Las maniobras en la Justicia contra la amnistía

¿Cómo ha ido tu semana? ¿Mejor que la de Feijóo y Abascal? Más de un mes preparando la ofensiva europea contra la ley de amnistía y llega el día grande –el pasado miércoles, con un debate sobre el tema en el Parlamento Europeo– y es un fiasco total. La Comisión Europea, recordando a la derecha que esto es “un asunto interno” de España. Y la Eurocámara, casi vacía. 

“Es un golpe de Estado con los criminales y los golpistas”, clamó el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch desde la tribuna de oradores. Lo que le costó un apercibimiento posterior: “Cuidado con la terminología a la que recurren”, le respondió Roberts Zīle, vicepresidente del Parlamento Europeo. Que, para más detalles, forma parte de Alianza Nacional, un partido de extrema derecha de Letonia que es socio de Vox en Europa. Cómo sería la cosa para que el lenguaje de Tertsch le pareciera excesivo incluso a un aliado de Vox.

El vicepresidente Roberts Zīle era quien presidía la sesión porque la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tampoco asistió. Hay 14 vicepresidentes en esta cámara y se suelen turnar para dirigir los interminables plenos, aunque lo habitual es que la presidenta esté siempre en los debates más importantes. No consideró que este de la amnistía lo fuera. Y eso que Metsola pertenece al PP Europeo. 

Al margen de los parlamentarios de Ciudadanos, PP y Vox, casi nadie en Europa respaldó el discurso apocalíptico de la derecha española sobre el “fin de la democracia en España”. La inmensa mayoría de los eurodiputados pasaron del tema. La imagen que encabeza este texto lo resume bien. Así estaba el Parlamento Europeo, mientras se debatía sobre el “golpe de Estado” español.

Otro dato: hubo un lleno bastante mayor el día antes en la Eurocámara, cuando se discutió sobre el empaquetado en madera de los quesos camembert, a los que les puede afectar la nueva directiva de reciclaje de envases. Un debate que preocupa más a la mayoría de los eurodiputados que las campañas apocalípticas de la derecha española.

La gran pregunta es obvia. Si realmente se hubiera producido un auténtico “golpe de Estado” en España, uno de verdad, ¿generaría esta enorme indiferencia en Europa? Yo creo que no. 

En privado, desde el PP, ya hay quien admite que la vía europea no les está yendo muy bien. Incidir en que la Comisión Europea va a frenar al Gobierno –o asegurar que habrá sanciones económicas por la amnistía, como también han llegado a decir– solo provocará un ridículo inmenso cuando nada de esto ocurra. Ya les ha pasado en otras ocasiones, como cuando se burlaban del “timo ibérico”. O cuando pusieron en duda la gestión de los fondos europeos (mientras la Comisión Europea felicitaba a España por ello). O con su derrota con la reforma de las pensiones. La estrategia de “internacionalizar” la oposición a Pedro Sánchez, por ahora, es una vía fallida.

En el Tribunal Supremo –donde son mayoría absoluta los magistrados nombrados por la derecha– parece que no tienen claro si seguir estos mismos pasos del PP y Vox. Desde la Sala de lo Penal, aún debaten si recurrir la ley de amnistía ante la Justicia europea. En el Supremo –aseguran fuentes del Gobierno– son conscientes de que tienen pocas posibilidades de que tal recurso prospere y dudan si arriesgarse a esa probable derrota. 

Es también llamativa la recepción que ha tenido la ley de amnistía por parte de los colectivos judiciales. El contraste entre lo durísimos que fueron cuando criticaron el texto antes siquiera de conocerlo y lo poco que lo han sido después. Probablemente porque no han encontrado en la literalidad de la ley, o del preámbulo, ninguna arista de la que colgar su indignación, del mismo modo en que lo hicieron con la palabra ‘lawfare’ en el acuerdo político entre PSOE y Junts. 

Lo mismo pasó con las inéditas manifestaciones de jueces (otra vez alertando del “fin de la democracia”) que también fueron antes de conocerse la letra de la ley, y no después. Ahora están mucho más callados. Pero eso no significa que algunos no sigan esa consigna de José María Aznar: “El que pueda actuar, que actúe”.

