“XX meses”: un error en los pliegos del Parque de Atracciones de Zaragoza deja en el aire la penalización por retrasos

El retraso en la apertura del Parque de Atracciones de Zaragoza supondría un “incumplimiento muy grave” en las condiciones establecidas en el pliego del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa gestora. Sin embargo, debido a un error en la redacción, el documento no especifica el tiempo exacto de demora al haber dejado el plazo máximo como “más de XX meses”.

La garatía con la que cuenta el Ayuntamiento, en caso de incumplimientos de los pliegos, es de 600.000 euros, un 4% de los 15 millones de euros requeridos como inversión inicial mínima. Según las condiciones del contrato, dicha garantía debe ser incautada por la administración en la mayoría de los supuestos de extinción de la concesión por incumplimiento del contratista. Sin embargo, al no existir una cifra concreta de meses, el Consistorio se queda sin base técnica para ejecutar estas sanciones.

El error se localiza dentro de la Cláusula 25 dedicada al Régimen de Penalidades. Según el texto oficial, las infracciones categorizadas como muy graves conllevan multas que oscilan entre los 7.001 y los 20.000 euros, además de ser una causa directa para la extinción de la concesión. Los mismos pliegos recogen una serie de causas por las que se extinguiría el contrato con la empresa. La octava es la “comisión de cualquiera de los incumplimientos calificados como muy graves”, como sería el retraso en la apertura. Sin embargo, al no estar establecido el número de meses de dicho retraso, esta causa pierde efectividad, ya que el Ayuntamiento no podrá utilizarlo como causa de extinción.

Estos pliegos fueron calificados por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, como “demasiado exigentes”. Explicó que el documento planteaba la renovación de un parque envejecido, la ampliación de su superficie e incluía nuevas atracciones, un parque acuático, espacios inmersivos y un área destinada a eventos. Además, el Plan Económico-Financiero sobre la modernización del parque, que sirvió de base para fijar los mínimos de la licitación, solo es accesible para los licitadores “previa solicitud de acceso al expediente” ante la Oficina de Gestión del Espacio Público.

La alcaldesa de Zaragoza recordó hace unas semanas que, si no se llega a un acuerdo, la nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Sin embargo, al no estar establecido en los pliegos el número de meses que se retrasase la apertura, esto no sería un motivo para recuperar dicho aval.

La nueva concesión está formada por dos partes: Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo. Debido a la falta de entendimiento entre las empresas, el Ayuntamiento ratificó el 1 de abril la continuidad del anterior concesionario para intentar evitar la interrupción del servicio. Por el momento, el recinto está abriendo de forma limitada para las comuniones y eventos ya agendados. La adjudicación del nuevo parque de atracciones de Zaragoza salió adelante con una única oferta, sin mejoras sobre los mínimos exigidos y con una valoración técnica de apenas 36,5 puntos sobre 65.

Críticas políticas

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha puesto el foco en la falta de plazo definido en las claúsulas de incumplimientos de los pliegos del proyecto: “El PP no sabe licitar ni leer sus propios borradores”. No es la primera vez que la edil de ZeC manifiesta sus críticas a la gestión de esta licitación. Ha considerado que los problemas en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza son “un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

El concejal socialista Horacio Royo ha calificado de “fracaso estrepitoso” la gestión del Gobierno de Natalia Chueca respecto al Parque de Atracciones, asegurando que el proyecto “ya está muerto” y que la alcaldesa se ha convertido en su “enterradora”. Royo critica que, tras realizar una modificación del PGOU y redactar unos pliegos que resultaron ser “humo”, el recinto permanezca cerrado por primera vez en 50 años, dejando a “81 trabajadores con un ERE”. Según el edil, el Ayuntamiento ha evitado obligar a la concesionaria a recepcionar las instalaciones en las fechas previstas, justificando prórrogas sin “base técnica ni jurídica” y perdiendo el cobro del canon y las inversiones prometidas.

La oposición denuncia que el consistorio se ha posicionado a favor de los intereses de una de las empresas en conflicto en lugar de exigir la apertura y la “obligación de subrogar” a la plantilla marcada por ley. Royo sostiene que la Dirección General de Proyectos Estratégicos negoció la entrada de un inversor “sin capacidad económica ni técnica”, lo que ha derivado en un “castillo de naipes” que compromete empleos directos e indirectos. Ante lo que considera una “pésima gestión” basada en una visión irreal de la ciudad, el PSOE ha instado a la asunción de responsabilidades políticas, advirtiendo que, de no haber ceses inmediatos, el consejero Ángel Lorén “tendrá que dimitir”.

Protesta por la situación del Parque

Este domingo, los vecinos del barrio zaragozano de Torrero se han en la plaza de Las Canteras para exigir la dimisión de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; del consejero de Presidencia, Ángel Loren; y del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño. En el comunicado denunciaron “la mala gestión del parque de atracciones que ha llevado a que en la actualidad este cerrado, peligra el puesto de los trabajadores y sigue sin existir un Plan de Gestión y Revitalización para los Pinares que este año cumple el centenario de su plantación”.

El colectivo vecinal critica la “opacidad del proyecto”: “El equipo de Gobierno rechazó todas las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales y ecologistas y se aprobó con los votos de PP VOX la modificación del Plan General por lo que según indican no quedó otra alternativa que ir a los tribunales”.