87 mujeres y 10 menores. Esas son las cifras que arroja la violencia machista en nuestro país en lo que llevamos de 2018, según feminicidio.net. Casi 100 asesinatos, que se vienen a sumar a los más de 900 contabilizados desde el 2003, año en que se empiezan a elaborar estadísticas. No hay velas ni flores en el mundo que calmen el dolor que hay detrás de cada uno de ellos. Las heridas que dejan en el entorno de las víctimas no pueden ser paliadas por ningún acto simbólico, por ninguna declaración institucional, por ninguna manifestación.
Pero todas y cada una de esas reivindicaciones públicas contra la violencia de género tienen una función: recordarlas. Ponen el foco mediático en un problema estructural de nuestra sociedad, que debe ser erradicado más pronto que tarde. Cada vez que un grupo de mujeres se reúne y honra la memoria de las que ya no están entre nosotras, víctimas de quienes decían amarlas, remueven la conciencia de todas. Cada vez que se enciende una vela en cualquier lugar de nuestro país para llorar a los menores que han visto su vida rota por un padre que prefirió castigar a su madre quitándole lo que más quería, se nos encojen las tripas. No olvidamos, no perdonamos. Y eso es lo que pretendía la concentración del pasado 2 de noviembre frente a la sede de la Delegación de Gobierno de Santander: ser nuestra memoria colectiva.
Pero la violencia contra las mujeres no solo se ejerce en el hogar o en el entorno más cercano. No solo nos matan, después de una espiral de maltrato psicológico y verbal en la mayoría de los casos. No solo es violencia el acoso, la violación o el abuso. La violencia también se ejerce desde las instituciones, desde la judicatura, desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La identificación y denuncia tres mujeres por “deslucir un edificio público”, acompañada de un despliegue policial desproporcionado, se enmarca en esa violencia. Tengo claro que a muchos, ver carteles con los nombres de las asesinadas en la fachada de un edificio público, les molesta. Que las velas y las flores les hacen daño a la vista. Pero no por el “deslucimiento” de nuestro patrimonio arquitectónico, sino por lo que significan. Entiendo el peligro que supone las reivindicaciones feministas para un sector de nuestra sociedad, anclado en el heteropatriarcado más feroz. Pero que esa visión de un acto como ese, sesgada y simplista, sea adoptada por quienes se jactan de ser servidores públicos, es bochornoso.
No podemos permitir, bajo ningún concepto, que las estructuras que sostienen ese mal llamado Estado de Derecho en el que se supone que vivimos, alienten, protejan y promuevan actitudes que machacan y condenan a las víctimas. No podemos tolerar que nos manden callar quienes deberían escucharnos. Cada vez que una mujer es maltratada por el sistema judicial, policial o asistencial, nuestra voz debe oírse más alta y más clara. Ampararse en la Ley Mordaza, detrás de las placas y los trajes antidisturbios, para disuadir a las activistas de que dejen de hacer una labor más que necesaria, no es más que otra pata del mismo monstruo.
El delegado del Gobierno ha salido al paso de este incidente, volcándose en manifestaciones de apoyo a las víctimas, y tal y tal. Me alegro por él. Al fin y al cabo, abrir los ojos al feminismo es querer un mundo más igual para todas. Pero ese discurso quizás lo debería hacer en una comisaría y no para los medios de comunicación. No dudo de su buena voluntad, pero sí de la efectividad de sus palabras.
Mientras, en un mundo en el que los símbolos han tomado el protagonismo, en el que palabras huecas y altisonantes llenan los telediarios y las portadas, nos siguen matando. Las promesas y los planes integrales de nosequé, que elaboran en los despachos los políticos de turno, quedan sin efecto porque la dotación presupuestaria o es insuficiente o no llega nunca. Faltan unidades específicas de atención a las víctimas, bien formadas, en todos los ámbitos. No se escucha a las mujeres, no se escucha a los menores, grandes damnificados de esa violencia machista que se ceba en los más débiles. Paz Rodríguez, presidenta de la Asociación Carla Vive de Gijón, lo expresó así en un juzgado: “Nos estáis dejando pocas soluciones a las mujeres y las pocas que nos quedan no os van a gustar”. Esas palabras la acarrearon 20 días de arresto domiciliario.
Seguiremos poniendo flores, encendiendo velas y escribiendo artículos. Seguiremos hablando donde nos quieran escuchar y también donde no quieran hacerlo. Frente a las placas y delante de nuestros victimarios. En los juicios y en las calles. Seguiremos intentando mitigar el dolor con luz, pétalos y gritos. Estropeando edificios con nuestros carteles, pintando las calles de color morado en cada manifestación. Acostúmbrense, sígannos o échense a un lado.
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Primera Página es la sección de opinión de eldiario.es Cantabria. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
