España necesita restricciones unificadas en Semana Santa para impedir los repuntes

El próximo miércoles el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud debatirá la propuesta elaborada por la Comisión de Salud Pública sobre las medidas que, con carácter general, deberán adoptarse para seguir enfrentando la pandemia de COVID-19 en España durante la Semana Santa.

Lo primero que hay que decir es que el hecho de que el Ministerio de Sanidad haya tomado la iniciativa de presentar, debatir con las comunidades autónomas y, en su caso, aprobar un plan de esta naturaleza es algo muy positivo. Es un ejercicio de responsabilidad y prudencia ante el precario equilibrio que muestra la evolución de la pandemia tanto en España como en el resto de Europa.

La pandemia dista aún de estar controlada y este es un momento crítico para lograr la verdadera inflexión sostenida de la curva de la tercera ola y no para aventurar desescaladas prematuras que tiren por la borda todo el esfuerzo realizado.

Se puede argumentar incluso que podríamos haber acelerado la tendencia descendente de haber adoptado medidas de confinamiento domiciliario estricto en los territorios que superaban con mucho el umbral de riesgo extremo tras las fiestas navideñas. La presión asistencial habría sido menos agobiante y habríamos tenido un menor impacto no solo en términos de casos nuevos, sino también de fallecimientos.

Recordemos que la incidencia acumulada media en los últimos 14 días en el país se situaba el viernes pasado (últimos datos oficiales) en 149,23 casos por 100.000 habitantes, con varias comunidades autónomas por encima de esa cifra. Lo cual representa una incidencia diez veces mayor que la que teníamos el pasado mes de junio cuando dio inicio la desescalada previa al verano.

La totalidad de comunidades y ciudades autónomas siguen estando por encima del umbral seguro de 25 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la positividad es superior al 6% y preocupa el hecho de que hemos disminuido la intensidad del esfuerzo diagnostico ya que la tasa de pruebas realizadas ha caído notablemente: estamos en un nivel medio de 1.600 por cien mil habitantes cuando hemos llegado a realizar el doble de esa cifra. Por su parte, la tasa media de ocupación de UCI es del 25% y en muchas CCAA alcanza proporciones superiores. De hecho, el ritmo de disminución de los nuevos casos diarios parece estarse frenando en los últimos días y, en algunas zonas incluso se ha incrementado. Y, por desgracia, la cifra diaria de fallecidos sigue siendo muy elevada.

Por si fuera poco, en la última semana han comenzado a aparecer signos adicionales de que la situación puede tornarse otra vez preocupante. Por ejemplo, en casi todas las comunidades la movilidad ha vuelto a situarse por encima del 70% de la que había antes de la pandemia (en enero cayó al 55-60%). Además, el análisis de las aguas residuales de Madrid lleva varios días detectando un incremento del virus. Y en ocho comunidades la variante británica, mucho más contagiosa, ya da cuenta del 50% o más de los contagios.

Todo lo anterior muestra que los riesgos de una actuación descoordinada y poco exigente en un periodo tradicionalmente de elevada movilidad como es la Semana Santa son demasiado serios como para no anticiparlos y prevenirlos. Ante todo, se trata, como ha señalado la ministra Darias, de salvar vidas y no semanas.

Además, al hacerlo se contribuye también a situar al país en una mejor posición de cara al segundo trimestre del año, periodo durante el que deberá seguir aumentando el ritmo de vacunación. De ese modo la suma de una transmisión viral reducida y un porcentaje creciente de población vacunada deberían cimentar el camino hacia una paulatina recuperación de la actividad social y económica en la segunda mitad del año.

En lo sustancial, la propuesta de la Comisión de Salud Pública consiste en mantener los cierres perimetrales de las comunidades autónomas, establecer un toque de queda desde las 22h hasta las 6h, proponer que las reuniones tanto públicas como privadas no superen las cuatro personas tanto en interiores como en exteriores, desalentar los eventos y celebraciones masivas y desaconsejar encuentros en domicilios o espacios cerrados con no convivientes.

Desde su anuncio la propuesta inicial del Ministerio ha sufrido algunas modificaciones. Por ejemplo, se ha retirado la recomendación de que los universitarios no regresen a sus lugares de origen durante las vacaciones de Semana Santa. Y la propuesta de mantener el nivel de alerta de las dos semanas previas ha pasado a ser una mera recomendación.

En resumen, se trata de una propuesta que podríamos calificar de mínimos, fácilmente asumible, muy alejada, por cierto, de las medidas que en este momento están vigentes en Portugal, Francia, Alemania y otros países de la Unión Europea. Y que tampoco incluye recomendaciones sobre qué hacer al interior de cada comunidad autónoma con la movilidad entre municipios, comarcas y provincias, o respecto a ámbitos tan importantes para frenar la transmisión del virus como la restauración y la hostelería, el ocio nocturno, los gimnasios, etcétera. Tampoco plantea las medidas necesarias para reforzar la vigilancia de nuevas variantes. Todo ello podría contribuir a incrementar la incidencia,  por lo que se  requiere una especial prudencia.

Aun así, y pese a los pronunciamientos favorables de un buen número de consejeros de salud, e incluso de varios presidentes y presidentas autonómicos, tampoco es seguro que la propuesta resulte aprobada con la unanimidad necesaria, dadas las reticencias manifestadas por parte de Canarias y Madrid. En ese sentido, llama la atención la manifiesta oposición del Gobierno de Madrid al cierre perimetral de la comunidad, siendo, tras Melilla y Ceuta, la comunidad con una mayor incidencia acumulada y teniendo, como tiene, una importante capacidad de irradiación de población hacia otros territorios, dos aspectos que ya han sido señalados por los presidentes de otras comunidades.

