UGT reclama un grupo de trabajo sobre la situación de las plantillas de las empresas públicas del Gobierno

UGT ha solicitado este martes al Consejo de Seguimiento de la Actividad de los Entes del Sector Público Institucional Autonómico un grupo de trabajo para elaborar un informe específico sobre la situación actual de las plantillas y las relaciones laborales en las diferentes empresas y entes públicos del Gobierno de Cantabria.

Para el sindicato, “no solo se trata de presentar un informe sobre la visión financiera y el control del gasto público, también es más que necesario uno sobre la realidad de las relaciones laborales de cada una de estas empresas y entes para tener una visión global y no sesgada del sector público empresarial y fundacional de Cantabria”.

Según ha señalado en nota de prensa, en el sector público empresarial y fundacional (SPEF) “son habituales las vacantes y permisos sin cubrir, amortización de puestos, la elevada temporalidad de los empleos que está fomentando el fraude en la contratación y la externalización de servicios”, por lo que cree ve evidente que “parte del control del gasto se está realizando a costa de las plantillas”.

En este sentido, UGT ha destacado la “progresiva precarización” de las plantillas del sector público empresarial y fundacional, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico una política común de recursos humanos basada en el empleo estable, la transparencia y la igualdad en el acceso.

El sindicato considera “especialmente contradictorio” que “se recorten o no se cubran puestos esenciales mientras se crean o cubren puestos directivos con retribuciones superiores a los 60.000 euros anuales”.

Además, ha alertado de la “elevada temporalidad” existente en parte del sector y ha indicado que “sus prácticas de contratación ya han sido cuestionadas por los Tribunales y la Inspección de Trabajo”.

A juicio del sindicato, la ley de 2021 de estabilización del empleo temporal supuso “una oportunidad que no se aprovechó suficientemente” para solucionar las situaciones de temporalidad estructural.

Así, UGT cree que el sector público empresarial y fundacional “no puede ser un espacio de segunda en materia de empleo público, quienes trabajan en estas entidades tienen derecho a estabilidad, condiciones laborales dignas y negociación colectiva, y la ciudadanía tiene derecho a unos servicios públicos de calidad prestados por unos recursos humanos adecuados”.