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La sentencia del procés, en otoño y en temporada política valle

El tribunal se reúne cada semana unas tres horas, pero aún está deliberando sobre cuestiones prejudiciales y no ha empezado a hacerlo sobre la parte central de lo que se juzga

El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta y Juan Ramón Berdugo, al inicio de la vista por las cuestiones previas del caso del "procés" que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo.

El magistrado Manuel Marchena preside el tribunal durante una de las sesiones del juicio del procés. EFE/Ballesteros

Si las cosas de Palacio van despacio, las del Palacio de Justicia también. Al tribunal que ha juzgado en el Supremo el procés catalán se le ha metido prisa para que dicte la sentencia, especialmente desde algunos ámbitos del mundo independentista, pero nada indica que la sentencia sea inminente, antes del corte veraniego. Más bien al contrario. En el entorno del tribunal se ve como muy probable que no se dicte sentencia hasta finales de septiembre o primeros de octubre. Por varias razones.

Las primeras, de orden interno. El asunto es muy complejo, y se quiere hacer un texto muy elaborado, muy medido, donde se entre y se conteste a todas las dudas planteadas por las defensas, especialmente aquellas que se refieren a derechos de los reos presuntamente vulnerados y que pudieran fundamentar un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se pretende, además, lograr una sentencia unánime, sin ningún voto particular discrepante del de la mayoría. Y una sentencia blindada: sometida a escrutinio renglón a renglón, especialmente ante un previsible recurso ante la justicia europea.

Las segundas razones para esperar a después del verano son de orden externo. No será rápida ni inminente primero porque no se quiere dar la sensación de que la resolución se ha pensado o debatido poco o de que estuviera escrita ya antes de celebrarse el juicio, como sostienen desde hace meses algunos independentistas, y sobre todo porque no se quiere que el momento de hacerla pública coincida con algún acontecimiento político de primera magnitud. Por ejemplo, una sesión de investidura de Pedro Sánchez, en segundo intento, en septiembre.

El tribunal, formado por siete magistrados -Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Manuel Marchena, este último presidente y ponente de la sentencia-, observa por el rabillo del ojo al mundo político para que su sentencia se produzca en un momento valle -no cumbre- de la brega partidista, y sea lo menos utilizada posible en esos ámbitos. Los magistrados saben que este martes la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, hablará con el candidato Pedro Sánchez para fijar la fecha del pleno de investidura y por tanto la de la votación, que sería o bien martes 9 de julio o el martes 16 o el martes 23. La fecha más probable, esta última.

Si el primer intento de Sánchez fracasa, se pone en marcha el reloj que fija el artículo 99.5 de la Constitución, que establece que "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso". Luego si Sánchez no logra la Presidencia en julio y va a un segundo intento y posibles nuevas elecciones, la sentencia no se publicaría hasta después de que el rey convocara -¿el 23 de septiembre?- y antes de que la precampaña y la campaña electoral vuelvan a tensionar la vida pública.

Mientras eso llega o no llega, el tribunal se está reuniendo cada semana, durante unas tres horas por sesión. Todos los magistrados intervienen, especialmente Marchena, Varela y Del Moral. Aún se debaten cuestiones prejudiciales -todas las que atañen a derechos de los reos presuntamente vulnerados, como por ejemplo estos días lo que se refiere a Oriol Junqueras y su inmunidad o no en cuanto diputado electo europeo- y apenas se ha entrado en la cuestión de fondo: ¿hubo rebelión, sedición, malversación o desobediencia? Y si fue alguno de los dos delitos primeros, los más graves, ¿en qué grado? ¿y quiénes de los acusados los cometió y quiénes no?

Sí ha trascendido algún detalle sobre asuntos clave del caso. Por ejemplo, que en la sentencia se podría dar algún recado a los legisladores sobre la poca adecuación a los tiempos actuales de lo que dice el Código Penal sobre el delito de rebelión, recado que de producirse sería tanto como decirles a los legisladores que, habiendo actuado ya la Justicia y resuelto sobre el caso, se les devolvía para que actuara la política. 

En la materia central entrará del todo el tribunal en dos o tres semanas. A finales de la primera decena de agosto, el jueves 8 o el viernes 9, probablemente se tomen los magistrados una pequeña pausa de unos diez días. Y el lunes 19, vuelta a las deliberaciones.

Ante la opinión pública, el tribunal salió bastante bien parado del juicio, gracias especialmente al puño de hierro y guante de seda de Marchena, a su tira y afloja continuo durante las sesiones, tanto con las defensas como con la acusación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ahora el reto es otro, quizás más difícil: lograr una sentencia tan incontestable jurídicamente que ni un previsible recurso de las defensas a Europa pueda desmontarla.

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