La elevación de agua del Ebro a Andorra sigue seca 17 años y 25 millones después
“Diecisiete años más tarde e invertidos 25 millones de euros, el proyecto más ambicioso del plan MINER presenta un grado total de ineficiencia al no haberse concluido”, señala la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la elevación de aguas del Ebro a Andorra, que sigue sin entrar en funcionamiento “ya que falta ejecutar la segunda fase” mientras la mancomunidad creada para construir esta infraestructura “se encuentra desde el 2012 sin actividad ninguna” y ni siquiera “ha incluido en su inventario las obras realizadas en la fase I”.
La cosa está parada desde hace casi una década, ya que “desde 2011 no se ha realizado la segunda fase de la obra que, inconclusa, no presta el servicio para el que se proyectó”, añade la Cámara.
El órgano de fiscalización se refiere a esta obra, vendida en su día como una de las panaceas laborales del Bajo Aragón ante el declive del carbón, como uno de los paradigmas del Plan MINER, una iniciativa impulsada hace ya más de veinte años para reconvertir el decadente sector del carbón y cuyos resultados son más que cuestionables: 403 millones invertidos y 2.012 empleos creados, a 200.198 euros el puesto de trabajo, mientras la provincia de Teruel perdía un 3% de su población y las Cuencas Mineras un 21%.
Gastar el 90% del plan sin resultados prácticos
Los datos figuran en el informe de fiscalización del MINER, que reseña como las otras dos obras estrella, cada una de ellas con un presupuesto inicial de algo más de 27 millones, el recrecimiento del pantano de Santolea, que sigue en fase de proyecto a cargo de la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) mientras problemas geológicos han obligado a replantear la actuación, y el embalse de Las Parras, en Martín del Río, que sigue sin suministrar agua para regadío mientras cubre la demanda de boca y la industrial de la zona.
La elevación de aguas del Ebro estaba presupuestada en 27 millones de euros, lo que significa que se ha consumido más del 90% del presupuesto sin resultados prácticos, que consisten en “asegurar el suministro de agua a las actividades industriales, agrícolas y residenciales de los municipios de Alcorisa, Albalate del Arzobispo, Alloza, Andorra y Ariño”.
Sin embargo, y en caso de que lleguen a materializarse, esas previsiones van a dispararse hasta casi el doble. La inversión alcanzó los 25.057.000 euros en la primera fase, ejecutada entre 2004 y 2011. Y, tras dos años de parálisis administrativa, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente acordaron en 2013 que este último asumiría los trabajos, que a día de hoy no tienen fecha de inicio.
¿Otro monumento al derroche de dinero público?
“El IAA [Instituto Aragonés del Agua] realizó el estudio previo y [el] proyecto constructivo”, señala la Cámara de Cuentas, mientras que “la redacción del proyecto y [la] tramitación ambiental se realizaron entre 2014 y 2016”.
Sin embargo, añade, “la tramitación estatal no ha concluido y no hay fecha cierta de inicio de la construcción de la segunda fase, cuyo coste se calcula en torno a 21 millones de euros por el Ministerio de Transición Ecológica”.
Si llega a ejecutarse, esos 46 millones habrán supuesto más de un 11% del total de los fondos públicos movilizados por el MINER. Si no, conllevarán que el 6% de ese programa, más lo que hayan costado los trabajos técnicos y los estudios desarrollados en esta década, habrán sido invertidos en otro de esos monumento al derroche que pueblan el paisaje aragonés, junto con el surrealista telesilla de la Expo (hoy sin cabinas), el tembloroso y costoso embalse de Montearagón, los infrautilizados pantanos de El Val y de Lechago, la hueca Torre del Agua de la Expo y, también, el desierto aeropuerto de Huesca o aquel puente ruinoso (económicamente) que fue rimbombantemente bautizado y licitado como “la primera autopista autonómica”.
