El Ayuntamiento de Torrelavega está dispuesto a apurar todas sus opciones para impedir que el Gobierno de Cantabria reduzca su aportación en la ciudad dentro de la convocatoria de empleo de las corporaciones locales para el año 2015. El equipo liderado por Lidia Ruiz Salmón (PSOE) y Pedro García Carmona (PRC) había solicitado una ayuda destinada a contratar a 240 personas en paro, que tras la resolución del Ejecutivo autonómico ha quedado cifrada en 152, en una decisión que la alcaldesa ha tachado de “injusta, discriminatoria y arbitraria”. Así, el planteamiento pasa por recurrir para denunciar lo que consideran un agravio.
Según confirman a eldiario.es Cantabria desde el Consistorio, este jueves se celebrará una Junta de Portavoces a partir de las 12.30 horas para diseñar la estrategia y buscar una postura conjunta de todos los grupos. Mientras, los técnicos de Recursos Humanos, Secretaría e Intervención están elaborando un recurso para exigir la rectificación al departamento que dirige Cristina Mazas. Se plantean impugnar todo el proceso.
Se trata de una subvención solicitada al Gobierno de Cantabria que cuenta con la financiación, en un cincuenta por ciento, por el Fondo Social Europeo. De esta manera, y tal y como anunció a principios del mes de enero el Ayuntamiento de Torrelavega, se presentó a la convocatoria un proyecto cuyo coste total ascendía a 1.767.739 euros, en los que el municipio colabora con mas de 390.000. Finalmente, tras la revisión de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se contratará a 152 personas de las 240 previstas inicialmente, un 62% del máximo permitido por ley.
Además, Lidia Ruiz Salmón ha reiterado su protesta por el mandato del Gobierno de Cantabria en pleno proceso de inscripción, más teniendo en cuenta la situación económica y laboral que vive la comarca del Besaya, con varios conflictos abiertos como el que afecta a los trabajadores de la factoría Sniace. En el primer periodo, que comienza el 15 de febrero, Torrelavega contratará a 144 parados, mientras que la cifra para el segundo tramo que comienza en agosto se reduce a ocho desempleados.
Con estas contrataciones se van a reforzar servicios municipales como la Biblioteca o el Instituto Municipal de Deportes, Limpieza Viaria y Movilidad, Servicios Sociales, la Agencia de Desarrollo Local, el Mercado Nacional de Ganados y el Servicio de Obras y Mantenimiento. Sin embargo, donde se han puesto reparos ha sido en el Centro Especial de Empleo SERCA.
Este mismo miércoles, la Asamblea Ciudadana por Torrelavega (ACPT) ha denunciado que el Gobierno de Cantabria ha “desechado” un proyecto para este organismo municipal, en el que se pensaba contratar a 37 personas y que, según este grupo, es uno de los departamentos “más necesitados” de personal debido a que leyes como la de los Presupuestos Generales del Estado están mermando su plantilla, poniendo en riesgo su continuidad por falta de personal.
Ilegalidad y desventajaLa polémica por esta convocatoria de empleo en las corporaciones locales va más allá y podría salpicar a otros municipios. Tanto ACPT como PSOE y PRC, que comparten las tareas de Gobierno en el Ayuntamiento de Torrelavega, denuncian una “discriminación” para los parados de la ciudad al no puntuar el hecho de estar empadronado en la localidad, como sí hacen otras corporaciones.
Iván Martínez, el portavoz de la formación vecinal, ha denunciado que los parados de Torrelavega están en desventaja frente a otros para acceder al empleo público en varios ayuntamientos de Cantabria que introducen criterios “discriminatorios” en las bases de acceso a puestos de trabajo de la convocatoria de corporaciones locales.
El edil ha explicado en rueda de prensa que en otros ayuntamientos se puntúa en el proceso de selección por el mero hecho de estar empadronado, como es el caso de Santander (2 puntos), Camargo (5 puntos), Astillero (8 puntos) o Piélagos (10 puntos). Y ha subrayado que con este criterio se vulnera la Constitución y el Estatuto del Empleado Público. Una supuesta ilegalidad que ACPT apoya con sentencias del Tribunal Supremo, que defienden que el empadronamiento como requisito y como mérito carece de una justificación objetiva y razonable.
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