La Graciosa, la isla canaria que logró su ‘independencia’ hace cuatro años sin mucho éxito

Desde 2018, Canarias tiene ocho islas, no siete. Y es así por una cuestión tan simple como lógica: una isla es reconocida como tal si está habitada de forma continua. La Graciosa, al noreste de Lanzarote, lo está. En ella residen poco más de 700 personas, según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). El problema es que la autonomía prometida tras su reconocimiento como ínsula no ha llegado. Todo lo que ocurre en La Graciosa se sigue decidiendo en el ayuntamiento lanzaroteño de Teguise, administración a la que está agregada. Y hasta que no se modifique la ley, así será.

La normativa reguladora de las bases del régimen local no permite la creación de nuevos municipios para poblaciones con menos de 5.000 habitantes. Y en 2013, el Partido Popular aprobó una ley que impide la formación de entidades locales inferiores al municipio. A modo de resumen, no hay vía legal en estos momentos que facilite la instauración de una estructura organizativa en La Graciosa, ya sea pedanía, ayuntamiento o cabildo, lo que deja en un panorama “desolador” el reconocimiento de la insularidad alcanzado hace cuatro años, concluye una investigación publicada hace unas semanas en la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica.

El autor del trabajo, Noel Armas Castilla, investigador predoctoral del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla (US), resume cronológicamente el camino de La Graciosa hasta convertirse en una isla de derecho, pero no de hecho. Armas considera que el muro reglamentario al que se enfrenta dicha región para independizarse hace de esta situación un claro ejemplo de ley manifiesto o ley propaganda, “una expresión política basada en el mal uso de la técnica legislativa para emitir declaraciones políticas sin voluntad de crear verdadero Derecho”.

“Es una mera declaración de La Graciosa como isla, pero sin ninguno de los atributos propios de la misma. No se ha hecho nada palpable, más allá de cambiar algunos símbolos, como por ejemplo la modificación del himno de Canarias. Pero desde el punto jurídico, ¿ha cambiado algo? Yo no veo nada”, apunta el experto a esta redacción.

El Estatuto de Autonomía de Canarias (EAC) dividía en dos a Canarias. Por un lado, estaban los siete “territorios insulares” más conocidos: El Hierro, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife. Y por otro, las “islas” de Alegranza, La Graciosa, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, que conforman el Archipiélago Chinijo y son administradas por Lanzarote, y Lobos, que es regentada por Fuerteventura.

Eso en 2018 cambia. El Senado apoya la iniciativa de declarar a La Graciosa como la octava isla canaria (después de una recogida de firmas con más de 8.000 rúbricas que se inició en 2013) porque “requiere un tratamiento legal inigualable que sirva al propósito de mejorar la calidad de vida de los gracioseros”. Y ese mismo año, el nuevo EAC separa por primera vez a La Graciosa del resto de islotes, pero vuelve a aclarar que está “agregada administrativamente a Lanzarote”. El texto distingue así hasta tres grupos insulares: las islas habitadas con administración propia, la única isla habitada sin estructura de gestión y los islotes en el sentido estricto de la palabra.

“Con esta solución ad hoc se buscaría pues dignificar a la población de La Graciosa, distinguiéndola de los islotes con los que tradicionalmente se ha vinculado, sin equipararla administrativamente a las siete islas que históricamente han contado con su propia organización administrativa”, señala Armas. Pero solo ha sido eso. Una dignificación y poco más.

En palabras de Alicia Páez, concejala de La Graciosa en el Ayuntamiento de Teguise, la isla sigue contando con los mismos problemas que antaño. “Esto no ha traído beneficios. Yo todavía estoy esperando a que se termine la red de saneamiento, la fibra óptica, el plan de ordenación de los recursos naturales… Tenemos la cesta de la compra más cara de toda Canarias porque no hay ayudas para el transporte de mercancías”, destaca la también edil de Pesca y Medio Ambiente en el consistorio.

Este mismo verano, La Graciosa ha estado cerca de quedarse sin agua potable después de que la tubería submarina que abastece a la isla desde Lanzarote sufriera seis roturas en ocho meses. La “alta demanda registrada” debido al incesante número de viajeros que visitan sus playas cada año está tensionando los recursos públicos. El Gobierno de Canarias ha presupuestado para 2023 dos millones de euros para infraestructuras y servicios generales y otro millón para saneamiento, depuración y vertido. Pero Páez sigue sin verlo claro. Ella asegura que no hay una partida exclusiva para resolver las “diferentes deficiencias” que tiene aún La Graciosa.

“Nos llenamos la boca al hablar del paraíso de la octava isla, pero luego las administraciones no son conscientes de las necesidades. Esto no es lo que era. Gracias al turismo el censo ha aumentado muchísimo. Ha venido gente a trabajar en la hostelería, en el turismo, etc., y seguimos con los mismos servicios y las mismas infraestructuras obsoletas”, resume Páez. La Graciosa, una Reserva de la Biosfera desde hace más de tres décadas, recibe más de 300.000 turistas cada curso. En este pequeño territorio canario de 29 kilómetros cuadrados, los residuos se acumulan en las esquinas por la falta de mantenimiento. Pero existe un mecanismo actual (y otro en el futuro, presumiblemente) para tratar de paliar esto.

El Consejo de Ciudadanía de La Graciosa es un órgano consultivo del Ayuntamiento de Teguise. Es la única vía por la que los gracioseros pueden expresar sus reclamaciones. Está compuesto por un presidente, un vicepresidente, un secretario y diez vocales, todos ellos vinculados a la sociedad de la isla: representantes de la asociación de madres y padres del colegio, de una asociación deportiva, de trabajadores relacionados con el medio ambiente, de empresarios, de la cofradía de pescadores… Preguntada por ello, Páez reconoce que se toman decisiones en la mesa de trabajo tras recabar sus opiniones, pero que estas no son vinculantes, y que la única forma de hacerlo sería con la creación de una pedanía.

Cuando el Senado respaldó en 2018 la independencia de La Graciosa, la Comisión General de las comunidades autónomas en la Cámara Baja instó al Gobierno de España a modificar la norma para introducir como supuesto singular de entidad local menor con personalidad jurídica el de una isla habitada. Curiosamente, la ley de los municipios de Canarias, aprobada en 2015, también prevé un modelo de gestión desconcentrada para La Graciosa, sin desagregarla del Ayuntamiento de Teguise, pero que al menos proporcione a sus habitantes el exclusivo ejercicio de ciertas competencias municipales, como puede ser el mantenimiento de las vías, entre otras cuestiones.

Sin embargo, cuatro años después de su reconocimiento como isla, todo sigue igual. Pandemia, volcán de La Palma y guerra en Ucrania de por medio, La Graciosa continúa con la misma autonomía que antes: nula. A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Teguise volvió a pedir al Ejecutivo estatal la modificación de la ley que impide la formación de una pedanía. Pero de momento, no ha habido avances en la materia.