“No está nada claro cuántos derechos de CO2 se dan gratis a la industria”

El 30 de junio de 2008, el precio del CO2 marcó 30,52 euros. Después de esa fecha y durante toda la década que ha durado la crisis económica y financiera ha estado desplomado. A casi nadie le interesaba comprar derechos de emisión en el mercado que se inventó la Comisión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La actividad económica estaba parada, pero la UE siguió concediendo permisos, que aumentaban y aumentaban mientras las emisiones bajaban. No por que este sistema funcionara, sino porque todo frenó. La principal crítica en este tiempo ha sido que a las empresas y grandes instalaciones europeas les ha resultado demasiado barato lanzar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y una pregunta surgió con mucha fuerza: ¿se puede realmente recurrir al mercado para reducir la contaminación a gran escala?

El 27 de agosto de 2018, el precio del CO marcó 21,3 euros. Por fin se puso por encima de los 20 euros que la Comisión fijó como mínimo para que contaminar no saliera tan barato. Y aquí entra la organización británica Sandbag, creada en 2008 para enterarse bien y dar luz sobre lo que se mueve detrás de este complejísimo sistema al que prácticamente solo tiene acceso la Comisión Europea. Phil MacDonald está al frente de esta entidad en Londres, desde donde analiza si esta herramienta que pagan los contribuyentes está siendo efectiva para reducir emisiones.  

–Poner precio al CO2 se considera una forma eficaz de reducir emisiones de gases de efecto invernadero por su limitado coste. ¿Puede explicarlo?

–En teoría es una señal al mercado para intentar encontrar la forma más barata de deshacerse del CO. Le pongo un ejemplo de algo parecido: la eficiencia energética tiene un coste negativo porque en teoría ahorra dinero. Pero en el caso del mercado europeo de emisiones esto no sucedió como la teoría había previsto porque hay muchos derechos, no ha sido tan efectivo como se anunció. En principio debería ser la forma más eficaz por su reducido coste, pero necesita regulación, medidas complementarias e innovar en la financiación.

–Ustedes explican que fue en la crisis cuando el precio del CO2 se desplomó por un exceso de derechos. ¿Qué pasó?

–Veamos cómo funciona este mercado: en primer lugar, se fija un tope de emisiones. La teoría es establecer una serie de derechos por debajo de ese máximo permitido, de forma que las emisiones se reduzcan cada año. Desafortunadamente, el tope se estableció demasiado alto y hubo exceso de derechos. Después llegó la crisis financiera [en 2008] y las emisiones bajaron, las industrias dejaron de producir, todo lo que genera emisiones paró. Pero el mercado de carbono siguió entregando permisos, que aumentaban y aumentaban… y no se usaban. Todo esto contribuyó a crear un enorme círculo vicioso. Le daré una imagen: sería algo así como la inflación que se ha visto en las monedas, como lo que pasó en Alemania en los años 30. Había demasiados permisos y nadie quería pagar por ellos mucho dinero, o claramente ningún dinero. Eso es lo que pasó.

–¿Qué consecuencias ha tenido?

–La reducción de emisiones para la que este mercado se creó no se ha producido, y esto habría sido especialmente negativo si la Unión Europea no hubiera desarrollado otras políticas, en concreto tener un objetivo de renovables y de eficiencia energética. Estos dos elementos, junto a las políticas de los Estados miembros, han reducido emisiones bastante bien y de forma estable; hemos visto una pequeña transición de carbón y gas hacia las renovables, menor demanda de energía, bombillas led… ese tipo de cosas. Las emisiones en general se han ido reduciendo, pero no ha sido un cambio conducido por el mercado de carbono, lo cual ha tenido un efecto negativo en la industria, en las emisiones industriales, que se han mantenido constantes. El sector eléctrico las ha reducido más rápidamente, pero la industria es muy estática y necesitamos disminuir las emisiones industriales.

–Ahora es lo opuesto, el precio se ha recuperado. ¿Qué ha cambiado?

–Varias cosas. En primer lugar, la Unión Europea ha llevado a cabo una reforma para reducir el número de derechos. Lo interesante es que parte del exceso que había va a ser eliminado del sistema, eso es positivo. Pero también hay otras cuestiones. El año pasado, las emisiones en la Unión Europea aumentaron por primera vez en siete años. Esto significa que cuanto más se usan estos derechos menos hay, y el mercado se asusta. Pero pensamos que se trata de algo excepcional, el año pasado hubo muy poca producción de electricidad con hidroeléctrica, muchas presas se mantuvieron bajas por la falta de lluvia, la nuclear se redujo por problemas... y se quemó mucho más carbón.

Creemos que las emisiones seguirán cayendo en 2018, se está dando una señal de que merece la pena comprar derechos de emisión. La tercera razón de que el precio haya subido es que los grandes bancos ahora se están interesando por este mercado, creen que harán dinero y están dispuestos a hacer proyecciones a más largo plazo; cientos de miles de derechos han sido comprados por algunas de las mayores entidades financieras, se está especulando y esto está haciendo que el precio suba. Los bancos se interesan por primera vez por este mercado, hasta ahora había pocos participantes, básicamente el sector eléctrico.

–¿Qué bancos?

–Los principales bancos europeos.

–¿Ha influido el  aumento del precio del CO2 en la reducción de emisiones?

