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Dos acusados por agredir al alumno del Torres Quevedo con parálisis aceptan un acuerdo y dos irán a juicio

Carteles contra el acoso en la valla del IES Torres Quevedo.

elDiario.es Cantabria

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Dos de los cuatro menores acusados por agredir en marzo de 2025 a un alumno con parálisis cerebral del instituto Torres Quevedo de Santander, y grabarlo en vídeo mientras le pegaban, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular por el que aceptan, uno de ellos ocho meses de tareas socioeducativas y el otro una amonestación. Los otros dos, tras no llegar a un pacto, irán a juicio.

Los que han llegado a un acuerdo, y que han alcanzado también un arreglo extrajudicial para indemnizar a la víctima con 2.000 euros, no podrán acercarse a ella a menos de 300 metros y tampoco comunicar con ella, según se determina en la sentencia de conformidad dictada el pasado 4 de noviembre por la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Santander (plaza número 1).

Según esta resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, se considera a ambos autores de un delito contra la integridad moral en concurso real con uno leve de maltrato.

Por otra parte, los otros dos acusados no han aceptado el acuerdo al considerar que son inocentes y que no han cometido ningún delito. Tras ello, serán juzgados por el mismo órgano judicial el 21 de enero de 2027, según ha podido saber esta agencia.

El Ministerio Fiscal pide para uno de ellos, como autor de un delito contra la integridad moral en concurso con otro leve de maltrato, 70 horas de trabajos en beneficio de la comunidad de carácter humanitario; y al otro, por el mismo delito, 12 meses de tareas socioeducativas “encaminadas a promover el desarrollo moral, las habilidades sociales alternativas a la agresión y la capacidad empática”, además de que no podrá acercarse ni comunicarse con la víctima durante dos años.

Asimismo, la Fiscalía reclama que la víctima sea indemnizada por un total de 2.500 euros por los perjuicios ocasionados.

Por su parte, la acusación particular coincide con la Fiscalía en las medidas contra los acusados pero eleva la petición de indemnización conjunta a más de 28.000 euros.

El menor agredido se encuentra afectado desde su nacimiento por una parálisis cerebral que le impide andar y hablar. Por ello, tiene que desplazarse en una silla de ruedas eléctrica y comunicarse a través de un dispositivo electrónico.

Tiene reconocida una discapacidad del 75% y un grado de dependencia 3 o gran dependencia.

Acuerdo para dos de los menores acusados

Respecto a los dos menores que han aceptado el acuerdo, han reconocido los hechos que se declaran como probados en la sentencia, la causa que se fundan y la medidas que se les han impuesto.

Según se relata en la resolución judicial, ambos eran compañeros de clase de la víctima. Todos ellos cursaban 4º de Educación Secundaria Obligatoria y formaban parte de “un grupo de amigos que realizaba actividades conjuntas en el tiempo escolar así como durante los recreos”.

El 11 de marzo de 2025, sobre las 12.00 horas, se encontraban sin profesor en un aula del instituto realizando una actividad académica en la que podían usar sus teléfonos móviles.

En ese momento, y “guiados por el mismo propósito de menoscabar la dignidad moral” de la víctima, unos de los acusados pegaron a la víctima y otros grabaron la escena en vídeo, “ocasionando todo ello un sufrimiento” en el agredido, que a raíz de los hechos “ha padecido una situación de estrés y afectación emocional leve que le ha generado daño social y psicológico agravado por su vulnerabilidad emocional y social debida a su discapacidad”.

En cuanto al castigo establecido, en la sentencia se señala que la medida de tareas socioeducativas impuesta durante ocho meses a uno de ellos se considera “de todo punto necesaria desde el punto de vista educativo” a la vista de los hechos cometidos y del informe elaborado por un equipo técnico.

Además, se ve como la “más adecuada” y encaminada a “promover su inserción formativo laboral, así como su desarrollo moral y las habilidades sociales alternativas a la agresión”.

Se señala que la medida se impone a fin de “consolidar su proceso educativo mediante la realización de actividades específicas dirigidas a facilitarle el desarrollo de su competencia social” y se considera “proporcionada” al delito cometido.

Se indica que la entidad pública de reforma, que deberá ejecutar la medida, informará al juzgado sobre la evolución o cumplimiento del menor y sobre cualquier incidencia o aspecto destacable durante su ejecución.

Al otro menor se le impone una amonestación, medida “de todo el punto necesaria, desde el punto de vista educativo” para hacerle “comprender la trascendencia de los hechos cometidos” para que no los vuelva a cometer en el futuro ni otros de “contenido antisocial”.

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