El cuerpo y la libertad contra los desahucios

En la mañana del 13 de julio de 2020, un grupo de personas anónimas se armaba de solidaridad para tratar de amortiguar los efectos de la violencia que se desata cuando el Estado opta por proteger a grandes tenedores de vivienda y no a familias en situación de vulnerabilidad económica o de pobreza que, gracias al activismo por la vivienda, ya no están tan indefensas. A fuerza de poner sus cuerpos anónimos y solidarios entre la familia de Lilian y la amenaza de dormir en la calle con sus nietos, lograron paralizar el desahucio en la calle Poeta Hernández de Astillero y la familia respiró tranquila al menos un día más. Sin embargo, esta acción de último recurso, alternativa final cuando las gestiones tan variadas como desconocidas que llevan a cabo cotidianamente los colectivos antidesahucios fracasan, tuvo un alto coste para dos de las personas que allí se juntaron para acompañar a sus vecinos.

La plataforma Stop Desahucios había convocado la movilización para frenar el desahucio a las nueve y cuarto de la mañana, secundada por otros colectivos como la PAH. Sin embargo, al llegar, se encontraron con la sorpresa de un nuevo y amplio dispositivo de la Guardia Civil que incluía vallas para impedir el acceso al portal de quienes acudían en apoyo de la familia con menores. Entonces, aquella táctica, un dispositivo montado, según los propios activistas, sin contar con autorización de la comunidad de propietarios ni orden judicial, resultaba una novedad; ahora, según aprecian los y las activistas, es ya moneda común. La llegada del cerrajero fue respondida con la formación de un cordón pacífico para impedir que accediera a la vivienda y fue entonces cuando, según Stop Desahucios, empezó un empleo de “violencia inusitada” por la Guardia Civil, que utilizó porras contra la gente.

Acabaron el día magullados y doloridos, pero satisfechos por conseguir retrasar que los cinco miembros de la familia de Lilian, su hijo, su pareja y los dos hijos de ambos, de tres y cinco años de edad, se quedaran en la calle. El “Servir y proteger” a la ciudadanía de las fuerzas y cuerpos de seguridad se ve que queda para las series: hoy se trata de servir y proteger a grandes empresas y bancos, al capital antes que las personas. Suena duro, pero es la realidad. En Cádiz, por ejemplo, policías nacionales llegaron a encontrarse desalojando a compañeros octogenarios, jubilados, aunque el ministro Marlaska, espabilado él, se comprometía entonces a paralizar los desahucios de aquel bloque —jubilados, viudas y familias de agentes— hasta que se encontrase una solución habitacional para cada uno de los inquilinos. Es lo que se denomina un «Que soy compañero, coño» desde el 15M.

Pero Lilian no es policía. Lilian es limpiadora y gana 500 euros por un trabajo que la mayoría de la gente preferiría no hacer. Son esos trabajos que, debiendo ser los mejor remunerados por su dureza, reciben sueldos de miseria. Habría que ver si después de limpiar váteres un mes, a un político aun le costaría tanto entender esto. Con esos míseros 500 euros, además, nuestra heroína hacía malabares para mantener a los cinco miembros de la familia, porque su hijo formaba parte de las 28.100 personas que no encuentran trabajo en Cantabria y su nuera trabajaba ocasionalmente en ese sector precario que es la hostelería.

Así, un mal día, Lilian decidió comprar comida y ropa a sus nietos en vez de pagar las cuotas de alquiler al fondo inmobiliario Desarrollo Las Peñicas, perteneciente a Liberbank, antagonista de la última oleada de ejecuciones o no renovaciones de alquileres sociales. Parece ser que este fondo hacía “la labor sucia” para Liberbank, que defiende en su publicidad que “corresponde” invirtiendo “en un mundo más sostenible y humano”. Será que consideran que gente como Lilian y su familia debiera vivir en un tipi de bioconstrucción o, en el colmo de la ironía, que, como rezan los artículos en neolengua neoliberal, hacer “cohousing”, a saber, malvivir en un piso con más gente… Porque lo llaman cohousing para que suene chic pero es precariedad habitacional, y en su extremo están los pisos patera.  

Como apoyo a los jóvenes encausados, se creó desde bien pronto una plataforma denominada 'Juntas lo paramos todo: ni desahucios ni represión' que siempre ha dejado bien claro que por delante de la situación de las personas activistas está la de las desahuciadas, pero tampoco se puede olvidar que dos jóvenes llevan tres años con su proyecto vital amenazado por peticiones de pena de dos años de prisión por parte de la Guardia Civil, que actúa como acusación particular, o de un año y medio por parte de la Fiscalía. Por eso, este martes 14 de noviembre esperan encontrar a las 9.00 horas, justo antes del juicio, a mucha gente arropando su labor en la entrada de los juzgados de la calle Alta de Santander. Es una buena forma de agradecer a este tipo de activistas el trabajo impagable que hacen y, en este caso particular, las penalidades sufridas a lo largo de estos años de espera. 

A uno de los jóvenes se le acusa de presuntamente tirar una valla, agredir a un guardia civil y romper un casco, actos que él niega y los videos grabados parecen no avalar. Que el activista, como ha denunciado la plataforma, fuera insultado y zarandeado por la Guardia civil en el interior del portal es algo que no ha sido aceptado en sede judicial, donde los agentes no han tenido siquiera que personarse, algo que les parece un “trato desigual”. El otro acusado lo está por presuntamente causar “lesiones leves” en un pie a un agente por tirar una valla, lo cual genera, cuando menos, preocupación acerca del calzado con que interior pertrecha a los agentes cuando una valla caída puede amenazar a los miembros de la Benemérita con lesiones. Se supone que usan botas “FAL técnica polivalente” con tecnología de puntera ligera Vincap, capaz de resistir un choque de 200 julios, y en los videos se aprecia que las vallas metálicas eran bastante endebles. Cabe esperar que en el juzgado cuenten con expertos para considerar los efectos de una valla así caída, es decir, no propulsada desde kilómetros de distancia.

Pese a su complicada situación, los activistas, que confían en probar su inocencia y lograr la absolución, han llevado a cabo una campaña dirigida a mostrar que no se trata solo de su caso, sino que se trata de prácticas represivas generalizadas contra el movimiento de protección del derecho constitucional a la vivienda, algo que refrenda una rápida búsqueda en Google, pues las noticias muestran el goteo incesante de juicios y multas contra activistas de este movimiento. Por ello, apelan a la solidaridad, con la convicción, que han convertido en lema de su campaña por la inocencia, de que 'Juntas, lo paramos todo'.

Ocurra lo que ocurra en el juicio, la batalla de la ética la tienen ganada. Si un extraterrestre se acercara al planeta tierra a hacer un estudio de campo y, como un buen antropólogo, juzgara nuestras conductas conforme a los valores de la tribu humana —depositados en sistemas éticos— no creo que le cupiera la menor duda de que es más ética la conducta de los activistas, la solidaridad activa entre vecinos, que la de los bancos y sus sociedades derivadas, desalmados que tienen hacen de los hogares ajenos su negocio. Apuesto, además, que le causaría una notable perplejidad cómo descuida el Estado la integridad podal de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, el escaso nivel tecnológico de su calzado.