–Ahora es más barato construir parques eólicos e instalaciones de energía solar que centrales de carbón y gas. Los precios del carbón y del gas han subido, ahora son tecnologías mucho más caras. Pero las renovables llevan su tiempo. Tiene sentido hacerlo ahora, económicamente la eólica y la solar encajan para sustituir al carbón y al gas, pero aún se necesitan varios años. Ese es el principal punto crítico. Pensamos que las emisiones seguirán reduciéndose, pero no lo sabremos hasta enero de 2019.

–¿Influye el aumento de precio en el recibo de la luz? 

–Es verdad que influye un poco en las compañías eléctricas, pero mucho más en países como Polonia, donde ha repercutido en los precios del carbón y del gas, lo que es aún mucho más significativo. Cualquier empresa que esté quemando carbón o gas está gastando muchísimo más que en España debido al precio global del carbón, que ha subido mucho. Pero el precio al carbono sí contribuye a esto un poco, aunque por supuesto no en países que tienen poca electricidad a partir de carbón, como Francia que tiene nuclear o Noruega. Estos países ya no pagan nada por su electricidad, incluso en Reino Unido, donde tenemos carbón y eólica marina el precio ha aguantado, no ha tenido un impacto significativo en el recibo de la luz. Cuantas más renovables y nuclear se tiene, mejor se sostiene el precio al carbono.

–¿Es este mercado una buena herramienta para reflejar los costes ambientales?

–La experiencia en Reino Unido, donde tenemos una especie de impuesto al carbono en el sistema eléctrico, es que esta herramienta ha reflejado mejor los costes ambientales, ha hecho que el carbón sea cero rentable, lo hemos apartado del sistema eléctrico. El año pasado esta fuente de energía representó el 7% de la electricidad. Este tributo ha sido más efectivo para reflejar los costes ambientales del carbón que el mercado de CO, pero pensamos que esto cambiará en los próximos años si el precio sube.

–¿Qué capacidad real tiene este mercado para dejar atrás el carbón y el gas en el sistema eléctrico?

–Un buen ejemplo es Reino Unido. En 2012 el carbón representaba más del 40% de la electricidad. El año pasado estuvo por debajo del 7%. Y esperamos que en 2018 baje más. Es una transición muy rápida que a su vez ha ayudado a construir parques eólicos. El cambio puede ser muy rápido. Pero en Reino Unido no se ha debido tanto al mercado de CO como al impuesto al carbono.

Si el precio se mantiene entre 20 y 25 euros, la transición del carbón puede ser muy veloz, el carbón puede dejar de ser rentable en cinco años. Después le tocaría al gas, pero más lentamente. Aún creemos que el gas representará una pequeña parte del sistema eléctrico en Reino Unido en 2030.  

–¿Está el sistema en Europa preparado para ese cambio?

–La salida de estas fuentes de energía que ya no son rentables será diferente para cada país. En los próximos diez años el carbón habrá salido del sistema, pero en países como Polonia eso no llegará hasta la década de 2030, requerirá construir muy rápidamente instalaciones de renovables, que pueden levantarse relativamente rápido. Si volvemos a Reino Unido, la eólica marina ocupará el espacio del carbón. Desde luego que es posible, pero es muy ambicioso. El precio de la energía eólica ha caído y en general está muy cerca de no necesitar ayudas. En mi país, la principal razón de las posibilidades de la eólica terrestre ha sido el precio, no se han necesitado prácticamente ayudas, lo han hecho las propias empresas.

–¿Hay algún ejemplo en el mundo de que este mercado funcione para reducir emisiones?

–No creo que haya muchos ejemplos, la Unión Europea es líder en esto.  California ha tenido cierto éxito, pero en general el bajo precio del carbono, muy bajo incluso, ha sido un problema en todo el mundo para reducir emisiones. Pero lo que hemos visto es que cuando los impuestos al carbono son más elevados, entonces las emisiones empiezan a bajar.

–¿Cuál es el papel de Sandbag en este mercado europeo de emisiones?

–No hay mucha transparencia en los datos, no se sabe muy bien lo que pasa en el mercado. Y ahí es donde entramos nosotros, porque somos capaces de encontrar los datos y hacerlos comprensibles. Presionamos a la Comisión Europea para que sea más transparente sobre lo que sucede en el mercado de carbono porque para los no expertos es muy difícil entenderlo. La industria ha estado asustando a los políticos con mensajes de que este mercado destruirá la industria en Europa y que sin el carbón habrá un apagón y nos quedaremos sin electricidad. Pero no ha pasado. Nuestro papel es parar esas historias de miedo y dar datos reales.

–¿En qué no es transparente?

–En comprender qué pasa con los derechos de emisión. Ver quiénes tienen, cómo y por quién han sido comprados y vendidos no está claro. Nadie, aparte de la Comisión Europea, tiene acceso a eso. Luego están los datos de emisiones. Cada fábrica o central de gas tiene que gestionar sus emisiones e informar a la Comisión Europea, pero acceder a esa información requiere mucho trabajo. Nos gustaría que la Comisión fuera más transparente y que todo el mundo supiera quién tiene qué.

Se puede ver el precio, pero no lo que hay detrás. No está nada claro los países, los sectores o cuántos derechos se dan gratis a la industria. Las reglas que hay detrás son muy complejas y en la ultima década se han dado demasiados permisos que pensamos fueron beneficios caídos del cielo [del inglés windfall profits, abultados ingresos por alguna situación normativa o de mercado extraordinaria], miles de millones de euros por conceder demasiados derechos. Queremos más transparencia porque es un enorme gasto para los contribuyentes.