El Ayuntamiento de Santander pone ahora límites al teletrabajo de su personal y los sindicatos lo ven “precipitado”

La normalidad post COVID-19, pese al actual repunte de contagios, impera desde hace meses en España. Aunque el teletrabajo en muchos ámbitos ha llegado para quedarse a raíz de la pandemia, lo cierto es que la presencialidad en los centros laborales se ha recuperado desde hace tiempo, antes incluso que el fin de las restricciones y el adiós de las mascarillas en interiores.

Pese a ello, en el Ayuntamiento de Santander -como en otras administraciones públicas- parecen seguir anclados en otro tiempo, cuando la crisis sanitaria golpeó en marzo de 2020 por sorpresa y hubo que adaptarse en tiempo récord a un modelo de trabajo hasta entonces prácticamente desconocido: desde casa. Así, más de dos años después, la presencialidad brilla por su ausencia en buena parte del personal al servicio del Consistorio, lo que ralentiza trámites y dificulta el contacto y la prestación de algunos servicios al ciudadano.

Y ha sido ahora, en julio de 2022, cuando el Ayuntamiento ha decidido poner límites al teletrabajo de su personal, impulsando una regulación que no ha gustado a los sindicatos y que han tachado de “precipitada”. La realidad, según la instrucción que ha entrado en vigor el día 1 de este mes, es que los trabajadores tendrán que volver -salvo excepciones detalladas- a sus puestos de trabajo habituales, con la posibilidad de realizar una jornada telemática a la semana, siempre que sus funciones lo permitan y “previa autorización por el jefe del servicio correspondiente”.

Así todo, el Consistorio contempla priorizar el teletrabajo para las personas vulnerables al coronavirus, enmarcadas en los colectivos considerados de tal manera por las autoridades sanitarias, y para quienes tienen a su cargo menores de 14 años o personas mayores, dependientes o con discapacidad.

Incluso, la regulación establece dos excepciones para desarrollar trabajo telemático al 100%: “al personal que se catalogue por el servicio de prevención correspondiente como especialmente sensible por inmunodeficiencia o en tratamiento por cáncer, o los que así se determinen por la autoridad sanitaria en función de las recomendaciones que se establezcan por el servicio de Prevención en cada caso, y al personal que, habiendo sido diagnosticado como caso positivo por COVID-19, no se le haya reconocido la situación de Incapacidad Temporal, así como cuando el positivo por COVID-19 afecte a las personas menores o dependientes a su cargo”.

“Ni adecuada, ni oportuna, ni negociada”

Pese a todo ello, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, los que cuentan con representatividad en la Mesa General de asuntos comunes al personal funcionario y laboral del Consistorio, han denunciado que la medida no es “ni adecuada, ni oportuna, ni negociada” y es “de dudosa legalidad”.

Los representantes de los trabajadores consideran que “no tiene justificación a día de hoy, cuando estamos padeciendo la octava ola de la pandemia” y critican que el Ayuntamiento “va en contra de los criterios generales asumidos por la UE de fomentar el teletrabajo como medida para paliar la actual crisis económica y energética”.

Asimismo, los sindicatos argumentan que el Estado va a aprobar próximamente un decreto por el que se va a regular el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE) “de forma pormenorizada, contemplando, como modalidad general, la prestación mediante teletrabajo de un total de tres días cada semana, debiendo acudir presencialmente dos”.

Finalmente, cuestionan que el Ayuntamiento pretenda aplicar una Instrucción de la AGE dictada en septiembre de 2021 y que “no se llegó a aplicar”, y lamentan “la forma precipitada en la que ha entrado en vigor” esta norma, “sin dejar margen de adaptación a los diferentes Servicios Municipales, lo que afectará a su organización”.