La mala salud de hierro de la Constitución

Nuestra Constitución ha cumplido estos días 42 años con la misma mala salud de hierro que arrastra desde hace ya casi una década, y con reproches cruzados entre distintas fuerzas políticas. 

Sólida en lo que establece, aunque quizás menos cumplida por los poderes públicos de lo que debería, especialmente en aquellas obligaciones sociales que dispone, fue firmemente apoyada al nacer, en 1978, por el gran partido de centro derecha de la época (la UCD de Adolfo Suárez) y por toda la izquierda (el PSOE de Felipe González y su partido hermano en Cataluña el PSC; lo que quedaba del PSP de Enrique Tierno Galván, y el PCE de Santiago Carrillo). La derecha fue solo tibiamente constitucionalista. Su principal formación de aquel entonces, la Alianza Popular de Manuel Fraga, refundada como Partido Popular en 1989, puso velas a todos los santos: 9 de sus diputados en el Congreso votaron sí, 2 se abstuvieron, 5 votaron no. Entre los nacionalistas, CiU la apoyó, el PNV se abstuvo y la ERC de Heribert Barrera, que en la votación en la Cámara también se abstuvo, en el referéndum pidió el no a la nueva ley de leyes. 

El 23 de febrero de 1979, dos meses después de entrar la Carta Magna en vigor, un joven inspector de Finanzas del Estado que acabaría siendo el líder de la derecha y presidente del Gobierno, José María Aznar López, publicaba en el diario La Nueva Rioja un artículo muy crítico en el que, entre otras cosas, decía estas: “Tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes, si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única, si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido, si el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades, y así un sinfín de trascendentales temas, cuyo desarrollo dependerá del equilibrio de fuerzas políticas que surja el próximo día primero de marzo”, en referencia esto último a los comicios que se iban a celebrar entonces. El mismo Aznar que tenía tantas dudas sobre nuestra Constitución recién estrenada lleva ahora unos años repartiendo carnets constitucionalistas y tachando de no serlo a quien no esté en su onda ideológica, incluido el PSOE.

Además de sus dudas de primera hora, parte de la derecha padece otras contradicciones con nuestra ley de leyes. En demasiadas ocasiones, la reivindica solo en lo que se amolda a su ideario o a su estrategia política. Esgrime con mucha frecuencia y contundencia el artículo 2, que fija “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” y olvida o esquina el artículo 1 cuando dice que la igualdad es uno de los valores superiores del Estado social y de derecho en que se constituye España. O del artículo 3, se queda con el primer punto, “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, e ignora a sabiendas el segundo, que establece que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, o el tercero, que proclama que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. 

Nuestra Constitución tiene, sí, en efecto, un artículo, el 155, que dispone lo que el Gobierno puede hacer “si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”, y así lo hizo en 2017 con Cataluña el Ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), y fue constitucional su actuación, pero tiene también un artículo 122 que dispone -junto con una ley orgánica- cómo se renueva la configuración del Consejo General del Poder Judicial, esté un partido en el Gobierno o en la oposición, le convenga o no le convenga. Nuestra Constitución, en fin, tiene artículos tan a menudo evitados o ignorados en la práctica por parte de nuestra clase política, tan muchas veces papel mojado, como el 16, que establece que ninguna confesión religiosa tendrá carácter de Estado; o como el 20, que habla de libertad de expresión; o como el 31, que propugna la progresividad fiscal; o como el 35, que establece el derecho de todos los españoles al trabajo y a “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”; o como el 47, que proclama el derecho de todos los españoles “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y asegura que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”; o como el 50, que afirma que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. O como el 128.1, que dice así: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. Sic, no hay error ni errata, no es un texto que se haya colado de ningún manifiesto comunista o bolivariano; léanlo otra vez algunos autoproclamados guardianes de las esencias constitucionales.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, pedía este pasado domingo, en la conmemoración oficial de nuestra Constitución, que se hiciera una lectura “inclusiva e integradora” de la Carta Magna, y que nadie se apropie de ella para “usos partidistas”. Todo lo que se insista en esa línea es poco. 

Y una última reflexión: querer cambiar la Constitución, en lo grande o en lo pequeño, en lo estructural o en lo coyuntural, siempre que se haga por los métodos legales establecidos, es tan legítimo y tan constitucional como querer no tocarle una coma.