STEPA critica que el curso escolar arranca en Aragón con plazas sin cubrir de forma estable en Infantil y Educación Especial

El sindicato STEPA denuncia que aunque las clases comienzan en Aragón el próximo día 8, estarán todavía sin cubrir, de manera estable, numerosas plazas en puestos como son los de Auxiliares de Educación Especial, que se ocupan del cuidado del alumnado con discapacidad sensorial, física o intelectual; y los Técnicos de Educación Infantil, que trabajan con niños menores de seis años.

STEPA señala que los 54 Auxiliares de Educación Especial que lograron la estabilización por concurso de méritos pasaron el reconocimiento médico en mayo, pero su incorporación a las aulas como funcionarias en prácticas está prevista en torno al Pilar, según se comprometió el director general de Función Pública con una representación de las personas afectadas. También otras 47 que superaron la estabilización por concurso oposición se incorporarán el 10 de septiembre. Ambos nombramientos se hacen en destino provisional y unido al reciente llamamiento de agosto de más de 400 puestos de esta especialidad “refleja la precariedad e inestabilidad que afecta a las trabajadoras y al servicio que prestan a los niños con necesidades especiales”.

Por otro lado, 51 Técnicos de Educación Infantil, también se incorporarán a las aulas el 15 de septiembre, tras la primera semana de adaptación, según consta en la convocatoria publicada este martes en la nueva plataforma de llamamiento de interinos. Estos contratos ya iniciadas las clases suponen casi el 30% del total de la plantilla, lo que para el sindicato es “una clara muestra de ineficacia, injustificable dada la clara programación del calendario escolar. Se demuestra la total falta de planificación por los responsables de gestión del personal”.

“Todos los meses tenemos nuevos ejemplos de la deriva en materia de Función Pública y del deterioro de los servicios públicos con este Gobierno de Aragón, pero este caso es especialmente grave porque afecta al alumnado con más necesidades”, ha concluido STEPA.

STEPA alerta especialmente del problema que supone la superposición de procesos de auxiliares de educación especial, que afecta al destino de cientos de trabajadoras. “Es intolerable el maltrato a un sector feminizado que tuvo que asumir durante los momentos más duros de la pandemia el cuidado de nuestros mayores en las residencias COVID y que ha realizado de manera intachable su trabajo durante décadas”.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón subraya que las familias y educadores se enfrentan “a un inicio de curso problemático por la pésima gestión de personal y falta de previsión del Ejecutivo de Jorge Azcón y el PP que asumió la hoja de ruta del anterior ejecutivo y resto de sindicatos que la aceptaron. Es intolerable la elevada temporalidad existente que unido a un retraso en el llamamiento hace que el servicio prestado se vea afectado”.

El sindicato reclama que la futura Ley de Función Pública de Aragón, cuya tramitación ya ha iniciado el Gobierno autonómico, sirva para abrir una nueva etapa en el empleo público, con oposiciones suficientes y en plazo, y “más estabilidad, igualdad y eficiencia”. Además, demanda que “dé solución a una de causas principales de esta situación, el incumplimiento por el Ejecutivo autonómico de las leyes que obligan a sacar a concursos de estabilización todas las plazas de los empleados públicos víctimas del abuso de temporalidad”.

Como ejemplo, STEPA ha señalado que las 54 auxiliares de Educación Especial que han consolidado su plaza por concurso de méritos son “solo una pequeña parte de las más de 300 que cumplen con los requisitos de la Ley estatal 20/21 para tener derecho a esta opción: llevar más de tres años trabajando como funcionarias interinas. Sin embargo, el Gobierno de Aragón las ha dejado fuera, sin justificación e incumpliendo su propia Ley de Presupuestos de 2024, que obliga a mapear estos puestos”.

Así ha reclamado al Gobierno de Aragón a rectificar y ampliar las plazas de estabilización, como el mejor sistema “para cumplir la ley y evitar sanciones europeas por la intolerable tasa de temporalidad, cercana al 50%, en la Administración autonómica; no dilapidar el conocimiento de muchas trabajadoras de larga experiencia y dedicación; y garantizar unos servicios públicos de calidad”.