El PP se 'desgasta' en los tribunales
Desde hace 20 años, Astillero es un fortín para el Partido Popular. En las últimas cinco elecciones municipales, los 'populares' han obtenido el respaldo de más del 50% del electorado, logrando en todos los casos gobernar con mayoría absoluta. En estos nuevos comicios, que tendrán lugar el próximo 24 de mayo, el PP se enfrenta al reto de revalidar esa mayoría con el hándicap de tener a su candidato, el actual alcalde, Carlos Cortina, imputado por un delito de prevaricación.
El caso se encuentra en fase de diligencias previas y está motivado por la supuesta contratación irregular de la hermana de la responsable de Personal del Consistorio, que trabaja en el Ayuntamiento como personal laboral. En el año 2007, el equipo de Gobierno adjudicó 'a dedo' -al tratarse de un contrato menor- a Rosa Olvido Nozal realizar la descripción, relación y valoración de la plantilla municipal, por lo que sería remunerada con 12.000 euros. Ésta contratación se realizó con reparos del Servicio de Intervención y del secretario municipal. Fue éste último quien denunció los hechos ante la Fiscalía aunque, posteriormente, se sumaron a la causa IU y PSOE.
Desde la oposición afirman que ésta persona, próxima al PP, ha recibido entre 2007 y 2010 de las arcas municipales 119.000 euros -un importe diez veces superior al contrato inicial-, por un trabajo que, además, ni siquiera ha completado, añaden. El fiscal considera que la legitimidad y necesidad de la contratación “queda en entredicho”.
En su defensa, Cortina ha asegurado este viernes, a través de un comunicado de prensa, que las denuncias que realizó el secretario municipal están “plagadas de falsedades y de medias verdades”. En este sentido, acusa al funcionario de “tergiversar los hechos” y “manipular documentos en su propio beneficio”.
El alcalde ha recordado que el próximo 28 de abril acudirá a los Juzgados de Santander para declarar “por la firma de dos decretos”, “animado”, dice, por descubrir el “juego sucio” del secretario municipal, a quien achaca haberse movido por venganza. Según el regidor municipal, el origen de la denuncia está en que la responsable de Personal del Ayuntamiento detectó “irregularidades” en las gratificaciones que percibía el citado secretario.
El candidato del PP afirma que cuando adjudicó el contrato, “el decreto no tuvo objeción alguna por parte del secretario”. Y respecto al pago, en 2013, de la productividad a otro empelado municipal, por lo que también será juzgado, subraya que éste ya venía percibiendo ese complemento “desde hacía años”.
“Lo triste es que todo esto haya llegado tan lejos y no se haya detectado cuáles son las verdaderas intenciones de este señor, que no son otras que hacer daño por un interés personal”, concluye Cortina.
El IVA y las maquetas navales
La gestión del PP en Astillero ya ha desembocado en esta legislatura en otros dos procedimientos judiciales. En ambos casos, el Ayuntamiento ha sido condenado.
En septiembre del año pasado, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) anuló la compra de varias maquetas y la construcción de un museo naval, un proyecto que ha conllevado una inversión municipal de más de 460.000 euros y que ha sido muy criticado por la oposición al considerarlo un “despilfarro” en la actual situación económica y social. El juez falló a favor de la denuncia presentada por los socialistas al entender que la construcción de un museo no está dentro de las competencias municipales y contravenir la Ley de Contratos del Sector Público. A pesar de esta sentencia, el alcalde continuó adelante con el museo naval, que acaba de ser inaugurado recientemente.
También ha sido condenado por no ingresar el IVA en la venta de una parcela municipal. Este hecho provocó que el Tribunal Supremo condenara al Ayuntamiento a pagar más de 630.000 euros, los 231.000 que debería haber ingresado en su momento en concepto de IVA y unos 400.000 euros más como sanción e intereses por no abonarlo en su momento -cuando era alcalde Ignacio Diego, actual presidente del PP y de Cantabria-. Los recursos judiciales presentados por el PP incrementaron en más de tres veces el importe inicial de la sanción.
La oposición espera que estos tres casos judiciales, sumados al desgaste del PP por la gestión de la crisis y los casos corrupción, propicien un cambio de Gobierno municipal.
