Un año después de la entrada en vigor de la Ley LGTBI de Cantabria: ¿Qué ha cambiado para el colectivo?

Acaba de cumplirse el primer aniversario de la Ley LGTBI de Cantabria. Esta norma, que tardó cuatro años en conseguir el consenso suficiente como para salir adelante, ya nació rodeada de cierta discordia, puesto que el colectivo implicado, canalizado a través del activismo de la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (Alega) admitió que era “insuficiente”, además de matizar que se había hecho “una enmienda a la totalidad encubierta a través de enmiendas parciales” por parte de algunos partidos para modificar el espíritu original del texto tras su paso por la Cámara autonómica.

Ahora, una de las responsables de la creación de la norma y la misma que hizo esas declaraciones tras la aprobación de la ley, la activista Kiara Brambilla, recuerda con cierta pena ese proceso: “Me queda un recuerdo muy duro y desagradecido, e incluso cierta impotencia. Al final es un trabajo voluntario y altruista y creo que la burbuja política no estuvo a la altura de lo que la demanda social exigía”, indica.

Por su parte, Javier Igareda, portavoz actual de Alega, reconoce que, “aunque se quedaron cosillas por el camino”, la puesta en marcha de esta ley constituyó “una base para actuar y crecer en libertades”. “Todos los años tenemos muchísimas llamadas de centros educativos para dar charlas, pero este año ha habido aún más demanda, y quiero pensar que es por la ley porque muchas veces los institutos andan con cierto miedo... Al final, no es lo mismo dar una charla de medio ambiente que dar una charla LGTBI, y esta norma ampara estas visitas al ámbito educativo”, asevera el portavoz de la asociación.

No obstante, y pese a que Brambilla considera que es una ley “de postureo social”, admite que esta ha convertido a ciertos derechos en “incuestionables”: “Gracias a esta norma están prohibidas las terapias de aversión. Nosotras sabemos que se hacen en Cantabria, aunque no sean fáciles de detectar, y ahora, al mínimo indicio, como están prohibidas, se pueden atacar”, ejemplifica. Asimismo, el próximo objetivo de la activista es la nueva Ley LGTBI que habrá en España: “Tenemos confianza en la Ley a nivel estatal porque quizá ella empuje un poco a la autonómica”, afirma.

Y precisamente esta futura normativa también resulta importante para Igareda, quien sostiene que esta “complementará” a la de rango autonómico: “Lo que tenemos aquí son 50 artículos, y ya se están desarrollando algunos, pero es muy raro que una norma se desarrolle completamente en solo un año, sobre todo porque, en Alega, y de forma interna, nos hacen falta más manos para poder llegar a más sitios”, declara.

El dictamen, que siempre tuvo por objetivo “dar el reconocimiento a todas las personas como libres e iguales en dignidad y derechos con independencia de su orientación sexual o identidad de género”, tenía como uno de sus puntos clave la creación de un Consejo LGTBI para “reconocer al colectivo y contribuir a su visibilidad a través de campañas y acciones”. Este Consejo, que deberá constituirse en el próximo año (son dos desde la aprobación de la norma), aún no ha comenzado a desarrollarse, aunque tal y como adelanta el portavoz de Alega, ya han comenzado a hablar de él: “También tenemos reuniones con la directora general de Igualdad, Consuelo Gutiérrez, de forma habitual, y pronto daremos un curso para empleados públicos, además de poner un servicio en marcha para el colectivo”, destaca.

Respecto a ese curso de concienciación y trato que se dará a los funcionarios, Brambilla considera que ahí reside “el cambio más profundo para modificar la sociedad”. Sin embargo, recuerda con especial tristeza uno de los puntos de la norma que no consiguió que saliese adelante: “Cuando me impliqué en el proceso de la ley, para mí lo más importante eran los niños y las niñas trans porque son un colectivo vulnerable dentro de un colectivo vulnerable, por lo que tienen que que tener una protección extrema. Pues en el último momento se cambió todo el texto legal a través de las enmiendas, y así se quitaba el derecho del uso del baño 'sentido' de estos niños... Me puse en contacto con todos los grupos parlamentarios y me hicieron la promesa de que eso lo iban a cambiar para contemplar que los niños y niñas utilizasen el baño que les diese la gana en su colegio, pero eso nunca se llegó a modificar. Esa es mi espinita”, cuenta la expresidenta de Alega.

Sin embargo, ambos destacan que pese a que queda “mucho por hacer”, esta ley supuso un paso más en el reconocimiento de los derechos del colectivo, algo que, como advierte Igareda, podría estar en peligro en 2023 con la convocatoria electoral: “Todo lo que no hagamos ahora, a lo mejor no lo podemos hacer después de 2023, así que hay que afianzar estos derechos y apostar por todo lo que podamos conseguir, generar discursos, dar servicios... Esa es la meta”, concluye.