No para quieto, sin duda, el Consejo General del Poder Judicial en funciones. Siempre al servicio del PP, que les presenta con una autoridad que ya no tienen. La última maniobra consiste en que el Senado –donde el PP tiene la mayoría absoluta– pedirá a este CGPJ caducado un informe sobre la ley de amnistía, saltándose el procedimiento habitual. 

Otro ejemplo de la utilidad de esta CGPJ en funciones: este tuit de Cuca Gamarra, secretaria general del PP.

Es un mensaje muy corto, pero hay varias mentiras en él. 

Es falso que todos los vocales del CGPJ sean magistrados o jueces: solo una parte de ellos lo son (12 de 20). El actual presidente, Vicente Guilarte, es abogado. Igual que otros del bloque conservador. Y en este órgano político, ninguno de ellos, tampoco los que son magistrados, ejercen nada parecido a esa función: no ponen sentencias ni tampoco son un tribunal. 

Es falso que el Gobierno vaya a vigilar a los jueces desde el Congreso, una interpretación sesgada del acuerdo político entre el PSOE y Junts a cuenta del término ‘lawfare’ que nunca fue cierta y que el PSOE ya desmintió. 

Es inexacto que sea “el Gobierno” quien se haya querellado contra el CGPJ: el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha desmarcado de esa decisión. Lo ha hecho un partido, Sumar, al considerar que ese informe que el CGPJ emitió sobre una ley que ni siquiera se había presentado en el Parlamento y cuyo texto tampoco era público estaba completamente fuera de sus atribuciones legales. Les acusan de prevaricar, aunque no creo que esa querella llegue a prosperar: lo decidirá el Tribunal Supremo, donde dudo que les vayan a condenar.

Y la mentira más grande es que este CGPJ en funciones esté “defendiendo la democracia”. Hace ya tiempo que buena parte de ellos son un grupo político más al servicio del PP –el partido que les nombró– y sin ninguna legitimidad democrática, ya que su mandato hace casi cinco años que caducó.

Pero no solo actúa contra la amnistía el CGPJ, siempre al pie del cañón. Quien más se mueve sigue siendo Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional del que ya te hablé largo y tendido en otra carta de hace un mes. El mismo que estuvo 17 años en cargos muy bien pagados, nombrado a dedo por el PP. El mismo que regresó de manera inexplicada a la Audiencia Nacional, poco después de que Eduardo Zaplana e Ignacio González conspiraran para “mandar a tomar por culo a Onteniente” al juez anterior. El mismo que lanzó todo tipo de acusaciones contra Podemos que, en su inmensa mayoría, han quedado en nada. El mismo que exculpó a Esperanza Aguirre, a Cristina Cifuentes, a María Dolores de Cospedal... El mismo que cerró la instrucción del caso Kitchen en su mínima expresión, sin llamar siquiera a declarar al principal beneficiado de esa trama: Mariano Rajoy.

Ha sido también Manuel García Castellón quien, casualmente, decidió imputar a Carles Puigdemont por terrorismo, en una causa que lleva abierta cuatro años en la Audiencia Nacional: las protestas organizadas por la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Lo hizo poco después de haberse pronunciado públicamente contra la ley de amnistía, que criticó “como ciudadano”, a pesar de que tiene en su juzgado casos afectados por esta cuestión. Y con unas pruebas de terrorismo más que endebles.

En España, por desgracia, sabemos muy bien qué es el terrorismo. Lo hemos padecido durante décadas. Y por amplia que sea la definición de este delito, es difícil encajar en él un corte de carretera, una manifestación en un aeropuerto o un muerto por infarto.

Si cortar la AP-7 es terrorismo, ¿a qué espera la Audiencia Nacional para acusar de este mismo delito a los manifestantes contra la amnistía que cortaron la A-6 en Madrid hace una semana? 

Si portar armas en una protesta es terrorismo –García Castellón habla en uno de sus autos de que incautaron unos tubos de una valla de metal, tirachinas y material pirotécnico–, ¿a qué esperan para acusar de terrorismo al militar que llevaba una pistola en las protestas frente a la sede del PSOE? ¿Os es que solo es terrrorismo si los manifestantes son independentistas?

