Cantabria saca a consulta pública una modificación del decreto que regula los pisos turísticos

Cantabria ha sacado este jueves a consulta pública una modificación del decreto que regula los pisos turísticos en la comunidad. Con ella, el Gobierno pretende “adaptar la actual normativa incluyendo la incorporación de un trámite que permita el cambio en la titularidad de esta tipología de alojamientos, a la vez que se suprimen cargas innecesarias al ciudadano, ajenas a la esfera de la gestión de la red pública”.

Así lo recoge la convocatoria publicada este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) por parte de la Dirección General de Turismo, que da 10 días desde este viernes para presentar propuestas, las cuales deberán realizarse por escrito y se dirigirán al citado departamento del Ejecutivo autonómico, ubicado en la calle Albert Einstein, 4, primera planta, de Santander, pudiendo presentarse a través del Portal de Transparencia de Cantabria o en el Registro General de la Administración de la Comunidad.

La nueva regulación, según el Ejecutivo, pretende dotar de una mayor seguridad jurídica y transparencia la capacidad de las viviendas de uso turístico, fijando con claridad el número de plazas del alojamiento que vendrá determinado por el número autorizado de ocupantes indicado en la cédula de habitabilidad –en el caso de viviendas de cesión completa- , mientras que la capacidad de las viviendas de cesión compartida derivará de la diferencia entre el número autorizado de ocupantes y el número de personas que tengan residencia en la vivienda, según indicación del certificado municipal de convivencia. 

En relación con el cambio de titularidad de la explotación de la vivienda de uso turístico, la modificación del Decreto 225/2019, de 28 de noviembre, tiene por objeto contemplar esta posibilidad no regulada en el articulado de la actual normativa y evitar con ello tramitaciones adicionales en el Registro de Empresas Turísticas de Cantabria, agilizando de esta forma el servicio. 

Finalmente, la tercera modificación pretende actualizar la relación de requisitos del contenido de la declaración responsable incluidos en el apartado primero del artículo 5 de la actual normativa, excluyendo la obligatoriedad de justificar los estatutos o acuerdos adoptados por la Comunidad de Propietarios, en el caso de viviendas turísticas ubicadas en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, respecto a prohibiciones o restricciones del uso de estos inmuebles. Con esta adaptación, se tiene en cuenta el carácter privado de este aspecto, cuyas posibles divergencias deben ser resueltas en el orden jurisdiccional civil. En el caso de la modalidad de cesión compartida, la declaración responsable sí deberá incluir el certificado municipal de convivencia.

“La adaptación de la normativa busca una mayor transparencia en el caso de las capacidad de los alojamientos y facilitar los trámites a los propietarios suprimiendo cargas administrativas no necesarias para la defensa del interés público”, ha explicado López Marcano.

Antecedentes

Este decreto aprobado en 2019 dota de régimen jurídico propio a esta modalidad de alojamiento, garantizando la convivencia entre turistas y residentes, así como la calidad de los servicios turísticos, evitando intrusismo en el sector.

Con esta normativa el Gobierno amplíó la tipología del alquiler turístico a un nuevo modelo de economía colaborativa, estableciendo límites imprescindibles para garantizar las condiciones mínimas de orden público y, de este modo, la convivencia entre turistas y residentes, así como de seguridad ciudadana, para tener registros de los establecimientos y garantizar el control de los viajeros.

También promueve medidas de protección de los consumidores y de fomento del turismo de calidad, garantizando que la vivienda que se alquile cumpla los requisitos mínimos de habitabilidad y salubridad. En definitiva, la normativa busca la ordenación y control de las denominadas viviendas o pisos de uso turístico, así como establecer un censo de viviendas de uso turístico para eliminar la competencia desleal.

“El decreto acaba con el limbo legal en el que estaban las viviendas turísticas y que suponía una competencia desleal e ilegal para el resto de alojamientos que sí cumplen una normativa”, aseguró al entonces consejera de Turismo, Marina Lombó (PRC).