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El ingreso mínimo vital, un nuevo pilar del Estado social

La nueva prestación será permanente, no coyuntural; tendrá una cuantía de entre unos 460 y poco más de 1.000 euros al mes por familia, y se empezará a pagar en pocas semanas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Pool / Europa Press

Estos días atrás, los medios le hemos prestado por lo general bastante más atención a las protestas de algunas decenas o centenares de personas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, en barrios de clase acomodada de diferentes ciudades, que a las abundantes y crecientes colas del hambre -de hasta ocho horas de espera y muchos cientos de personas en cada una de ellas- en las que se reparen alimentos a muchos miles de familias vulnerables que no tiene nada que llevarse a la boca. Parroquias, asociaciones de vecinos, bancos de alimentos y servicios sociales oficiales -la mayoría, municipales- están viendo cómo durante la pandemia se dispara el número de sus usuarios, y no sólo en barrios marginales, sino también en muchos de clase media. La semana pasada, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid hacía un balance demoledor: sólo en la ciudad de Madrid, unas 102.000 personas comen a diario durante el estado de alarma gracias a ese reparto de alimentos que hacen entidades sociales públicas o privadas.

La pobreza y la desigualdad no son problemas nuevos en España, un país que llegó a estar entre las diez mayores economías del mundo y que ahora aún es la decimotercera, de entre casi 200 países soberanos. El problema, sin embargo, no llegó por completo al debate público hasta la crisis global de 2008, cuando se agudizó. Durante aquella crisis, la población afectada por la pobreza -en distintos grados- aumentó hasta superar el 25% del total y acercarse en algunas zonas geográficas al 30%. Los años de PIB boyante entre el final de aquella crisis y el comienzo de esta que ahora nos cae encima no lograron reducir de modo drástico la pobreza ni cerrar la brecha de la desigualdad. Ni lo hizo con los gobiernos de Rajoy ni lo ha hecho con los de Sánchez, que ya hace casi dos años que llegó al poder. Pero no todos los gobiernos son iguales. En el pacto de diciembre pasado entre PSOE y Unidas Podemos que dio lugar al Gobierno de coalición, se abordaba expresamente el problema y se acordaba fórmulas para corregirlo. "Desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social", dice ese acuerdo en su punto 2.4.2.

La pobreza tiene grados, y en el peor de ellos, el de pobreza severa, España se distingue para mal respecto a los países de su entorno. Se le llama pobreza severa a la de aquellos hogares o personas cuya renta no llega al 30% de la renta mediana. Son pobres muy pobres. Pues bien: según los datos de Eurostat de 2018, los últimos disponibles, casi el 7% de la población española vivía ese año en pobreza severa, porcentaje muy superior al de nuestros socios y vecinos Italia (menos del 6%), Portugal (poco más del 4%) o Francia (poco más del 1%). La media de pobreza severa de la Unión Europea está en torno al 3,5%, luego aquí la duplicamos. Casi el 7% de nuestra población es tanto como decir 3,2 millones de personas. Unos 3,2 millones de pobres muy pobres, muchos de ellos niños.

Tasa de pobreza severa.

Lo sorprendente de esos datos se convierte en incomprensible cuando se observa estos otros, también de Eurostat: somos el menos eficaz de los países de nuestros entorno comunitario a la hora de reducir la pobreza a través de trasferencias sociales, como se observa en el segundo gráfico. Algo estamos haciendo mal y desde hace tiempo.

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En el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, ni el ingreso mínimo vital ni la mayoría del resto de medidas tenían calendario. Eran propuestas para los cuatro años de legislatura. La crisis primero sanitaria e inmediatamente después económica y social por el coronavirus han llevado al Ejecutivo a acelerar esta medida concreta. El frenazo económico súbito de hace dos meses estaba disparando de nuevo el porcentaje de población pobre. Tras unas semanas de cierta descoordinación interna -y quizás desconfianza y celos- entre la parte PSOE y la parte Unidas Podemos del Gobierno, el ingreso mínimo vital está a punto de ser bendecido en el Consejo de Ministros y de llegar al BOE y al bolsillo de los primeros beneficiarios. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha contado este lunes en RNE que la nueva prestación pretende llegar a un millón de familias con ingresos muy bajos o inexistentes, 100.000 de ellas en muy breve plazo, y que la medida le costará a las arcas del Estado entre 3.000 y 3.500 millones de euros.

El calendario, según fuentes oficiales, será éste: el Consejo de Ministros aprobará la medida en su reunión del martes 26 de mayo, el BOE la publicará al día siguiente y de inmediato se le reconocerá el derecho de pago, incluso sin pedirlo, a esas aproximadamente 100.000 familias pobres que ya figuran en registros oficiales como beneficiarias de otras ayudas y que, por lo tanto, pasarían el test de patrimonio por el que se determinará que se tiene el derecho a la prestación. Los pagos serán mensuales, como los de las pensiones, y dadas las fechas señaladas, serán muy pocos o ninguno quienes cobrarán a finales de este mes, y bastantes más los que lo harán a finales de junio. Para agilizar los trámites, el ministerio ha establecido un procedimiento multicanal de petición de la prestación: las propias oficinas de la Seguridad Social, comunidades autónomas, ayuntamientos, organizaciones del tercer sector, etc. Se pretende llegar absolutamente a todas las familias que lo necesiten.

¿Y la cuantía de la prestación? Se establecerá en función de las circunstancias familiares correspondientes. Irá de unos 460 euros mensuales para familias unipersonales a algo más de 1.000 euros para, por ejemplo, una familia uniparental con tres o más menores a su cargo. La "paguita", como despectivamente la han llamado algunos dirigentes políticos de la derecha al mismo tiempo que alentaban las protestas de los barrios acomodados contra el Gobierno "porque los está arruinando", previsiblemente tendrá algunos efectos inmediatos. Bajará de modo significativo las colas del hambre, pasará a situación de pobreza a secas a mucha población que hoy está en pobreza severa y dará nuevas oportunidades de progresar en la escala social, a medio plazo, sobre todo a los menores de las familias afectadas.

La nueva prestación no nace como una medida coyuntural y de emergencia, como se barajó al principio, sino como un nuevo derecho estructural y permanente, un nuevo pilar del Estado del Bienestar. Será interesante ver cómo se pronuncian sobre él los distintos partidos de la oposición cuando se conozcan todos los detalles y cuando el Real Decreto Ley se lleve al Congreso de los Diputados para su convalidación. Especialmente, los partidos de la derecha y sobre todo el PP, que algún día volverá al Gobierno y que ahora parece a priori tan poco partidario de este nueva prestación como en su día, en 2006, lo fue a otro avance social de un Gobierno de izquierdas, la Ley de Dependencia de Rodríguez Zapatero.

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