¿El porqué de esta obsesión de ver terrorismo a toda costa? Muy sencillo. La Audiencia Nacional no puede investigar o juzgar cualquier delito. No está para todo. Y si se trata de unos simples desórdenes públicos, el juez Manuel García Castellón ya no es el competente porque la Audiencia Nacional tampoco lo es. Tendría que ceder la investigación a un juzgado ordinario de Barcelona, que es muy dudoso que actúe de la misma forma. 

Hay un segundo factor. También es político. La ley de amnistía no incluye el terrorismo con sentencia firme entre los delitos amnistiables: por los convenios internacionales, este tipo de delitos no se pueden perdonar. Acusar a Carles Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC) de terrorismo es una manera de complicar la aplicación de esta ley, que tan poco les gusta a muchos jueces. 

Más datos de la peculiar investigación de este juez de la Audiencia Nacional que solo encajan si se miran desde el prisma político, y no el jurídico.

1. García Castellón asegura que un ciudadano francés que falleció de un infarto por las protestas podría ser una víctima del terrorismo. Hay un problema: uno grave. Su muerte ya fue investigada por otro juzgado en 2019. Aquel caso se cerró como una “muerte natural”, sin ninguna vinculación con las protestas. ¿Acaso es posible juzgar un mismo suceso dos veces, sin que haya aparecido en el camino ni un solo dato nuevo? 

2. Esta víctima por infarto se conoce desde hace cuatro años. No es una noticia nueva. Si realmente fuera una víctima del terrorismo, ¿cómo de negligente habría sido el juez por ignorarla durante tanto tiempo?

3. ¿Cómo es posible que en todo este tiempo –cuatro años, insisto– García Castellón no encontrara tampoco un solo indicio que apuntara hacia Carles Puigdemont? ¿Por qué aparece justo ahora?

4. García Castellón también culpa a los imputados de Tsunami de los altercados y heridos que ocurrieron en las protestas del 18 de octubre, el día de mayores disturbios nocturnos en Barcelona tras conocerse la sentencia del procés. Hay solo un problema: que Tsunami no convocó esas protestas. 

5. Hace poco más de un mes, en octubre, el Parlamento Europeo preguntó a la Audiencia Nacional si estaba investigando al eurodiputado Carles Puigdemont. ¿La respuesta de García Castellón? Un no rotundo. ¿De qué chistera ha salido esta imputación cuando hace tan poco tiempo se supone que no existía investigación alguna? 

6. Los plazos de Manuel García Castellón son peculiares, por ser suaves con el adjetivo. Una causa puede pasar años congelada y, de repente, acelerar a toda prisa, sin esperar a nada ni a nadie. Atentos al movimiento de la pelota, que es como el que hacía la selección española en la época del ‘tiquitaca’.

7. La Fiscalía ha vuelto a contestar a García Castellón. También recurre este nuevo paso. Allí tampoco se entiende. Si el Supremo es el tribunal competente para investigar a Puigdemont, como argumenta ahora García Castellón, ¿por qué no mandó allí la investigación el 6 de noviembre? ¿Cómo interpretar que, en apenas dos semanas y sin que haya aparecido ningún indicio nuevo, García Castellón modifique su propio criterio?

8. No hay cómo explicarlo desde el punto de vista jurídico. Sí hay una posible explicación política. Tras el recurso de la Fiscalía, García Castellón teme que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anule su imputación a Puigdemont. Antes de que le metan gol, intenta mandar la pelota a otro campo. A un Tribunal Supremo donde espera que alguien siga ese mismo balón.

Lo dejo aquí por hoy. Indignado también por la respuesta del Gobierno de Israel, que acusa al presidente Pedro Sánchez de “apoyar el terrorismo” por criticar la masacre en Gaza, por defender a las miles de víctimas inocentes, por pedir que se proteja a los civiles y que pare esta catástrofe humanitaria. Si decir esto es terrorismo, soy terrorista yo también.

Que tengas un buen fin de semana, a pesar de todo.

Un abrazo, 

Ignacio Escolar