Llama la atención pero no sorprende, pues si algo ha caracterizado al gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido su oposición a muchas de las decisiones y propuestas del Gobierno de España durante la pandemia, con argumentos de dudosa fundamentación epidemiológica y marcada connotación política. Sin embargo, esta vez no se trataría únicamente de oponerse a ultranza o de una polarización más político-ideológica, sino de un abierto torpedeo a los planteamientos de la mayoría del Estado, Gobierno de España y comunidades, que tiene implicaciones potencialmente negativas para la salud no solo de los madrileños, sino de todos los españoles.

Queremos creer que, sea cual sea la opinión del gobierno de Madrid sobre las medidas propuestas, finalmente acatará la decisión que se adopte. Eso es lo que piden el sentido común y la salud y el interés de todos. De todos modos, por si no fuera así, convendría que el Gobierno de España tuviera preparada una respuesta, tal como ocurrió, por cierto, en el pasado mes de octubre. Una respuesta que, en nuestra opinión, debería ser actuar como entonces se hizo: recabando para sí, durante dos semanas, las competencias de gestión del actual estado de alarma en Madrid que en este momento están transferidas, como en el resto de las comunidades, al Gobierno de la comunidad autónoma.

No podemos olvidar que si algo ha demostrado la gestión de las dos últimas olas de la pandemia es que aquellas comunidades donde se aplicaron las medidas más parecidas al confinamiento domiciliario, se han conseguido los mejores resultados. Dicho de otro modo, allí donde el confinamiento perimetral autonómico se combinó con confinamientos perimetrales municipales, cierre de actividades no esenciales, búsqueda sistemática de positivos asintomáticos y aislamiento efectivo de contactos, se ha podido reducir sustancialmente la transmisión del virus. En este sentido, el caso de Extremadura durante esta tercera ola es muy demostrativo: aplicando todas esas medidas en solo 43 días ha logrado bajar de una incidencia superior a 1.000 a otra inferior a 50 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días. Convendría aprender la lección y mantener una prudencia extrema a la hora de plantearse cualquier relajación de las medidas durante las próximas semanas.

Por último, cabría también revisar los requisitos exigidos a los viajeros procedentes de otros países, muchos de ellos europeos, cuya situación epidemiológica ha empeorado en las últimas dos a tres semanas. La OMS ya ha dado la voz de alarma al respecto, achacando el nuevo rebrote en Europa y en América Latina y Caribe tanto al aumento de la prevalencia de las nuevas variantes del coronavirus como a la relajación de las medidas de salud pública. Se da la paradoja de que en estos momentos la situación epidemiológica está mejorando en Reino Unido, Portugal y España, pero se encuentra estancada o empeora rápidamente en buen número de Estados miembros de la UE, lo que probablemente debería llevar al Gobierno de España a plantear una iniciativa en ese ámbito. Y esto no se resolverá con el certificado digital COVID-19.

En estos momentos las disposiciones de sanidad internacional plantean el requisito de una PCR negativa a todos los viajeros procedentes de países que se encuentran en la lista de países de riesgo, tanto del espacio Schengen (la mayoría) como de terceros países. El riguroso cumplimiento de esta disposición es de vital importancia. Sin embargo, solo se exige una cuarentena de diez días posteriores a su llegada a España, adicional a la prueba PCR negativa, a quienes procedan de Brasil, Sudáfrica, Botsuana, Unión de las Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia, Zimbabue, Perú y Colombia. Este periodo puede finalizar con anterioridad, si al séptimo día se realiza una prueba diagnóstica de infección aguda con resultado negativo. En nuestra opinión debería considerarse el establecimiento de cuarentenas obligatorias a todos los viajeros procedentes de países de riesgo tal como hacen Suiza y otros países europeos, mientras sus incidencias sigan siendo elevadas.

En definitiva, la semana que comenzamos ofrece la oportunidad de poder disponer de una estrategia común para evitar que la Semana Santa sea el punto de inflexión para el inicio de una cuarta ola que, de producirse, golpearía a la salud de la población de una manera innecesaria, dado que tenemos al alcance de la mano doblegar de verdad esta tercera ola que aún nos afecta. Una nueva ola supondría un fuerte golpe para los profesionales sanitarios que luchan frente a las consecuencias de la infección en los servicios sanitarios de atención primaria y hospitales y minaría aún más su resistencia y su moral.

Además, sería una torpeza no avanzar en la consolidación de una estrategia común porque alejaría el objetivo de la recuperación económica al reducir las posibilidades de un verano con menor incidencia y mayor protección inmunitaria cuyas bases darían solidez a un segundo semestre más favorable para la salud y para la economía.

Estamos ante una encrucijada fundamental en la que es imperativo un ejercicio de responsabilidad sanitaria y social por el conjunto de las autoridades, autonómicas y centrales, para poder garantizar la seguridad sanitaria de todo el Estado. Por ello cabe reclamar a quienes, como el gobierno de la Comunidad de Madrid, pueden sentir la tentación de anteponer sus intereses políticos o la defensa de intereses particulares frente a los intereses generales que sepan estar a la altura de las circunstancias. Es hora de cerrar filas en aras de la salud de los españoles y de la recuperación económica del país.