El Justicia investiga si son adecuados los EPI que el Gobierno de Aragón da a los maestros

El Justicia de Aragón ha abierto una investigación para tratar de determinar si los EPI (Equipos de Protección Individual) que el Gobierno autonómico está enviando a los centros educativos de la comunidad resultan adecuados para proteger a los trabajadores del sistema educativo frente al riesgo de contagio por coronavirus durante su desempeño laboral.

El ombudsman o defensor del pueblo autonómico ha iniciado las actuaciones tras recibir una queja firmada por varias decenas de maestros y profesores de centros educativos de las comarcas pirenaicas que llevan meses reclamando el envío de mascarillas tipo FPP2 mientras los responsables de Prevención de Riesgos Laborales sostienen que con las de tipo quirúrgico reutilizable es suficiente. El precio de ambas es similar, de entre 60 y 70 céntimos según dónde se adquieran.

El Justicia ha reclamado a las consejerías de Educación y de Hacienda del Gobierno de Aragón, la primera como responsable de la red de centros educativos y la segunda por depender de ella el servicio de Prevención de Riesgos, “que es quien indica los repartos de material para hacer frente a la covid-19, cadencias y material que se debe suministrar”, que le informen sobre su posición.

Concretamente, el requerimiento pide a las consejerías que le especifiquen “qué material hay previsto remitir a los centros educativos”, le indiquen “a qué colectivo van destinados” esos EPI y, también, “cuáles son los envíos realizados hasta la fecha”.

El Ministerio de Sanidad recomienda la FPP2 como EPI

La queja viene motivada por la negativa de los servicios de Prevención de Riesgos Laborales a facilitar mascarillas de tipo FPP2, que son, junto con las FPP1 y FPP3, las que el Ministerio de Sanidad recomienda como EPI “fundamentalmente para su empleo por profesionales para crear una barrera entre un riesgo potencial y el usuario. También pueden estar recomendadas para grupos vulnerables por indicación médica”.

La finalidad de esos modelos, entre los que Sanidad aconseja específicamente el FPP2 “para la protección contra la covid-19”, consiste en “filtrar el aire inhalado evitando la entrada de partículas contaminantes en nuestro organismo”.

El ministerio las considera de “uso preferente por profesionales”, si bien con la advertencia de que “no necesitas este tipo de mascarillas para protegerte de contagio, a no ser por indicación médica”, en tres casos: “si no eres profesional, no estás en contacto con el virus o no tienes actividades de riesgo relacionadas con el covid-19”.

Con una vida útil de en torno a cuatro horas, protegen al usuario y a quien se encuentra a poca distancia de él si carecen de válvula de exhalación, dispositivo que elimina esa segunda opción, y se adquieren en farmacias, establecimientos especializados y grandes superficies.

La DGA limita el uso de FPP2 al contacto con sintomáticos

Sin embargo, el Servicio de Prevención de la DGA no considera necesario su uso para proteger al personal docente y no docente de los centros de enseñanza “en función de los riesgos inherentes a cada una de las categorías profesionales”, según una comunicación de la delegada de Educación en Huesca, Olga Alastruey.

La carta señala que la guía de medidas preventivas ante la covid-19 en centros de enseñanza no universitaria prescribe “con carácter general” y para “todas las trabajadoras y trabajadores” el uso de mascarilla quirúrgica reutilizable, a la que se debe añadir el uso de pantalla facial en caso de trabajar con niños exentos de utilizar protecciones, caso de los usuarios de guarderías, los alumnos de segundo ciclo de educación Infantil y otros “susceptible de no llevarlas”, y el de guantes desechables “para situaciones de contacto físico con el alumnado”.

Las FPP2, añade, “únicamente están prescritas” para centros y aulas de educación especial y, en el resto de la red de enseñanza, para trabajadores sanitarios, aunque la consejería “ha realizado una dotación” de FPP2 “a los centros docentes para que el personal, docente o no, que tenga que atender a alumnos o trabajadores sintomáticos.