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Fracaso de la ley de 'sacrificio cero' por falta de medidas contra el abandono de animales

La Federación de Asociaciones de Protección Animal de Madrid (FAPAM) presenta un contundente balance de la aplicación de la ley de protección animal y propone medidas concretas para hacer realidad el 'sacrificio cero'

La falta de medios y de voluntad de los ayuntamientos y la ausencia de medidas contundentes contra el abandono están generando graves situaciones de maltrato que contravienen el espíritu, y en ocasiones la letra de la propia ley

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Camada abandonada rescatada por la FAPAM

Camada abandonada rescatada por la FAPAM FAPAM

Cuando se aprobó la Ley de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, en 2016, la mayor parte de las asociaciones que trabajan día a día rescatando animales en la región alertaron de que el tan deseado 'sacrificio cero' seguiría siendo solo una utopía si no se acompañaba de medidas para reducir el abandono. Alertaban incluso de que podría acarrear graves consecuencias en los centros de acogida y que podría dejar a muchos animales en un total desamparo.

Más de un año después de su entrada en vigor, esos temores se han hecho realidad. La la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid (Fapam) ha presentado un contundente informe de balance de la aplicación de la Ley, y la conclusión es clara: la falta de medidas contundentes para reducir el abandono, unida a que muchos ayuntamientos no están realizando las acciones que les corresponden, está generando consecuencias catastróficas para los animales abandonados.

La conclusión evidente es que la ley no está funcionando bien. El extenso balance no solo analiza y denuncia los motivos por los que se están generando esas consecuencias, sino que también incluye medidas concretas y viables para que sean incluidas en el reglamento de desarrollo de la ley y hacer posible así que el 'sacrificio cero' sea una realidad.

La FAPAM describe una realidad que conocen bien todas las personas y asociaciones dedicadas a la protección animal: centros municipales que han cerrado sus puertas por falta de espacio dejando a los animales desamparados en las calles; animales víctimas de infracciones graves o muy graves que deberían ser incautados pero siguen en manos de quien los maltrata porque no hay sitio donde meterlos; centros de recogida gestionados por empresas que están hacinando a los animales y generando situaciones de maltrato, en algunos casos ya denunciados por la FAPAM.

Para mejorar esa cruda realidad, estas asociaciones insisten en la necesidad de reducir el número de animales que llegan a los centros de acogida. En ese sentido, la FAPAM recuerda que el Ayuntamiento de Madrid ya apela en un reciente informe a la necesidad de impulsar programas de prevención del abandono y de fomento de la adopción.

"La propia ley no ha podido dotarse de herramientas eficaces que prevengan el fenómeno del abandono y por tanto no actúa sobre el origen del problema", alerta ese informe, que se centra en las consecuencias que la aplicación de la ley ha tenido en el Centro de Protección Animal dependiente de Madrid Salud. "Mientras no se aborde de forma decidida y radical una solución al origen del problema, se mantendrá una presión de ingreso de animales superior a la que puede absorberse a través de la adopción y la recuperación por sus propietarios, con lo que cualquier aumento de plazas terminará siendo nuevamente superado y colapsado por los ingresos y generando una situación equivalente a la existente en la actualidad", alerta el consistorio de la capital.

Para la FAPAM, el origen del problema es la superpoblación, y reclama por ello de forma insistente reducir la crianza y generalizar la esterilización, sin dejarla restringida a los animales que se dan en adopción y a los perros y gatos que tengan acceso al exterior. El reconocimiento de los animales como seres sintientes, argumenta, los hace necesariamente distintos de cualquier bien del que se puedan aprovechar sus frutos, por lo que usar al animal para generar un provecho propio puede tener restricciones adicionales en la normativa.

Argumenta, además, que restringir la crianza por particulares con las medidas que propone supone: reducción de la natalidad y por ello reducción del abandono; control veterinario sobre el estado de los animales que evite "fijar" problemas genéticos básicos; una tasa o licencia necesaria que generaría una ganancia económica para los ayuntamientos que se dedicaría de forma directa a campañas de esterilización o control animal, de tenencia responsable de animales de compañía y de fomento de la adopción, medidas todas ellas imprescindible para la aplicación de una ley de sacrificio cero.

La FAPAM pone un ejemplo en su informe: una sola búsqueda por Internet arroja decenas de anuncios de compra y venta de animales por particulares, un auténtico mercado negro imposible de controlar para las administraciones, que incurre además en delitos contra la Hacienda Pública e incluso contra la salud pública.

Esa necesidad de controlar la cría y generalizar la esterilización ya era señalada por el Gobierno central, en concreto por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como principal medida para combatir el abandono. En un informe de 2015 cuantificó más de 102 millones de euros al año en España en concepto de "gastos por abandono".

Quienes rescatan animales y buscan para ellos una nueva oportunidad saben lo que implica la caza, y también la FAPAM alerta en su informe de que la mitad de las denuncias por maltrato que llegan al Seprona proceden de esa actividad. Propone por ello inspecciones oculares anuales de las rehalas y las perreras deportivas, aportación de la documentación veterinaria antes y después de la temporada de caza, obligación de esterilización para todos los animales, y, en general, un aumento real del control de su tenencia y de los usos que se les da a esos animales.

Las colonias de gatos de la calle merecen un capítulo en este informe. La insuficiencia de medios en los ayuntamientos hace que el método CES (captura, esterilización y suelta) siga en un 80% en manos de particulares y asociaciones. Además, el hecho de que la ley hable solo de "fomentar" ese protocolo hace que muchos consistorios sigan dando orden de retirar a los gatos de colonias, una solución incompatible con la ley. En muchas ocasiones la única alternativa para esos animales es el confinamiento y eso, en el caso de animales que en su mayoría no son sociables y, por tanto, no son adoptables, genera situaciones de maltrato.

Además, alerta, la insuficiencia de medios está generando graves enfrentamientos vecinales y maltrato, con casos de envenenamiento, agresiones con arma de fuego o emparedamiento de gatos. Ante esa situación, la FAPAM propone medidas concretas para implantar el control de colonias, entre ellas un protocolo marco para todos los municipios de la Comunidad de Madrid sobre gestión ética de colonias felinas.

Propone también medidas para evitar que las entidades de recogida puedan burlar la prescripción legal en cuanto al sacrificio cero y la obligatoriedad de atender a los animales, y también para llenar los vacíos legales en cuanto a animales incursos en desalojos y desahucios, así como en casos de intervenciones policiales o de la Guardia Civil, por ejemplo cuando persona titular de un animal es detenido o entra en prisión.

Asimismo, reclama incluir a los animales domésticos y silvestres en el ámbito de aplicación de la ley cuando no les sea de aplicación una normativa específica; impulsar campañas de esterilización; revisar a los animales incursos en expedientes sancionadores; controlar las acumulaciones de animales como las rehalas o las perreras deportivas; impartir cursos de tenencia responsable; regular el tratamiento a ciertas especies en las tiendas; habilitar un teléfono para avisos de maltrato animal; crear equipos de rescate especializados y regular los santuarios de animales, una reclamación de las asociaciones que rescatan animales procedentes de la industria y que, al salir de la cadena de consumo a todos los efectos, merecen y necesitan una regulación específica diferente a las de las explotaciones de las que proceden.

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