Sobre indultos y penas

Una de las noticias que más han llamado la atención esta semana (cacareos sobre Venezuela y socialdemocracia aparte, que aun durarán un tiempo) ha sido la de ese chaval de Granada que, totalmente rehabilitado (o al menos tal parece) deberá de ingresar en prisión después de no habérsele concedido el, para algunos casi preceptivo, indulto. Y es un hecho que, quizá, merezca una reflexión un poco más profunda de la realizada desde los medios. 

Porque ustedes habrán podido ver, escuchar y leer un montón de gazmoñerías vacías (algunas de un amarillismo vomitivo, aunque acostumbrado) sobre todo este asunto, y ninguna, creo, que aborde el fondo del mismo. Que no es, a mi parecer, el carácter de rehabilitado o no del muchacho (sobre esto volvemos más adelante) sino la propia existencia del indulto.

En esta misma columna desde la que me dejan meterme en charcos cada semana reflexionaba, hace unos meses, sobre la pena de muerte. Y lo hacía en términos absolutos, que es, a mi modo de ver, la única forma de afrontar una cuestión tan delicada. Es decir, con una visión claramente a favor o en contra, pero nunca, nunca, basándonos en relativismos morales o casuística barata. Y creo, es mi opinión, que con los indultos deberíamos actuar igual.

Lo vamos a ir adelantando para que luego a nadie le pille de sorpresa. Yo estoy en contra del indulto, de cualquier indulto. Y lo estoy por una reflexión personal que no tiene por qué ser compartida, pero que sí pienso está, al menos, ponderada. Yo estoy en contra del indulto, de cualquier indulto, porque no me agrada la idea de la corrección por parte del poder ejecutivo al poder judicial. Llámenme anticuado, hijo de Montesquieu o cómo deseen. Pero es lo que pienso.

Este de la división de poderes fue uno de los primeros principios que habrían de ir conformando eso tan complejo que después hemos venido llamando democracia. En otras palabras, que las asunciones plenipotenciarias del Antiguo Régimen ya no fueran posibles, y que quien gobernase no pudiese hacer las leyes, y quien aplicase éstas no fuera el mismo que gobierna.

Y ya sé que hoy en día todas estas ideas se encuentran en una profunda crisis, incluso en una más que cuestionable reflexión (la primacía de Ley, por ejemplo, parecía tocada de muerte hace unos años merced a la fagotización que había sufrido el legislativo por parte del ejecutivo) pero a mí, qué quieren que les diga, me siguen pareciendo principios válidos. De esos a partir de los cuales se puede pensar en construir una sociedad. Nunca deben estar los jueces corregidos o supeditados al ejecutivo…y si en algunos casos lo están lo que debemos hacer es intentar eliminar esas fallas, en lugar de usarlas en el argumentario para justificar las que son exactamente iguales pero nos agradan más en lo ideológico. No sé si me siguen…

Volvamos al caso concreto. Entendiendo que el de la rehabilitación y reinserción es el objetivo de las penas según la Constitución Española, y entendiendo que el chico al que nos referimos parece haber cumplido esos dos objetivos, parece claro que deberíamos alegrarnos todos de que siguiera en libertad, ¿no? Puede ser, no lo negaré yo, pero no, desde luego, por medio del indulto. Si es injusto que ingrese en prisión será materia casi filosófica que ahora no nos compete abordar, y si la sociedad considera injusto que ingrese en prisión (o inconstitucional, tomando lo dicho más arriba) deberán ser sus representantes quienes articulen una normativa que no permita tales injusticias. O los jueces quienes intenten corregirlas dentro del libre albedrío que poseen a la hora de aplicar la legislación. Pero en modo alguno es deseable que venga el Gobierno de turno a decidir quién ha sido bien juzgado y quién debe de ver cambiada su sentencia.

Y no lo es porque el Gobierno, el poder ejecutivo, poseerá entonces un mecanismo corrector sobre el judicial bastante peligroso. Y porque estará de nuevo en sus manos la potestad de establecer hasta dónde llevar tal mecanismo, en qué casos hacerlo actuar, dónde poner sus límites. ¿Quién indultado y quién no? Lo decidirá el Gobierno. Y, ojo, no podremos quejarnos de sus decisiones arbitrarias porque la que primero aplaudimos (al considerarla justa, con toda la carga moral y epistemológica que ese término conlleva) fue igualmente arbitraria.

Aun cuando nos pareciera bien. Que seguro que hay por ahí personas que dicen que un defraudador, uno de esos que antes llamaban “ladrones de guante blanco”, está perfectamente rehabilitado y no debería entrar en prisión. Y estaría en su derecho de pensarlo, porque el relativismo moral puede estar feo y quedar mal puesto negro sobre blanco, pero aun no es (afortunadamente) un delito, porque pensar libremente  sigue siendo (quiero creer) una actividad legal. El problema es si eso lo considera un Gobierno que puede actuar discrecionalmente concediendo tal exención. Si moralmente está facultado a ello, qué menos que tenga limitaciones efectivas. Todas, a ser posibles.

Así que, desde mi punto de vista, indultos ninguno. ¿Es adecuado que el protagonista de nuestro ejemplo vaya a estar encerrado? Aparentemente (sin entrar en el estudio profundo del caso, que quizá, solo quizá, no es el momento ni el lugar… y además nadie se ha parado a hacerlo), aparentemente, decía, no. Para que no sigan sucediendo estas incoherencias el legislativo y el judicial tienen en sus manos diversas herramientas que podrían cambiar tal realidad. Pero, por favor, que no sea el Ejecutivo, el Gobierno, el que pueda hacer estas cosas. Porque es un reducto de tiempos pasados que está condenado a crear situaciones, a la larga, extremadamente injustas.Porque quizá no somos conscientes del enorme poder que se está arrogando.