Un juzgado de Santander condena a un banco a devolver a una clienta casi 2.000 euros por una operación no autorizada
Un juzgado de Santander, basándose en una sentencia de hace un mes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha condenado a un banco a reembolsar a una clienta los casi 2.000 euros que se cargaron en su cuenta por una operación no autorizada y que ésta comunicó “sin demora” a su entidad.
Los hechos se remontan al 13 de noviembre de 2024, día en que la demandante recibió una llamada procedente de un número identificado por su terminal como el correspondiente a su banco.
Según la demanda, en esa llamada la persona que estaba al otro lado de la línea le manifestó ser trabajador de la entidad bancaria y le informó de que se estaba intentando realizar una compra con su tarjeta y le preguntó si autorizaba dicha operación.
Al no reconocer dicha compra, la mujer manifestó expresamente que no autorizaba la operación.
Acto seguido, el interlocutor le solicitó los datos de la tarjeta con la finalidad, según indicó, de proceder a su bloqueo, a lo cual la demandante accedió creyendo estar tratando con personal legítimo de su banco.
Posteriormente, con el fin de verificar la autenticidad de la llamada recibida, la demandante devolvió la llamada al mismo número telefónico, comprobando que el tono musical y el mensaje del contestador automático coincidían con los utilizados habitualmente por el banco.
Además, en el contestador se indicaba que la llamada se estaba realizando igualmente a dicha entidad.
Al día siguiente, la demandante acudió a su oficina bancaria, donde comprobó que, según consta en la demanda, se había ejecutado “un cargo ilícito y no autorizado” en su cuenta por importe de 1.990 euros, una operación que no reconoce como realizada ni autorizada por ella y que entiende como un “fraude”.
La demandante subrayó que no había recibido ningún código, mensaje u otro sistema de autenticación reforzada para autorizar dicha operación, “conforme a lo exigido por la normativa de servicios de pago”.
También aseguró que ni facilitó ni comunicó por ningún medio sus credenciales de acceso a la banca online o códigos de verificación a terceros, no pudiendo autorizar disposición alguna de fondos desde su banca electrónica.
La demandante afirmó que “no proporcionó voluntariamente en ningún momento” datos personales “especialmente sensibles”, por lo que entiende que “únicamente pudieron ser obtenidos como consecuencia de un fallo de seguridad, brecha de datos o filtración interna ajena a su voluntad”.
Como consecuencia de los hechos descritos por la demandante, su banco bloqueó la tarjeta asociada a la operación fraudulenta.
En junio de 2026, la mujer, asistida por el letrado Juan Manuel Brun, demandó al banco y le reclamó el reintegro de los 1.990 euros, más intereses y costas.
En respuesta, el banco sostuvo que no estaba acreditada la existencia de fraude y que “ha existido en el presente caso negligencia grave del cliente”, por lo que consideraba que “no hay responsabilidad alguna por parte de la entidad”.
Aseguraba que para que el fraude se consumara había sido “indispensable y totalmente necesario” que su clienta hubiera cedido sus claves de acceso de banca online para que un tercero pudiera operar desde la misma, y del mismo modo, que hubiera proporcionado la clave de seguridad para realizar la transferencia. “Necesariamente ha tenido que ser el cliente con su actuación negligente el que los facilitó”, aseveró.
Vistos lo expuesto por demandante y demandada, la plaza número 10 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Santander dictó el pasado 9 de noviembre una sentencia, contra la que no cabe recurso, en la que estimó íntegramente la demanda y condenó a la entidad a abonar los 1.990 euros que le fueron cargados a su clienta por esta operación no autorizada.
Para su fallo, el órgano judicial considera “especialmente relevante” la sentencia del TJUE de 15 de octubre de 2026 que, según explica, establece que el banco no puede negarse a devolver inmediatamente el importe por entender que el cliente hizo posible la operación al cometer una negligencia grave salvo que la entidad disponga de motivos razonables para sospechar de la existencia de fraude por parte de la cliente y comunique dicha sospecha, por escrito, a la autoridad competente, algo que en este caso no ocurrió.
Además, la sentencia del juzgado de Santander apunta que en la resolución del TJUE se establece que la eventual concurrencia de negligencia grave puede analizarse con posterioridad, correspondiendo al banco acreditar su existencia.
Tras esta sentencia del TJUE, el juzgado de Santander señala que, aplicándola, “la consecuencia no puede ser otra que la íntegra confirmación de la demanda”.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que “la supuesta negligencia grave que la cliente pudo o no desplegar es irrelevante a los efectos del presente procedimiento, pues la entidad bancaria conforme a la jurisprudencia citada ha de devolver el importe de inmediato, sin perjuicio de la reclamación que pueda realizar con posterioridad, acreditando tal circunstancia”.
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