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“600 euros más alojamiento”: la oferta de empleo machista de un ‘empresario’ turístico de Fuerteventura

Letreros de viviendas vacacionales

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria —

Un anuncio de trabajo publicado en internet por un propietario de viviendas en explotación turística ofrecía un empleo en Fuerteventura para trabajar en un “hostal” por “600 euros más alojamiento”. Entre los requisitos que publicitaba, expresaba que pueden acceder al puesto una pareja o una persona “sola”, ya sea hombre o mujer, aunque matizaba que “es mejor una pareja porque si ella no paga nada aquí y el marido se busca por fuera un sueldo de 1.000 euros, más lo que coge de aquí, ganarían entre los dos 1.600 euros; sin pagar agua ni nada, ésa es la idea”.

“Les voy a dar una habitación privada para los dos más un sueldo de 600 euros, que al precio que están los alquileres aquí es como si estuviera ganando 1.100 euros, ya que no pagan ni agua, ni luz, ni internet”, añade el texto publicado y anunciado en el portal milanuncios.com (eliminado después de que este periódico se pusiera en contacto con el anunciante, que no ofrecía más que una dirección de correo electrónico, sin obtener ninguna respuesta).

Este tipo de ofertas son habituales y se dan incluso en peores condiciones en Canarias. La representante de la plataforma Vivienda Digna en Lanzarote, Elsa Betancort, ha asegurado que conoce casos que ofrecen menos dinero “en sitios en pésimas condiciones donde hospedarse, como un garaje. Además, sin contrato”. Betancort ha vivido la experiencia de ser expulsada de la vivienda de alquiler donde vivía durante nueve años en Costa Teguise (Lanzarote). “Quisieron explotar turísticamente la zona y ya casi no existen residentes allí”. Ahora, explica que habita en una casa donde vive “provisionalmente”, porque está en venta y, de hacerse efectiva, tiene un plazo 20 días para marcharse.

Eilen Izquierdo, abogada que ha ganado numerosos casos representando a propietarios de viviendas vacacionales en Lanzarote, aclara que “no es ilegal” ofrecer 600 euros más alojamiento a alguien como trabajo, “es como contratar un interno o una interna”, aunque matiza que es necesario conocer las condiciones del contrato, pues el salario no cumple con el mínimo.

Izquierdo explica que una vivienda vacacional es una casa entera que se alquila para unas vacaciones y no se ofrece servicio de limpieza; mientras que el alquiler vacacional de habitaciones, está regulado por un decreto del Gobierno regional que limita la posibilidad de autorizar esta actividad en zonas turísticas, aunque numerosas sentencias, que no son firmes, han anulado esa medida porque no se justifica la prohibición.

Para el secretario general de la federación de servicios de Comisiones Obreras en Canarias, Ignacio López, el problema de fondo radica en que “no se sabe cuánta gente realiza los trabajos de limpieza que este tipo de viviendas necesitan, en qué condiciones, bajo qué convenios o qué medidas de salud y de prevención se aplican”. Y este desconocimiento tiene una causa: “la falta de regulación del trabajo” que se realiza en este tipo de espacios.

“Las viviendas de alquiler vacacional no tienen un mínimo que se les exija por parte de las administraciones en relación a la calidad en la limpieza, de todo lo que se necesita. Nadie regula que los trabajadores y las trabajadores en este tipo de espacios se encuadren en un convenio de hostelería o en cualquier otro”, explica López.

Además, a esta situación se suma el problema del aumento del precio de los alquileres de viviendas para uso residencial o la dificultad para comprar. “Esto está generando que el trabajador que esté buscando una vivienda encuentra solo una habitación por 600 euros en, por ejemplo, el Tablero (Gran Canaria), que es un caso que conozco”.

A juicio de López, esto “solo se combate regulando”, porque el Gobierno de Canarias se ha limitado a hacer un decreto “que deja a los ayuntamientos la libertad de regular en cada municipio el alquiler vacacional” y “es un desastre y un desorden”.

El diputado socialista Iñaki Lavandera es aún más rotundo: “Es indignante que existan este tipo de ofertas laborales, que son de semiesclavitud” porque “entienden que el alojamiento es parte de la retribución, por la falta de vivienda de uso residencial en núcleos turísticos”.

Lavandera considera que el turismo en Canarias “se está pervirtiendo” porque estas prácticas ya pasan de lo “anecdótico” a ser habituales, pues a la precariedad en el empleo se le suma la falta de control sobre determinados productos turísticos, además de la problemática en el acceso a la vivienda de uso residencial. “El Gobierno de Canarias ha hecho una dejadez absoluta e insultante en la actualización del decreto de alquiler vacacional”, concluye.

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