomía al demandante”, zanja el juez de lo Social.

El fallo es susceptible de recurso pero el Salud aún no ha anunciado si dará este paso.

Alcance más allá del caso

El abogado Saúl Castro considera que la resolución tiene un alcance que va más allá del caso concreto: la edad, advierte, es “uno de los argumentos discriminatorios que los servicios sanitarios suelen utilizar para posponer o negar tratamientos, generando gran sufrimiento en las personas que los precisan”.

En la misma línea, Natalia Aventín, presidenta de Euforia –la asociación de familias trans que acompañó al joven y a su madre durante todo el proceso–, apunta al origen estructural del problema: “El desconocimiento de la regulación, los prejuicios y la ausencia de protocolos juegan en contra del colectivo”.

Además, la sentencia –recurrible ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón– abre una puerta según Euforia “a exigir que otros tratamientos e intervenciones quirúrgicas demandadas por las personas trans, que son sistemáticamente pospuestas con argumentos jurídicos inconsistentes, sean realizadas en los servicios sanitarios de forma diligente”.